Ni Justicia

"Yo voy a ser el primero en exigirle a la Justicia que actúe en forma independiente. Que no haya impunidad ni con mi gobierno ni con el pasado. Que entendamos que uno no puede concentrar el poder", prometió Mauricio Macri, en la etapa final de la campaña que lo puede consagrar como presidente de la Nación. Futurología, aquí no van a encontrar. Sí un repaso por cuál fue la relación del procesado jefe de Gobierno con el Poder Judicial porteño en estos ocho años de mandato: ataques a jueces por fallos en contra, designación de cortesanos obsecuentes y un jefe de los fiscales militante son algunos de los ingredientes del menú. No es lo que va a pasar si gana Macri. Es lo que ya ocurrió.

Si gana el ballottage, Macri tendrá dos cargos en la Corte Suprema para los que deberá proponer candidatos. Sin especular sobre lo que hará, revisemos qué es lo que ya hizo. En 2009 Julio Maier decidió dejar su cargo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que es el equivalente en la Ciudad a la Corte. Macri inició, entonces, el proceso para nombrar un nuevo juez y propuso a la fiscal de Cámara Daniela Bruna Ugolini, quien siempre dictaminaba a favor de su Gobierno. Ugolini generó una fuerte resistencia no sólo por evidente su aval a las medidas que tomaba Macri, sino por su rechazo a los derechos a la vivienda, la salud, la educación y un largo etcétera. Pese a que no tenía consenso en la Legislatura porteña, Macri mantuvo su postulación durante un año.

En el medio, tres fallos distintos objetaron irregularidades en el proceso de selección y escrutinio público del candidato al tribunal, que era similar al que Néstor Kirchner había instituido para los jueces de la Corte en 2003: un proceso público de contraste de los antecedentes de candidatos e impugnaciones antes de que llegara al Parlamento. Macri respondió aboliendo ese procedimiento de transparencia. Y llevó el caso ante el TSJ como un “conflicto de poderes”. En ese momento, los jueces Andrés Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler denunciaron que era un intento de amedrentamiento. El TSJ falló a favor de Macri en lo que fue el comienzo de una hermosa amistad, que se consolidó cuando Macri finalmente logró nombrar a la jueza Inés Weinberg de Roca frente a la Corte porteña. A partir de ese momento, se aseguró una serie de fallos favorables en la máxima instancia porteña.

Tres fallos distintos objetaron irregularidades en el proceso de selección y escrutinio público del candidato al tribunal, que era similar al que Néstor Kirchner había instituido para los jueces de la Corte en 2003: un proceso público de contraste de los antecedentes de candidatos e impugnaciones antes de que llegara al Parlamento. Macri respondió aboliendo ese procedimiento de transparencia.

Pero esto no era suficiente. Macri también hizo un acuerdo con el kirchnerismo y con Elisa Carrió para repartirse los lugares del Ministerio Público. El equivalente de la procuración -de la que ahora Macri quiere echar a Alejandra Gils Carbó- es en la Ciudad la fiscalía general. El primer fiscal general que designó fue el macrista Germán Garavano. Hay que decir hoy que era un macrista light, al lado de su sucesor, Martín Ocampo. Hombre de Daniel “El Tano” Angelici, el actual jefe de los fiscales fue cuestionado por diversas ONGs como Poder Ciudadano, ACIJ, ACD, FEIM y el Directorio Legislativo. Argumentaban que carecía de antecedentes para ocupar ese cargo y el único mérito parecía ser su grado de obsecuencia hacia Macri. No contento con esto, el PRO también consiguió ocupar la Asesoría Tutelar, que venía denunciando al macrismo por los desalojos. En ese lugar ahora está Yael Bendel, quien antes era funcionaria y cercana a María Eugenia Vidal. Hasta aquí, de la independencia del Poder Judicial vemos poco.

