- Opinion
- 23.03.2016
SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
Bin Laden y la ESMA
“Estamos en guerra” Manuel Valls, primer ministro de Francia luego de los atentados en Bruselas
Sin duda la Operación Gerónimo, como se la llamó en clave, tuvo una gran cercanía con nuestro pasado. Las tareas de inteligencia fueron desarrolladas a través de la tortura a subversivos secuestrados en el centro clandestino de Guantánamo, apenas más amplio que la ESMA. El comando que buscó a Bin Laden violó el espacio aéreo de un país independiente, allanó ilegalmente una vivienda, asesinó al sospechoso, se llevó su cuerpo y lo tiró al mar.
Salvo que la CIA hubiese subcontratado los servicios del “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, la operación no podría haber tenido mayor color local. Paradójicamente, la mayor diferencia con la época más oscura de nuestro país radicó en que, así como uno de los responsables políticos de los asesinatos en Argentina, el general Videla, siempre los negó, el presidente Obama declaró ser el responsable de la operación y no descartó volver a usar el mismo método ilegal.
A pesar de estas malditas coincidencias, gran parte de los medios del mundo se centraron en los supuestos crímenes perpetrados por la víctima y en su peligrosidad, obviando la absoluta ilegalidad de la operación. Utilizaron eufemismos para no hablar de torturas y hasta argumentaron con la lógica del general Díaz Bessone, quien afirmó “¿Cómo puede sacar información a un detenido si usted no lo aprieta, si usted no tortura? La única manera de acabar con una red terrorista es la inteligencia y los interrogatorios duros para sacarles información”.
Al final de su segundo mandato, Carlos Menem propuso demoler las instalaciones de la ESMA para “erigir en dicho espacio libre un símbolo de la unión nacional como único propósito, lo que representa un compromiso ético de convivencia democrática y respeto a la ley” . Por la misma época, calificó de “deleznable” el proyecto de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Al parecer, la reconciliación nacional requería del olvido y, sobre todo, de impunidad.
Hoy, casi veinte años después, derogadas esas leyes y relanzados los juicios por crímenes durante la Dictadura, nuestros gobernantes ya no proponen olvido o impunidad como garantía de reconciliación ni apoyan abiertamente métodos ilegales para combatir el terror.
El presidente Mauricio Macri explicó que los juicios son una política de Estado y visitó la ESMA al poco tiempo de asumir, predio que también visitaría Barack Obama durante su viaje oficial. La visita finalmente no se realizó aunque el presidente estadounidense “honrará a las víctimas” de la última dictadura.
La reacción de Magdalena Ruiz Guiñazú frente al asesinato de Bin Laden y la afirmación de la búsqueda de la verdad como política de Estado por parte de Mauricio Macri son pruebas de un consenso que va más allá del color político y de la militancia de los organismos de DDHH.
Es un consenso sobre la paz y la justicia logrado en este país imperfecto, subdesarrollado, al final del mapa. Algo que los argentinos, tan habituados a sentirnos los parias de la legalidad, deberíamos festejar y mostrar con orgullo al mundo.
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