Qué hay detrás del Costa Salguero

Las muertes de cinco jóvenes en el complejo Costa Salguero pusieron en el centro de la escena la concesión de ese predio por el que la Ciudad pierde millones de pesos por año. Fue el predilecto del macrismo y el que eligió Mauricio Macri para casarse. La relación con la titular de la Legislatura y un repaso por las causas judiciales que enfrentó la empresa concesionaria.

Dos noticias desviaron la atención hacia el Complejo Costa Salguero. La primera, trágica, es la muerte de cinco jóvenes en una fiesta electrónica que se hizo en ese lugar, cuyas causas y responsabilidades son, en este momento, motivo de investigación. La segunda, menos difundida, fue la aparición de una propiedad en Panamá en la que figuran la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, y su marido, Fernando Polledo Olivera. Este último forma parte del directorio de Costa Salguero S.A., quien administra los pabellones del complejo. Es una subconsecionaria de Telemetrix S.A, empresa que paga un canon irrisorio a la Ciudad por explotar el predio. Hay coincidencias familiares entre los directorios de las dos firmas.

Cinco jóvenes murieron esta mañana tras asistir a la fiesta electrónica Time Warp. Otros cinco fueron internados en grave estado. El titular del SAME, Alberto Crescienti, indicó que tenían 42 grados de temperatura y un cuadro de intoxicación. Las causas, vinculadas al consumo de sustancias, todavía se están determinando y hay que ser prudentes con la información. También sobre las responsabilidades por lo ocurrido, las habilitaciones, el estado del lugar y la asistencia médica, que serán materia de una investigación judicial, a cargo del fiscal Sandro Abraldes. La fiesta fue en los pabellones 2, 3 y 5 del Costa Salguero y desde el Gobierno porteño afirmaron que tenían 2 ambulancias, 5 médicos, 10 socorristas y un puesto sanitario. No obstante, el SAME envió seis ambulancias para asistir. La Agencia Gubernamental de Control porteña aseguró que el predio está habilitado para albergar hasta 13 mil personas y que ayer la capacidad no estaba colmada a las tres de la mañana. La empresa a cargo del evento fue Dell Producciones SA, la misma que organiza Creamfields. El complejo fue clausurado en forma preventiva.

A orillas del Río de La Plata, el Costa Salguero dependía originalmente de la Administración General de Puertos y luego pasó a manos de la Ciudad. La concesión quedó a cargo de Telemetrix S.A. en 1988 y en 1991 el menemismo se la extendió por treinta años. En 2013, el presidente de Telemetrix era Alfredo Gutiérrez, su vicepresidente era Federico Leon Bensandon y sus directores, Federico Alberto Bensandon, María Alejandra Bensandon, Gabriela Bensandon y la directora suplente, Gabriela Alejandra Ratto de Gutiérrez. Algunos de estos nombres y apellidos se repiten en otras empresas vinculadas al complejo.

Telemetrix enfrentó una causa judicial porque no permitía que se construyera el camino de sirga, es decir los 15 metros en torno al río que se deben dejar liberados para el uso público. Una causa judicial que iniciaron los entonces legisladores Facundo Di Filippo y Rocío Sánchez Andía permitió conocer más sobre cómo era la concesión.

La causa estuvo a cargo del juez Andrés Gallardo, a quien el macrismo recusó en su momento en todos los casos que llevaba y que actualmente se encuentra de licencia. En 2011 ordenó que se hiciera el camino e intentó durante dos años que el Gobierno porteño y Telemetrix acataran su fallo. En el medio de esa causa, Gallardo ordenó clausurar preventivamente 19 locales de ese predio. Había pedido informes a la dirección de Concesiones porteña y se encontró con que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación para funcionar y que la estación de servicio no tenía habilitación de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. La dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir la orden de Gallardo, que debió recurrir a la fuerza pública para clausurar los locales. El director de Habilitaciones, Martín Farrell –el mismo que tuvo que renunciar por el derrumbe del boliche Beara y al que el PRO intentó convertir en juez porteño–, les concedió en tiempo record las habilitaciones y levantó las clausuras.

