Imputan a asesores de Lousteau por enriquecimiento ilícito

Se trata de una causa abierta por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la que uno de los principales acusados es Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA y actual titular de la Unión Cívica Radical (UCR) porteña.

Además, las Fiscalía federal 5 imputó al ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José Luis Giusti, y al ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la FCE-UBA, Sergio Gastón Ricardo, pero el total de denunciados llegan a cuarenta. La denuncia se originó en una investigación periodística del programa Minuto Uno, de C5N, y los tres integrarían el equipo de asesores del ex candidato de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Eco de Martín Lousteau, recuerda hoy el sitio www.fiscales.gob.ar .

En su requerimiento de instrucción, el fiscal les imputó haber utilizado el alto cargo jerárquico que desempeñaban en la casa de estudios para realizar “numerosos negocios espurios” a partir del desvío de millonarias contrataciones entre el Hospital de Clínicas y diversas proveedoras de insumos y medicamentos de su propiedad. Para ello habrían contado con la complicidad clave de quienes sucesivamente se desempañaron al frente de la Dirección de Administración del hospital escuela dependiente de la UBA: Marcos Coy, Omar Quiroga y Leopoldo Bordoli, quienes habrían sido especialmente designados para cumplir ese rol.

La investigación preliminar de Procelac corroboró que la firma Medipack S.A., constituida por un cuñado del denunciado Sergio Ricardo, fue proveedora del Hospital de Clínicas desde el 9 de abril de 2009 hasta el 19 de marzo de 2014, a través de contrataciones y por un monto total de $11.229.168. Otra firma que habría participado de las maniobras sería American Salud S.A. fue proveedora del mismo hospital, con nueve contrataciones por $872.576.

Dentro del reglamento de la UBA, el secretario de Hacienda y Administración tiene la función clave de autorizar y aprobar todas las contrataciones de hasta $1.000.000, tanto de la Universidad como de los organismos que dependen de ella, como es el caso del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. La acusación llegaría hasta la administración infiel en caso de comprobarse la existencia de sobreprecios denunciada por la Procelac.