Mi primer veto

Y con el verano, llegaron los vetos. Desde la llegada del macrismo al Gobierno porteño el período  estival suele traer - junto con las imágenes de playas y de carnavales- otra novedad, impresa en las páginas del Boletín Oficial: la anulación de leyes, en muchos casos, votadas por el bloque PRO. Mauricio Macri vetó más de cien leyes y hasta se permitía bromear con eso: “Soy el jefe del veto”, dijo cuando le preguntaron si iba a vetar la ley de aborto no punible. Si alguien tenía dudas sobre si Horacio Rodríguez Larreta iba a seguir por el mismo camino, esta semana ese interrogante tuvo su respuesta. El jefe de Gobierno vetó sus dos primeras leyes, ambas vinculadas a la intervención del Estado sobre inmuebles y terrenos. Esa decisión vino a romper, una vez más, un acuerdo parlamentario entre el PRO y sus adversarios. El macrismo no está preocupado: siempre consiguió hacer nuevos tratos, pese a los vetos de Macri.

Larreta tiene un récord difícil que superar, establecido por su antecesor: solito, Macri concentra casi la mitad de todos los vetos dispuestos por jefes de Gobierno desde que la Ciudad logró autonomía. En sus dos mandatos, Macri vetó más de cien leyes (cerca del 7 por ciento del total de normas dictadas en su gobierno por la Legislatura). Entre los vetos más recordados de Macri están el que eliminó la Oficina de Trata de Personas,  el que hizo caer los principales artículos de una ley  que regulaba la publicidad oficial o la anulación de diversos subsidios a organismos de derechos humanos. Pero, sobre todo, los vetos se concentraron en lo social. Macri vetó casi un cuarto del total de las leyes vinculadas al desarrollo social. Esa orientación parece confirmarse con los dos vetos de Larreta que se conocieron la semana pasada.

El primer veto de Larreta fue a un proyecto que le entregaba al Club Atlanta un terreno en Humboldt 550 que está abandonado hace 30 años. Se trataba de un proyecto de la entonces jefa del bloque kirchnerista Gabriela Alegre y de Edgardo Forn, que recibió un total de 58 votos afirmativos sobre 60 legisladores. El dictamen de esa ley había sido firmado también por Graciela Ocaña y el PRO había aportado sus votos en la sesión como parte de un acuerdo legislativo. La norma disponía la expropiación de esos terrenos, que serían destinados a la actividad deportiva, cultural y educativa y deberían ser abiertos para las escuelas públicas. La encargada de reacondicionar el terreno iba a ser la Asociación Civil Atlanta, que también debía indemnizar al titular del predio.

El jefe de Gobierno anula la norma porque “no surge certeramente cuál es la voluntad de expropiador respecto del inmueble”.   El veto de Larreta advierte que en la norma se mencionaba la expropiación, pero también la “ocupación temporaria” del terreno y que son dos cosas distintas. También indica que la ley no deja en claro si el Gobierno porteño va a tener que financiar la expropiación y que no estipula de dónde saldrá el dinero. En definitiva, la argumentación recuerda cuando, en tiempos de Macri, los funcionarios porteños se burlaban de los legisladores de su mismo partido: “No saben redactar las leyes”.  Una rispidez similar se percibe entre algunos legisladores y funcionarios actuales, como se pudo ver en los tweets del legislador Roberto Quattromanno, quien cruzó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La ruptura de los acuerdos legislativos llevó a que desde ciertos sectores de la oposición salieran a cuestionar los vetos. Por ejemplo, el jefe del bloque kirchnerista, Carlos Tomada, dijo que “es la continuación de la tradición iniciada por Macri que se destacó como vetador serial de leyes votadas por amplia mayoría, incluso por los legisladores del PRO". En cambio, no hubo críticas por parte de otros sectores de la oposición porteña, como ECO. Martín Lousteau, ocupado con sus tareas como embajador en Washington del Gobierno de Macri, no opinó sobre el tema.

Además de las previsibles réplicas políticas, también se mostraron consternadas las autoridades del Club Atlanta, que tuvieron reuniones con varios legisladores. Allí dejaron entrever sus sospechas de que el veto tiene como razón oculta algún negocio inmobiliario del que no saben todavía. En el barrio, comentan que entran y salen camiones del terreno sin que exista ningún cartel de obra. Junto al predio de la disputa se está construyendo un microestadio que tiene financiamiento del Banco Ciudad y donde aparece la figura de uno de los amigos del presidente: el actor Martín Seefeld, quien tendría la concesión para la venta de entradas de los espectáculos que se hagan en ese nuevo estadio. La empresa de Seefeld, Arena MKT &TKT’S SRL,  fue creada el año pasado y tiene socios en común con Javier Ibañez, el funcionario PRO que fue fotografiado mientras, cinturón en mano, combatía en Atlanta contra los hinchas de Chacarita. Ibañez fue director de la Agencia Gubernamental de Control durante los dos últimos años del gobierno de Macri y ahora está al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esto no parece impedirle tener vínculos con la constructora del microestadio.

El segundo veto de Larreta fue a otra ley que expropiaba un inmueble, en este caso para salvar una empresa recuperada: el bar La Robla, en Viamonte 1615. Sus trabajadores formaron una cooperativa para mantenerlo abierto. La autora del proyecto fue la entonces legisladora María Rachid. En el texto del veto, Larreta argumentó que no se hizo la audiencia pública correspondiente previa a la sanción de la ley, pero, más aún, cuestionó que la iniciativa perseguía “un beneficio individual en detrimento del interés común que debe guiar toda política de gobierno” y que una expropiación de este tipo dejaría expuesto al Gobierno porteño a que otras cooperativas de trabajo solicitaran lo mismo que los empleados de La Robla. Una observación un tanto obvia: la dureza de los argumentos PRO contra los trabajadores no suele ser replicada cuando se trata de favorecer a los empresarios. Las ofrendas en esos casos siempre son entregadas en nombre de atraer las inversiones.

Nadie debería sorprenderse si la política de los vetos sigue en las próximas semanas con nuevas leyes anuladas. Después de todo, cuando Larreta fue elegido jefe de Gobierno, los porteños no votaron otra cosa que la continuidad de las políticas que se venían desarrollando en los ocho años de Macri. Esta es una más.