No obstante, los conflictos con los jueces de primera instancia seguían durante los primeros años de su mandato. Y llegaron al punto de que recusaron al juez Gallardo en las 700 causas en las que intervenía, una maniobra nunca vista en la historia del Poder Judicial. Este tipo de ataques a los jueces tuvieron también su correlato legislativo. Así como el Gobierno nacional intentó varias reformas sobre el Poder Judicial que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, el macrismo tuvo su capítulo porteño. Un proyecto de ley para que el Estado pudiera recusar a un juez sin dar explicaciones naufragó en los primeros años del gobierno de Macri. Lo mismo ocurrió con otro que buscaba limitar los amparos. En cambio tuvieron éxito en dos iniciativas: sin que llamara la atención, consiguieron un cambio de mayorías en el Consejo de la Magistratura porteño que facilita la remoción de jueces. Fue en diciembre de 2013. Pasaron de una mayoría de 6 de 9 a una de cinco. Ese mecanismo lo pusieron en práctica cuando intentaron hacerle juicio político al camarista en lo penal y contravencional Sergio Delgado, una iniciativa que fue motorizada por el operador judicial del PRO Daniel Angelici, quien ahora camina los tribunales federales. Entre los argumentos de la acusación sostenían que “no seguía la jurisprudencia del TSJ”, es decir, que tenía un criterio propio. La iniciativa era tan burda que finalmente no lograron reunir ni la nueva mayoría, pero el caso quedó como un antecedente para todos los jueces díscolos. La segunda reforma que lograron pasar fue la ampliación del fuero contencioso administrativo, con lo cual sumaron 15 nuevos jueces y lograron que las posibilidades de que le caiga una causa a un juez amigo se multipliquen. Entre los postulantes para entrar a esos juzgados estuvo el ex director de Habilitaciones y Permisos porteño, Martín Farrell. Otra muestra de independencia judicial: un funcionario macrista que pasaba sin escalas a ser juez. ¿Qué lo impidió? Que Farrell había tenido que dejar su cargo por el derrumbe del boliche Beara, en el que murieron dos jóvenes, y finalmente fue indagado en la causa en la que se investiga su responsabilidad. Hasta último momento, no obstante, los macristas avanzaban con su designación, que quedó trunca.

Quien sí pudo hacer la transición de funcionario PRO a juez fue Juan Corvalán, ex director de Legal y Técnica del Ministerio de Salud porteña, que forma parte de la nueva camada de jueces. Este salto del Ejecutivo al Poder Judicial –que los macristas critican a nivel nacional- llevó a situaciones insólitas, como que le tocara intervenir en causas en las que había formado parte como funcionario poco tiempo antes. Otro de los nuevos jueces es el radical PRO Marcelo López Alfonsín. Fue presidente de la Administración de Parques Nacionales cuando Hernán Lombardi cuando era secretario de Turismo de la Alianza e intervenía en ese área. No sólo comparten trayectoria sino prontuario: ambos fueron acusados de supuesto peculado por la compra frustrada de un terreno para hacer un Parque Nacional en 2000 que perjudicó al erario público en un millón 450 mil dólares. Ambos ex funcionarios habían sido beneficiados por la prescripción en 2013, pero la Sala IV de la Cámara de Casación anuló esa medida y ordenó que se los siga investigando.

El panorama de la colonización del Poder Judicial porteño por parte del macrismo se completa con un realineamiento de las Salas de la Cámara de apelaciones que, en la práctica, funciona como una red que atrapa todos los fallos adversos. En la Sala 1, construyen una mayoría con los camaristas Mariana Diaz y el subrogante Fernando Lima, con la disidencia en diversos casos de Fabiana Schafrik. En la Sala II, tienen también a Lima y a Esteban Centanaro, con la habitual disidencia de Mabel Daniele. La Sala III es la única que todavía se les escapa a veces, dado que en ocasiones les fallan en contra Hugo Zuleta y Gabriela Seijas (esta última suele disentir con el PRO en aquellas cuestiones vinculadas a las libertades individuales). El tercero es Centanaro.

Este pequeño panorama no muestra cómo se comportará Macri si llega a la presidencia. Señala, simplemente, lo que ya hizo con el Poder Judicial como jefe de Gobierno.