Una pequeña casa amarilla en una pradera

Había una vez unos terrenos verdes, por momentos con pastizales, en las cuadras cercanas al estadio de Boca Juniors, lindantes con Catalinas Sur, en el Barrio de La Boca. Cerca de esos terrenos había una pequeña Casa Amarilla, que –se decía- había pertenecido a un almirante irlandés apellidado Brown. Los sabios de la aldea habían decidido, luego de mucho discutir, que allí se construyeran casas para quienes no tenían un techo propio. Pero fuerzas invisibles estaban en marcha. Con el paso del tiempo, se sucedieron las casualidades permanentes: el presidente de Boca llegó a jefe de Gobierno, la construcción de las viviendas se demoraron, pese a que había una ley y fallos judiciales que le ordenaban cumplirla, empezaron los guiños al club para que se quedaran con los terrenos, hubo escándalo, se construyeron algunas viviendas (el 10 por ciento de lo que se había planificado) y el resto, como por arte de magia, fue a una licitación en la que el único que se presentó fue Boca Juniors. Y, ¡abracadabra! los terrenos ahora son de Boca.

Viajemos en el tiempo hasta 1981. En ese año, los terrenos de Casa Amarilla pasaron a la Ciudad de Buenos Aires. A comienzos de los noventa, el intendente Carlos Grosso –cercano a la familia Macri- hizo el primer negocio con Boca: le cedió una parte de los terrenos al club y otra a Almagro Construcciones. Años más tarde, durante las gestiones de Fernando de la Rúa y de Aníbal Ibarra, la Legislatura votó una ley por la que el resto de los terrenos debían destinarse a viviendas sociales. Se proyectaron 4000 viviendas. Retengan ese número: 4000 viviendas, antes de que las manos del mago lo reduzcan a un 10 por ciento de lo prometido.

Por esa época, Macri ya era presidente de Boca. El entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra recuerda que le mandó una carta en la que le pedía esos terrenos. En 2008, el líder del PRO asumió como jefe de Gobierno y, por supuesto, la construcción de las viviendas no avanzó.  El entonces titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Roberto Apelbaum, fue cuestionado en la Legislatura por esa demora. El legislador Facundo Di Filippo todavía recuerda cómo Apelbaum le mintió en la cara cuando le preguntó si habían recibido una oferta de Boca por los terrenos que, por ley, estaban destinados a viviendas sociales. “Todavía no”, contestó Apelbaum. Sin embargo, unas pocas semanas antes el IVC había recibido una carta de Boca donde solicitaba que le vendieran esos terrenos. La respuesta del IVC fue todavía más sugestiva: les informó de la existencia de la ley y de que se debían construir 1231 viviendas –ya no 4000- que ya estaban preadjudicadas. Sin embargo, pese a que había una norma que claramente le indicaba al IVC lo que tenía que hacer, el funcionario le respondió a Boca “sin perjuicio de lo expuesto, les informamos que la transferencia por ustedes solicitada podría ser atendida en forma parcial y a título oneroso, previa intervención legislativa que autorice la modificación del destino del inmueble”.

Desde ese año en adelante, el Gobierno porteño de Macri fue acumulando fallos en contra. El juez Andrés Gallardo les ordenó construir las viviendas y el macrismo se dedicó a apelar y a recusar al magistrado, pero perdió en todas las instancias. En 2009, otro juez, Fernando Lima, le impuso una multa a la gestión PRO por haber demorado “en forma maliciosa” el inicio de las obras. Allí fue cuando Macri resolvió cambiar la estrategia: construyó las viviendas, pero en una parte de los terrenos.

No fueron las 4000 originales, ni siquiera las 1231 que prometían en 2008, sino que se hicieron 438 viviendas. Eso fue todo.  La gran mayoría de esos departamentos todavía siguen sin habitantes y su ocupación fue fruto de controversias. Primero, porque el IVC tercerizó la decisión de quienes serían los dueños en una ONG, la Asociación Civil “Casa Amarilla”. El diario barrial Sur Capitalino reveló que en las adjudicaciones dispuestas con ese mecanismo llevaron a que en las listas aparecieran personas vinculadas a la barrabrava de Boca Juniors, personas de una misma familia que recibían más de una vivienda, entre otras irregularidades. Sólo un 22 por ciento eran habitantes de La Boca. Finalmente, debieron anular todo. Otras personas, entre ellos trabajadores del subte, fueron estafadas con boletos de compraventa falsos por los que pagaron hasta 150 mil pesos. Hoy sólo recibieron su vivienda quienes ganaron un juicio contra el Estado porteño. Las demás siguen vacías.

Empezó con Grosso y terminó hace unas semanas. Y, colorín colorado, este negocio se ha consumado.

Al resto de los terrenos, Macri le cambió el destino por decreto en 2010 y dispuso que se los usaran para salud, educación, seguridad o espacios verdes. En el mismo acto, se los transfirió a la Corporación del Sur, que tenía entre sus facultades venderlos. En 2014, el legislador macrista Oscar Moscariello, que también era vicepresidente de Boca, presentó un proyecto para rezonificar esos terrenos con el nombre de “Estadio y Complejo Deportico del Club Atlético Boca Juniors”. Hubo quienes señalaron que la iniciativa podía restarle valor a las tierras, dado que sólo tendrían como destino ser vendidas a Boca. Cuando lo conversé con Moscariello, me negó que ese fuera el objetivo. Me dijo que pensaba solamente en que se podía hacer allí un parque temático.

Ese mismo año, el ex legislador Rafael Gentilli dio a conocer una carpeta de Boca en la que su presidente, Daniel “Tano” Angelici, tenía previsto construir un nuevo estadio en esos terrenos: “Una nueva Bombonera en el barrio”, se titulaba. El Ministerio de Desarrollo Económico porteño recibió en 2015 una nueva propuesta de Boca para quedarse con esos terrenos y –pese a la resistencia de distintas organizaciones del barrio, entre ellas, La Boca Resiste y Propone- se llamó a una licitación. ¿Cuántos oferentes se presentaron? Uno solo: Boca Juniors. Los vecinos que fueron a la apertura de los sobres describen escenas bochornosas: la propuesta de Boca ni siquiera venía en un sobre, tuvieron que hacer un pase de magia, entrar, conseguir un sobre y volver a salir con la propuesta, de más de 400 páginas. Uno de los funcionarios a cargo del acto le sopló al otro en qué página estaban los números de la oferta. Y así fue como finalmente, por 115 millones de pesos (de los que pagará sólo el 5 por ciento al contado y el resto será financiado a 14 años por la Corporación del Sur), Boca se quedó con 3,2 hectáreas de Casa Amarilla que debían haberse destinado a viviendas sociales. Empezó con Grosso y terminó hace unas semanas. Y, colorín colorado, este negocio se ha consumado.