#Tucumanazo

Debemos preocuparnos. La violencia vuelve a emerger en los procesos electorales de Argentina. Faltando dos meses para las elecciones presidenciales y de la provincia de Buenos Aires, es un dato que merece nuestra atención, sin sobreactuaciones que solo sirven para enrarecer el clima aún más. El sistema político está encapsulado en una pelea sin cuartel por el botín de la República. Los que están se aferran al poder y utilizan todos los instrumentos a su alcance (legales e ilegales) para perpetuarse y, cuando no pueden, garantizarse impunidad para su salida. Los que quieren reemplazarlo hacen todo lo posible para crear un clima generalizado de inestabilidad política, utilizando los recursos a su alcance, principalmente, la mentira y la tergiversación. Cuando se está metido ahí adentro es difícil sustraerse a este combate, casi diario. Cada movimiento del adversario es descodificado en clave de guerra y las posibles respuestas también. Si este clima no se ha extendido es porque aún prevalecen bolsones de sensatez dentro del sistema político y de los diferentes factores de poder; y principalmente, porque la mayoría de la sociedad no se ha sumado a esta locura que, por momentos, luce desenfrenada. El caso de Tucumán es un buen ejemplo. De un lado, un gobierno que exacerba todos los dispositivos de los sistemas políticos clientelares y amaña a su medida el sistema electoral con el único propósito de seguir gobernando, reprime manifestaciones (como la del lunes pasado), encarcela dirigentes políticos y sociales que lo cuestionan, como es el caso de la detención de los militantes del PO detenidos el domingo y que, al momento de escribir esta columna, permanecen arbitrariamente detenidos. Del otro lado, una oposición que se vale de esos mismos dispositivos clientelares para ganar y, cuando no lo logra, usa las irregularidades e ilícitos (propios y ajenos) para crear un clima de inestabilidad política, valiéndose para ello de la complicidad de ciertos actores nacionales con intereses explícitos en acabar con cualquier forma de continuidad del gobierno nacional de turno. Porque vamos a decirlo con claridad: los bolsones de comida a cambio del voto, la quema de urnas, las actas fraguadas, el intento de introducir votos mientras se desarrollaba el escrutinio definitivo, son todos hechos despreciables y condenables. Y sin dudas, debemos seguir trabajando para generar un amplio consenso ciudadano y político, a lo ancho y largo del país, para desterrarlos definitivamente, para lo cual la reforma de los sistemas de votación es un paso importante aunque para nada suficiente. Con otro sistema de votación (por ejemplo, la boleta única por categoría que rige en Santa Fe) podría darse que en la provincia de Buenos Aires gané un candidato a gobernador de una fuerza distinta a la que gane la presidencia de la Nación, lo cual sería un hecho muy saludable para el país. Aun así, estaríamos muy lejos de acabar con las prácticas clientelares de compra de votos que se asientan en realidades sociales complejas, muy bien descritas y analizadas en los trabajos de Javier Auyero. Volviendo, lo que es increíble es que el Acuerdo para el Bicentenario de José Cano, que estuvo involucrado en prácticas clientelares y ha sido responsable de la quema de algunas urnas (como él mismo reconoció), pretenda erigirse en un defensor de los principios republicanos de transparencia y generar, a partir de allí una crisis institucional de alcance provincial y también nacional, por el simple hecho de que perdieron la elección. Así las cosas, los que no renunciamos al recurso de la sensatez en este desquicio en que por momentos nos encontramos envueltos, no podemos perder de vista que lo de José Alperovich-Juan Manzur es impresentable. Y lo de José Cano, también. Por otra parte, el cobarde asesinato del Ariel Velázquez, militante radical en la provincia de Jujuy, cuya autoría es atribuida a partidarios de Milagro Sala, se inscribe también en esta disputa encarnizada y, por momentos, descontrolada, por el poder. Que debemos condenar y, principalmente, evitar que se repita y extienda. Si algo ha caracterizado al sistema político argentino desde la recuperación de la democracia en 1983 ha sido su capacidad para generar los consensos necesarios para un superación pacífica de intentos desestabilizadores (1987) y de graves crisis institucionales (1989, 2001). Esperemos y trabajemos, como militantes y ciudadanos, para que esa capacidad no se pierda. Ese sería nuestro mejor Tucumanazo.