ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno analiza despedir 25.000 trabajadores estatales

El Ministerio de Modernización, cuyo titular es Andrés Ibarra, tiene bajo la lupa unos 60.000 contratos, que representan el 10% de la planilla total de la administración nacional.


Según el portal Infobae, un total de 60.000 contratos de la Administración Pública Nacional están siendo analizados por el ministro de Modernización Andrés Ibarra, quien el jueves anunciaría medidas para la normalización del empleo en el sector público. Este número es un 10% del total de los casi 600.000 trabajadores que tiene la Administración Pública Nacional en la actualidad.

Un antecedente del llamado "Plan de Modernización del Estado" que anunciaría el Gobierno y de las medidas que afectarán a los trabajadores del sector público son las recientes declaraciones del jefe de Gabinete Marcos Peña en la conferencia que dio junto al ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay. "Nuestro objetivo es fortalecer el Estado. La precarización laboral de los contratados, que son más de 60.000 lo que ha dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores, son una muy mala forma de querer fortalecer el Estado. Después de muchos años de clamar que querían fortalecer el Estado lo que hicieron fue empobrecerlo en términos de capacidad y condiciones laborales", dijo.

Luego de una auditoría realizada desde el 22 de diciembre hasta el presente se habría decidido la inviabilidad de los mismos por el tipo de contratación precaria. Según fuentes gubernamentales "son precarios contratos ilegítimos que no se corresponden con una tarea específica en el Estado y que no esté trabajando y serán alcanzados por la evaluación y revisión de contratos los distintos organismos descentralizados estatales, aunque serán los propios ministerios los que lleven adelante estos procesos".

Hay muchos casos de planta permanente donde se evalúa hacer efectivas las jubilaciones de aquellos trabajadores que tengan edad de acceder a ese beneficio, y no se descarta avanzar en un plan de retiros voluntarios para algunas dependencias estatales y congelar las vacantes por el momento y abrir los concursos públicos partir de mediados de este año.

En una primera etapa podrían ser cesanteados unos 25.000 trabajadores. Hasta el presente habría unos 8.000 en esa condición que ingresaron el año pasado pero desde el Gobierno han aclarado que no se trata de despidos sino que no se renuevan los contratos.



Con la publicación el 21 de enero del Decreto 227/2016 en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció en su artículo 4 que "las contrataciones efectuadas en el marco de la Ley de Regulación del Empleo Público Nacional requerirán la previa intervención del Ministerio de Modernización".

Otra de las medidas que anunciarían en los próximos días para la modernización del sector público sería la reducción de la representación de los gremios, tanto de UPCN como de ATE, en los organismos del Estado. El caso más emblemático es el INDEC que tiene unos 1.600 trabajadores, de los cuales unos 120 son delegados, cuando por ley solo correspondería que fueran 17. "Esta cantidad de delegados excede la Ley de Asociaciones Sindicales de 1998", aseguran desde el Gobierno.

Por el momento los anuncios de despidos o finales de contrataciones están generando protestas desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que amenaza con medidas de acción y preparan un gran paro nacional para antes de marzo de acuerdo a lo que manifestó esta semana su titular Hugo Godoy quien contabiliza unos 15.000 trabajadores despedidos desde diciembre hasta ahora.
 


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