Como ni la empresa ni el Gobierno porteño acataban el fallo para hacer el camino de sirga, Gallardo llegó a ordenar que en las publicidades de campaña de Diego Santilli se incluyera un aviso que dijera que incumplía un fallo judicial como ministro de Espacio Público (el cargo que ocupaba entonces). Telemetrix le inició un juicio a Gallardo por presunto abuso de autoridad, que terminó con el magistrado absuelto. “Causa repugnancia ver cómo algunos quieren defender por cualquier medio la posibilidad de seguir explotando comercialmente un espacio público, incluso sin contar con las habilitaciones correspondientes”, sostuvo en ese momento la entonces legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía.

Ese expediente judicial, no obstante, dejó algunos datos más que llamativos. En 2010, la empresa Telemetrix le pagaba al Gobierno 68 mil pesos por mes por la concesión –el terreno, hay que subrayar, es de la Ciudad- y recibía de los subconcesionarios 750 mil pesos en promedio. Se perdían más de ocho millones por año con ese esquema. El juez Gallardo pidió conocer los niveles de facturación de algunas de esas empresas subconsecionarias, pero Rentas –que depende del Gobierno porteño- se negó a enviarle la información por estar “bajo secreto fiscal”. Entre estas subconcesionarias se encontraba Costa Salguero S.A., que según su página web, administra los pabellones en los que se produjeron las muertes. Allí se indica que “fue creada en 1993 con el propósito de construir y operar un predio que permitiese llevar a cabo eventos de todo tipo, tales como exposiciones, convenciones, espectáculos, eventos deportivos, reuniones sociales y empresariales. El Centro fue inaugurado en mayo de 1994 contando por entonces con cuatro pabellones y un salón auditorio, con una superficie cubierta de más de 11.000 m2. Actualmente, luego de la incorporación de los pabellones 5 y 6 (en 1998 y 1999 respectivamente), la superficie bajo techo supera los 20.000 m2”.

Fernando Polledo Olivera figura como socio de Costa Salguero Eventos S.A. junto con Enrique Pichon Riviére y Diego Luis Gutiérrez, vicepresidente y presidente de Costa Salguero S.A. respectivamente. En 2015, Polledo Olivera figuraba entre los directores titulares de Costa Salguero S.A. junto con Federico Leon Bensadon, Gabriela Bensandon y Jorge Gómez. Este último figura también en Costa Salguero Eventos. De la simple lectura de los directorios de estas empresas y de Telemetrix surgen algunas coincidencias: Federico Leon Bensandon y Gabriela Bensandon figuran en ambas. El presidente de Costa Salguero S.A., Diego Luis Gutiérrez, es hijo de Alberto Luis Gutiérrez, presidente de Telemetrix, donde también figura su madre. Todo queda en familia.

El Costa Salguero es el lugar por el que opta el PRO elección tras elección para esperar los resultados y hacer sus bailes de la victoria. También fue el sitio que eligió Mauricio Macri para casarse con Juliana Awada. Polledo Olivera es el marido de Carmen Polledo, la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, una dirigente de la ONG COAS que pasó a integrar las filas del PRO y ascendió hasta las primeras líneas. Ambos, la dirigente macrista y su marido, entraron al torbellino de los Panamá Papers cuando esta semana Nueva Ciudad reveló que tenían una empresa en Panamá, llamada Rank International Corporation, que fue creada en 1988 y que no fue declarada por la legisladora. Polledo argumentó que no era necesario declararla porque la empresa nunca funcionó –es la misma coartada que usaron todos los macristas-, dado que era para un emprendimiento agropecuario que no llegaron a iniciar con su marido y su hermano. Dado que su marido tiene otras empresas dedicadas al agronegocio, le pregunté a Polledo para qué necesitaban abrir una con base en un paraíso fiscal. Me respondió: “En su momento, habrán creído que era lo mejor”.