Trapitos y Cuidacoches: el debate final

El debate vuelve a la Legislatura, como casi todos los años. Los cuidacoches: ¿hay que prohibirlos o registrarlos? Las dos posiciones disputan en los medios de comunicación tanto como en el recinto. En 2011, la oposición porteña se anotó una victoria con la sanción de un registro para aquellas personas que lo necesitaran como una actividad de subsistencia, pero fue rápidamente borrada con un veto del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Hoy el PRO vuelve a la carga: plantea que hay que prohibirlos, salvo algunas excepciones. El kirchnerismo propone crear un registro y que sean las empresas concesionarias del acarreo y el estacionamiento medido quienes terminen dándoles empleo. ECO propone que los subvencione el Estado porteño como parte de un programa social que los lleve a formarse en oficios. Todos le apuntan, de distinta manera, a las mafias que hay detrás de los partidos de fútbol o los conciertos, en una problemática compleja que siempre retorna.

El Código de Contravenciones actual  no sanciona al que cuida coches que recibe una contribución voluntaria del automovilista, sino al que exige dinero y utiliza algún medio de coacción. La pena es de uno a dos días de trabajo público y una multa de 200 a 400 pesos, que se duplica si se comprueba que existe una organización detrás. El Ministerio Público Fiscal viene avanzando con operativos en los espectáculos deportivos o musicales.  En el último superclásico,  por ejemplo, se registraron casi 200 contravenciones contra los cuidacoches. Sin embargo muy pocas de esas contravenciones llegan a juicio: sucede que es muy difícil probar que el pago no fue voluntario.  Hubo más de una decena de proyectos de todas las fuerzas políticas para reformar la ley en los últimos diez años. Hasta ahora, la discusión sigue en un suma cero.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió sobre los cuidacoches: "Hay gente que lo hace como medida de subsistencia y no molesta a nadie, pero también hay mucha mafia en esto". Su ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, fue más explícito: “Vamos a tratar de que no existan”. El fiscal general, Luis Cevasco, dejó en claro que comparte esa línea de acción: “Los controles van a seguir hasta que la actividad desaparezca”.

En la Legislatura, el jefe de bloque del PRO, Francisco Quintana, presentó un proyecto  en 2015 que prohíbe a los cuidacoches y sobre el que intenta avanzar este año. El proyecto de Quintana deja en manos del Ejecutivo la creación de un mecanismo de excepción para aquellos que lo hagan como una actividad de subsistencia. “Contemplamos otorgar permisos puntuales de manera excepcional”, indicó Quintana a Nueva Ciudad.  “Un proyecto como el de trapitos no puede no contemplar la prohibición sobre una actividad que, para nosotros, nace desde la ilegalidad”, advirtió el jefe del bloque macrista. “El Estado no debería ponerle una pechera y una credencial a aquel que realiza una actividad ilegal. Nadie puede decirnos si vamos o no a poder estacionar y cuánto tenemos que pagar para poder hacerlo. Esa facultad la tiene el Estado”, destacó. En cambio, consideró que la Legislatura “no tiene facultades de sancionar a la fuerza de seguridad” si se descubre la connivencia con las mafias. E interpretó que con una prohibición más abarcadora no habrá más connivencia de las fuerzas de seguridad.


Desde el Frente Renovador, el legislador Javier Gentilini presentó otro proyecto que va en la misma línea: prohíbe la actividad de cuidar coches en un radio de 20 cuadras de estadios, salas de teatro, cines o eventos masivos. Desde el bloque de Martín Lousteau (Suma+), en tanto, la legisladora Natalia Fidel presentó un proyecto alternativo que prohíbe a los cuidacoches y, a su vez, crea un programa de inclusión social por el que el Gobierno porteño les pagará una asignación que será el equivalente al 80 por ciento de la canasta básica alimentaria. Esos fondos saldrían de la recaudación de los parquímetros.

En el proyecto de Fidel, quienes sean autorizados tendrán que, como contraprestación, además de cumplir un horario como cuidacoches, completar sus estudios o capacitarse en oficios, dado que a los dos años (con posibilidad de extenderlo por dos más), los permisos caducan. “La idea es que estas personas se vuelvan a reinsertar en el mercado laboral .Lo que nosotros proponemos es una tercera vía. El oficialismo tiene una postura absolutamente prohibitiva y desde la oposición hay una postura más permisiva: entienden que los cuidacoches tienen una necesidad social y hay que regularizar”, afirmó Fidel, cuyo equipo ya creó una App para celulares que emula el sistema que propone para denunciar si un cuidacoches exige dinero. En cambio, tendrían permitido recibir propinas y hasta contarían con un talonario para registrar las contribuciones voluntarias.  Fidel indicó que en Uruguay funciona de esta manera.

Desde el Frente para la Victoria presentaron un nuevo proyecto que crea un registro de cuidacoches.  “En el año 2011 nosotros logramos que se aprobara un primer proyecto que después vetó Mauricio Macri”, recordó la legisladora Paula Penacca. “Nosotros creemos que le estamos dando más herramientas al Ejecutivo para poder regular la actividad de cuidacoches, para poder evitar los abusos que sabemos que algunos sectores organizados llevan adelante con los conductores. Lo que estamos planteando es que haya un registro de cuidacoches, que todos los que no estén inscriptos en ese registro no puedan ejercer la actividad y que haya penas máximas para los que lo hagan con previa organización, porque entendemos que tiene que haber una política fuerte de cara a las mafias que se organizan y sí tenemos que proteger a quien realmente necesita hacerlo”, indicó. El registro tendría control de parte de la Defensoría del Pueblo y otras entidades. En el Proyecto del FpV se fija un tope para las contribuciones voluntarias que podrán recibir que será de cinco veces el boleto máximo de transporte público. 


“Lo que es ilegal es llevar adelante la actividad sin autorización. Así está previsto hoy. Existe la actividad de cuidacoches. Está reconocida por el código de habilitaciones y verificaciones. Está regulada por las leyes. Cuidar coches no es ilegal en sí mismo. Es ilegal si se hace sin autorización. Es ilegal si se hace sin la presencia del Ejecutivo de la Ciudad regulando la actividad”, advirtió la legisladora, quien consideró que “el proyecto del PRO, que lo único que plantea es la prohibición en sí misma, está habilitando que esas prácticas sigan llevándose adelante”. El kirchnerismo propone que el registro se mantenga sólo por cuatro años y luego sean las empresas concesionarias del acarreo y el estacionamiento medido las que se hagan cargo de emplear a los cuidacoches. Hasta ahora, se mantienen  las mismas empresas desde 1991 y pagan al Estado un canon irrisorio por el servicio de grúas.  La licitación del nuevo sistema viene demorada.