Amparo presentado por vecinos frenó la construcción de un edificio

El legislador con mandato cumplido, Rafael Gentili, acompañado de ocho vecinos del barrio porteño de Caseros que se enfrentan al gobierno de Mauricio Macri por la construcción de un edificio en la avenida Caseros 802. La contienda judicial se debe a la cantidad de pisos que tendrá el inmueble.

La problemática que se presenta responde a que el permiso original de obra era de siete pisos, y luego cambió a cinco. La empresa argumenta que este último cambio no los afecta porque ellos nunca paralizaron la obra. Por su parte, el gobierno porteño se mostró del lado de la constructora al argumentar que la empresa no puede verse perjudicada por la falta de inspecciones, ya que no era su responsabilidad. Por ese motivo el Ejecutivo de la Ciudad opina que hay que dejarlos construir los siete pisos.

Otro argumento del PRO y que en el Tribunal 21 rechazan es que el amparo no puede aplicarse y que no pueden presentarlo quienes no se vean afectados directamente. Pero el fallo del tribunal dictaminó que si se aplica el amparo y festeja que personas que no se vean involucradas de forma directa se involucren en un conflicto por un interés superior.

Otra explicación de los magistrados fue que la zona donde se ubica el edificio es una zona de amortiguación del Área de Protección Histórica (APH). Y agregaron que en la Constitución de la Ciudad se obliga al gobierno porteño a cuidar el patrimonio de una manera amplia. Otro punto débil de la argumentación macrista y que la Justicia le contestó fue que ellos mismo indicaron que la parcela está dentro de la APH1, San Telmo.

Al argumento de la empresa constructora que indica que nunca pararon la obra, el tribunal respondió que sí estuvo paralizada. También afirman que los dueños tenían la obligación de presentar documentos de la obra en diferentes etapas de la construcción para validar sus permisos y nunca lo hicieron.

Sobre la falta de inspección se determinó que “el ejercicio de la competencia es obligatorio para la Administración”. Además, la corte tiene en sus manos un informe de septiembre de 2013, ya con el amparo presentado, que indica que la demolición había sido terminada hacía tiempo y que en el lote “sólo hay una garita con un vigilador de seguridad para evitar que se intruse o sea ocupado. Sin actividad”.

El fallo de la Justicia dice que el argumento del PRO es de “una lógica extraña” porque “las consecuencias que no quiere hacer recaer sobre el titular de la obra recaen sobre el colectivo de los ciudadanos”. Por último, dictaminaron que la constructora no pierde dinero sino “una expectativa de ganancia”., que bajo ningún concepto puede ser culpa de los vecinos ni del gobierno de la Ciudad. La firma “dejó transcurrir seis años desde que el permiso fue concedido sin dar comienzo efectivo a la construcción de la obra propuesta en 2008”, indicaron en el fallo.

“Haciendo lugar a la acción de amparo impetrada. En consecuencia, ordenando al GCBA y a Apremer S.A. que viabilicen los mecanismos necesarios a fin de readecuar el proyecto de obra para el inmueble de la Av. Caseros 802 a la normativa vigente”, concluyó el fallo.