El federalista: la agenda de la autonomía plena

Uno de los datos sobresalientes de la nueva realidad política post electoral es que el trípode Nación-Ciudad-Provincia de Buenos Aires estará gobernado por la misma fuerza política. Es de esperar entonces que se puedan avanzar en los temas que están pendientes y que hacen a un mejor gobierno de la región metropolitana. Uno de ellos tiene que ver con darle espesor a la dimensión provincial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos un Jefe de Gobierno que se parezca más a un gobernador que a un intendente. Para eso, es central completar la transferencia de competencias de Nación a Ciudad en las áreas que aun no fueron transferidas. Porque vamos a decirlo claramente: a los unitarios les gusta mudarse y atender en Buenos Aires pero los unitarios no somos los porteños.

Déjenme entonces hacer un breve repaso de cada uno de ellos.

Traspaso de la Policía Federal. Se trata del punto más conflictivo de la relación Nación-Ciudad en los últimos 8 años. El tema que ambos gobiernos han elegido para competir y tirarse con munición gruesa. Esto se acabo. Ahora, el amarillo es el color distintivo de ambos gobiernos. Por lo tanto, no hay razones para que no se pongan de acuerdo para avanzar en un tema que ha sido su reclamo histórico: el traspaso de la Policía Federal (concretamente, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que es el área encargada de velar por la seguridad en territorio porteño) a la órbita porteña.

La creación de la Policía Metropolitana, con una estructura funcional y un régimen laboral bastantes diferentes, y sueldos atados al salario de los jueces de segunda instancia de la Justicia local, se transformó en un escollo para el traspaso.

Es cierto, la creación de la Policía Metropolitana, con una estructura funcional y un régimen laboral bastantes diferentes, y sueldos atados al salario de los jueces de segunda instancia de la Justicia local, se transformó en un escollo para el traspaso. Básicamente, ya no alcanza con que la Nación transfiera a la Ciudad las partidas presupuestarias correspondientes de la Policía Federal, garantizando su actualización anual, sino que también hay que financiar la equiparación salarial entre los agentes de ambas fuerzas, obligación que debería recaer sobre el presupuesto porteño. Se trata de una suma importante. Me atrevería a arriesgar que es igual o mayor a lo que hoy le cuesta a la Ciudad la gestión de la Policía Metropolitana.

Traspaso de la Justicia Nacional ordinaria. Bien entrado el siglo 21 es conceptualmente inconcebible que quienes ejercen la magistratura en asuntos de familia, comerciales, laborales, civiles o criminales en la Ciudad de Buenos Aires sean seleccionados y elegidos por el Consejo de la Magistratura y el Congreso nacionales en donde la representación de los porteños está diluida, en vez de ser electos por los mecanismos institucionales previstos por la Constitución porteña, con exclusiva intervención de representantes electos por la ciudadanía local. Como sucede en el resto de las provincias argentinas. No hay ninguna razón de preservación de los intereses de la Nación que justifique este desquicio, heredero del cerrojo que la “ley Cafiero” puso al proceso de autonomía porteña.

En donde sí se podrían realizar profundos cambios es en el viejo sistema de administración de Justicia, escrito, lento y costoso, y, por sobre todo, muy alejado del ciudadano. 

Hasta ahora se ha avanzado en el traspaso de algunas competencias penales aunque la tercera etapa no se llevó a cabo por el enfrentamiento político entre ambos gobiernos y la negativa del gobierno nacional a hacer efectiva la transferencia de los recursos que debía haber transferido de las dos etapas anteriores. En las otras áreas de la Justicia ordinaria no se ha avanzado en nada, aunque hay muchos proyectos al respecto.

Desde ya, el traspaso en nada garantiza que tengamos mejores jueces, pero al menos habrá mayor cercanía con quienes tienen que elegirlos y juzgarlos por alguna inconducta, como sucedió con la jueza Rosa Elsa Parrilli. Pero en donde sí se podrían realizar profundos cambios es en el viejo sistema de administración de Justicia, escrito, lento y costoso, y, por sobre todo, muy alejado del ciudadano. Ni siquiera podemos avanzar en la implementación efectiva del juicio por jurados ni en la creación de juzgados de menor cuantía.

Mientras gobernaba la Ciudad, Mauricio Macri reclamaba el traspaso de estas competencias judiciales. Habrá que ver si mantiene esta palabra desde la Casa Rosada o sólo era parte de su estrategia de polarización con el gobierno kirchnerista.

