Trapitos y cuidacoches: el veto al registro

La discusión sobre los cuidacoches tiene ya más de una década en la Legislatura(S). Hace cinco años, la oposición porteña reunió masa crítica y aprobó por 31 votos contra 29 una ley que creaba un registro para los cuidacoches: esto implicaba que el Gobierno porteño debía censarlos, ver quienes no tenían otros medios de subsistencia, otorgarles un permiso legal para un horario y un lugar determinados, y controlarlos. Esa autorización podía ser revocada si cometía algún delito o contravención. Esa norma también incrementaba las penas para quienes actuaran sin permiso y en forma organizada y para las autoridades que en espectáculos deportivos o culturales “omitieran disuadir, impedir o consintieran la contravención”. Esto último, apuntaba evidentemente a la complicidad de la policía y de los clubes (o las barrabravas). Este proyecto lo votaron el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, la UCR, la Coalición Cívica y Nuevo Encuentro. (S)Macri vetó esta ley porque consideró que “socaba el principio de libre disfrute del Espacio Público” y el debate volvió a foja cero.

Todos los años, desde 2010, el PRO intenta aprobar una ley que prohíba la actividad. En 2014, de la mano de un proyecto de Roberto Quattromano y el ahora ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, avanzó con un proyecto que incluía a los cuidacoches  junto con los “limpiavidrios”. Un informe de La Fábrica porteña –el think tank del kirchnerismo porteño- recuerda que ese proyecto sumaba el aumento de penas sobre el hostigamiento, la portación de armas no convencionales o de elementos para forzar cerraduras, con lo que se buscaba “legitimar una visión criminalizante de la actividad de los cuidadores de vehículos”.  Un cuidacoche, un delincuente. El kirchnerismo volvió ese año a proponer un registro de la mano de las entonces diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, mientras que el legislador del MST Alejandro Bodart avanzaba sobre las responsabilidades de la autoridad pública de darle una solución a personas que no tienen otro medio de subsistencia, por un lado, y de perseguir a las mafias por el otro. En el proyecto de Bodart, las autoridades que permitieran la extorsión a los automovilistas en partidos de fútbol o similares serían considerados “partícipes necesarios” en una acción penal o contravencional.

El legislador Claudio Palmeyro consiguió que en septiembre de 2014 se aprobara una ley que regula el estacionamiento en eventos “de concurrencia masiva y habitual”. El Ejecutivo porteño debía remitir un plan de regulación. Nunca lo presentó.