Condenaron a siete agentes por violar a dos menores que vivían en la calle

Seis miembros de la Policía Federal y un agente penitenciario fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos hermanas adolescentes que vivían en la calle, entre 2009 y 2011. Los siete efectivos formaban parte de una red policial de explotación sexual que tenía como víctimas a las dos chicas. Las jóvenes eran pasadas de uno a otro uniformado a cambio de algo de dinero y o sólo comida.

Según relata el portal Diario Registrado, una de las chicas tuvo dos hijos, a los 12 y a los 15. En la investigación se sospechaba que había unos veinte implicados, pero solo pudieron ser identificados los ahora condenados.

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17 porteño, integrado por los jueces Pablo Vega, Alejandro Nocetti Achával y Juan Giudice Bravo.

Los acusados no se inmutaron al escuchar la sentencia. El cabo primero Héctor Palavecino y el sargento Sebastián Borfitz fueron condenados a 16 años de prisión; el agente Gustavo Salinas, a 14; el ayudante del SPF Jorge Acevedo, a 12, y su hermano, Mauricio Acevedo a 12 años y seis meses. En tanto, los agentes Héctor Martínez y Miguel Angel Campero fueron sentenciados a 10 años y 7 años de cárcel.

Los imputados, que llegaron en libertad al juicio, continuarán en esa situación, pero los jueces dictaron una prohibición de acercamiento a las damnificadas y a su entorno familiar, ordenaron que se presenten en el tribunal mensualmente y que no puedan salir del país. En tanto, se rechazó el pedido de la querella para que los policías y el penitenciario sean removidos de sus cargos.

Gerardo Etcheverry, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación (DGN), que representó a las víctimas, dijo que los policías se encuentran en disponibilidad y no cobran sueldo, mientras que el agente penitenciario todavía está en actividad. Por ese motivo, había reclamado en los alegatos que se los removiera definitivamente de sus cargos públicos y se suspendiera el eventual goce de toda jubilación, pensión o retiro.

En el alegato, Etcheverry había considerado que “hubo un claro aprovechamiento del estado de confusión y fragilidad de las víctimas, de parte de los autores de delito, atento al grado de vulnerabilidad (de las niñas) en razón de su minoridad e historias de vida”. En tanto, la defensa de los policías había negado la participación de los efectivos en los abusos y en sus “últimas palabras” antes del veredicto, los acusados dijeron que eran inocentes y algunos aseguraron que no conocían a las víctimas.

Otros afirmaron que no hubo abusos sino que las adolescentes tuvieron relaciones consensuadas, lo cual no es un argumento válido porque eran menores de edad. Los hechos que se juzgaron se produjeron entre 2009 y 2011, cuando las hermanas tenían entre 13 y 15 años una, y entre 14 y 16 la otra.

En el debate, la fiscalía y la querella dieron por acreditado que en ese período, los imputados llamaban telefónicamente a las adolescentes, las buscaban en la zona de Parque Lezama y las trasladaban al Cuerpo de Policía Montada de la PFA. En ese predio, en Cavia 3302, de Palermo, las violaban tanto ellos como algunos allegados.

También se dio por probado que abusaban de las adolescentes en el predio de la Policía Montada situado debajo de la Autopista 7 Presidente Héctor Cámpora, y en una pensión para efectivos de la calle Warnes al 2100 del barrio de La Paternal. Uno de los abusos más graves se cometió cuando las víctimas fueron subidas por la fuerza a un carro de asalto y las violaron una veintena de policías de distintas reparticiones.