Obviamente, el traspaso tiene que efectivizarse con los recursos correspondientes, garantizando su actualización automática año tras año, tal como establece la Constitución nacional. Al mismo tiempo, se les tiene que garantizar a los jueces, funcionarios y empleados actuales de la Justicia nacional, sus derechos laborales, como dice la Constitución porteña.

No se nos escapa que el primer punto ha sido y es el nudo del conflicto, ya que los representantes de muchas provincias se resisten a transferir dinero a la Ciudad. Aunque sea un argumento poco sólido (de hecho, la Nación ya gasta ese dinero y lo va a seguir gastando y haciéndose cargo indefinidamente de las nuevas necesidades que surjan mientras no lleve a cabo la transferencia) suele ser efectivo para bloquear la discusión. Y con ello el verdadero conflicto que se esconde detrás: la coparticipación federal.

Encarar este tema es no solo un acto de equiparación de los derechos de los ciudadanos porteños con los de los ciudadanos del resto del país sino también empezar a desatar el nudo unitarista que muchos gobernadores provinciales -con el aval interesado de la Nación- no dejan de atar y atar con todas sus fuerzas, desde hace muchísimos años.

Por eso, encarar este tema es no solo un acto de equiparación de los derechos de los ciudadanos porteños con los de los ciudadanos del resto del país sino también empezar a desatar el nudo unitarista que muchos gobernadores provinciales -con el aval interesado de la Nación- no dejan de atar y atar con todas sus fuerzas, desde hace muchísimos años: el manejo discrecional que el gobierno nacional hace a su favor de recursos que deberían ser distribuidos “contemplando criterios objetivos de reparto”, dando “prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional” (artículo 75, inciso 2 de la Constitución nacional). Que no haya un reparto transparente y equilibrado (en el que, sin dudas, las provincias estructuralmente más pobres deberían recibir proporcionalmente más dinero que las más ricas) de los recursos que son de todos los argentinos es lo que garantiza que esta país se siga manejando, en muchos aspectos importantes, desde la Casa Rosada.

Transferencia del Puerto. Símbolo de la pelea entre unitarios y federales, el puerto porteño es hoy el único puerto del país que no es manejado por las autoridades provinciales con jurisdicción sobre sus costas, sino por el gobierno nacional. De esta manera, los porteños nos vemos privados de discutir y definir qué hacer con esa parte importante de nuestra rivera. Incluso debatir si queremos seguir teniendo esa actividad económica en nuestro territorio tal cual hoy se desarrolla. Acá la cuestión presupuestaria no tiene demasiada incidencia en la discusión. Lo central es quién administra este suculento negocio. Asunto que quedaría zanjado siendo los dos gobiernos del mismo color político. Avanzar en este traspaso es central para redefinir el comercio interurbano de cargas, redimensionando los puertos de Zárate y La Plata. Y también para resolver cuestiones urbanísticas de suma importancia para la Ciudad. Solo para poner un ejemplo: la autopista ribereña no sería necesaria tal como está planteada, si la actividad portuaria se redujera considerablemente.

Las tres transferencias reseñadas son las más relevantes a los fines que señalábamos al principio. Pero no son las únicas. También hay que instrumentar la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (encargada del registro de todas las empresas y asociaciones civiles con asiento en la Ciudad) aunque en este caso hay algunos aspectos que justificarían que pudiera seguir existiendo un registro nacional.

Símbolo de la pelea entre unitarios y federales, el puerto porteño es hoy el único puerto del país que no es manejado por las autoridades provinciales con jurisdicción sobre sus costas, sino por el gobierno nacional. De esta manera, los porteños nos vemos privados de discutir y definir qué hacer con esa parte importante de nuestra rivera. Incluso debatir si queremos seguir teniendo esa actividad económica en nuestro territorio tal cual hoy se desarrolla. 

Por último, está la transferencia de la competencia para controlar el juego, que tiene relevancia presupuestaria pero más la tiene por su relevancia política y social: básicamente nos priva a los porteños de poder decidir si queremos realmente que esta actividad se realice en nuestro territorio.

A días de asumir el nuevo gobierno nacional, parido de vientre porteño, nos pareció oportuno recordar la agenda de la autonomía porteña plena, con sus principales nudos problemáticos. Si realmente hay voluntad política de avanzar en estos temas, hay que hacerlo desde el comienzo con una hoja de ruta clara y pública. No vaya a ser cosa que le tomen el gusto a manejarnos la vida desde el unitarista sillón de Rivadavia.