Larreta envió un proyecto de ley para modificar el Consejo de la Propiedad Horizontal

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, envió hoy a la Legislatura un proyecto para modificar la composición del Consejo de la Propiedad Horizontal, aprobado en noviembre del año pasado a través de la Ley 5.464. De esta manera, Larreta cede a la presión de las asociaciones de propietarios de la propiedad horizontal y manda un claro mensaje a Victor Santamaría, presidente del PJ local y titular del gremios de los porteros, en medio de las negocianes por la Agencia de Bienes.

A través de la nota ingresada hoy en el edificio de la calle Perú, el Jefe de Gobierno justifica la reforma en que "la implementación de un nuevo marco normativo tendiente a articular la relación existente entre los distintos actores de la sociedad que habitan, trabajan o participan de alguna forma en los edificios sometidos al regimen de la propiedad horizontal, requiere de la tutela estatal".

Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo, el SUTERH pierde un representante (pasa de 3 asientos en el consejo a 2) y desaparece la representación del recientemente formado gremio del personal de administradoras de consorcio. Con lo que el aumento de la representación del Estado local, que pasa de uno a tres representantes y a ocupar la presidencia del nuevo ente, se realizará a costillas de la representación del sector sindical.

Según pudo saber Nueva Ciudad, la modificación no cayó bien en las oficinas de Santa María, que analiza las modificaciones enviadas para definir los pasos a seguir, mientras que en el PJ local y el bloque del FPV, el corrillo es que el Ejecutivo porteño se volcó de lleno a tratar de resolver la votación por la Agencia de Bienes presionando al sector del peronismo que conduce el portero.

Por otra parte, la reforma en la composición de los asientos del Consejo, estipula que tanto los representantes del Ejecutivo, como los de la Defensoria del Pueblo, participaran ad honorem del nuevo ente, algo que venía reclamando el Defensor Alejandro Amor, que no desea que la nueva estructura burocratica descargue sus costos en un incremento de expensas para propietarios e inquilinos.