Un amparo inesperado para la ex fábrica Hüser

El caso de la ex fábrica Hüser en el barrio de Monte Castro, acaba de merecer un inédito fallo de la justicia porteña al que tuvo acceso Página 12. Ante un amparo de una vecina, el Tribunal 3 acaba de condenar al Gobierno de la Ciudad a cumplir la ley y entregar información sobre la megaobra que le había autorizado a la firma TGLT.
 
La historia arranca en 2014, cuando los vecinos vieron alzarse unas gigantografías de venta anticipada en la cuadra de Mercedes entre Arregui y Santo Tomé. La sorpresa fue grande, porque el barrio de Monte Castro es más de planta baja y está zonificado para construir hasta cuatro pisos. Sin embargo, la firma TGLT prometía torres de altura en un terreno de 91 metros de ancho y 52 de profundidad en su lado más largo.
 
El lugar elegido era la ex fábrica de vinagres Hüser, cerrada hace años, más un galpón lindero sobre la calle Santo Tomé. En 2012, el edificio fue colocado en el catálogo preventivo por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales (CAAP). Por lo tanto TGLT tuvo que conservar el edificio. Los vecinos se preocuparon por las consecuencias que les traería esta construcción.
 
En diciembre de 2014 la vecina Cynthia Berenguer se dirigió a la Dirección General de Interpretación Urbanística y pidió información sobre el proyecto. La vecina preguntó si se habían hecho los estudios de impacto ambiental, si TGLT había planificado obras de infraestructura para no afectar a los vecinos, quién financiaba la obra y si se había respetado la protección patrimonial del lugar.
 
El gobierno porteño no contestó. Entonces, Berenguer y el comunero del FpV Leonardo Farías presentaron un amparo pidiendo que se paralizara toda obra hasta que la Ciudad no contestara el pedido de información de la vecina.
 
Como recapitula el fallo del Juzgado 3, ante el pedido de amparo el Gobierno de la Ciudad se apresuró a mandarle una respuesta a Berenguer. La DGIUR responde con evasivas, diciendo que no es con ellos lo del estudio ambiental sino con la Agencia de Protección Ambiental, que ellos no preguntan quién financia los proyectos, que ellos no tienen competencia sobre obras de infraestructura alguna y que básicamente no sabían si se iba a demoler patrimonio histórico, pero que no les constaba.
 
Los jueces destacan que esta respuesta “imprecisa, vaga y parcial”, que “se limita únicamente a informar cuáles son los órganos competentes para informar”, fue obtenida casi por la fuerza, por intervención judicial. 
 
Con lo que el juzgado hace lugar al amparo de Berenguer, le da el plazo perentorio de diez días hábiles para que le “brinde información completa, veraz y adecuada” y le impone las costas a la Ciudad.