El negocio de las grúas salvajes

Todos vimos Relatos salvajes. En el cine en el que me tocó verla, el público aplaudió a Bombita Darín cuando vuela por los aires un estacionamiento de las empresas de grúas. “El Gobierno habilita a una empresa privada para que levante guita en pala”, le explican al personaje de Darín en la cola para pagar la multa. El odio hacia las camionetas que se llevan los autos tiene un sustento fáctico en el formidable negociado que representa para dos empresas que hegemonizan el sistema de acarreos desde la época de Carlos Grosso. Estas dos firmas pagan un canon irrisorio y embolsan todo el dinero que cobran por el acarreo. Pero además reciben un subsidio encubierto del Gobierno porteño que supera lo que pagan por la concesión del servicio. El año pasado, la Ciudad les transfirió a las empresas más de 76 millones de pesos mientras que el canon que pagaron esas empresas fue de poco más de un millón. Este año, en solo cuatro meses, el Gobierno porteño les transfirió 31 millones de pesos. Un negocio redondo.



La concesión con las empresas de grúas data del menemismo profundo. Se firmó durante el gobierno de Carlos Grosso, que terminó su carrera como intendente en medio de denuncias por corrupción. En el acuerdo que hicieron con Grosso, las empresas acordaron pagar un canon fijo y llevarse toda la recaudación del acarreo (hoy son 450 pesos por auto acarreado). Las dos empresas tienen el negocio desde 1990 y la licitación se venció en 2001, pero la gestión macrista viene fallando sucesivamente en volver a licitar la concesión, pese a que hay una ley que establece un nuevo sistema, donde se invierten las reglas del juego: las empresas reciben un monto por su servicio y la recaudación va para el Estado.



Las dos empresas de acarreo son BRD y Dakota. Los dueños –por lo menos, los que figuran en los papeles— son Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD). Tienen la concesión de las dos zonas de acarreo por 55 mil pesos mensuales cada una. Con el dinero del acarreo –no hay datos oficiales, pero se calcula que es más de un millón por mes- el negocio ya era redondo. Pero el Estado siguió jugando el rol de socio bobo y le sumó mayores ingresos a estados dos empresas. A partir de un acuerdo que firmaron en 2012 con el Gobierno porteño, la Ciudad se comprometió a pagarles a fin de mes por las multas impagas de los autos acarreados, además de un adicional que ya recibían los trabajadores de esas empresas privadas que estaban agremiados en Camioneros. El motivo que dieron en el acuerdo fue que se le concedía a la empresa ese dinero “como resultado del proceso inflacionario en el que está sumido el país”, pese a que la tarifa de acarreo fue actualizada en el mismo acto con un aumento del 200 por ciento. “Resulta razonable que los costos económicos inherentes al servicio sean absorbidos por los usuarios directos de los mismos”, decía en ese acta la dirección de Concesiones. Todo esto fue negociado por el entonces director de Concesiones, Gabriel Astarloa, que hoy es el procurador general de la Ciudad. Este funcionario se encuentra bajo investigación penal por irregularidades en diversas concesiones de la Ciudad.

"El año pasado, la Ciudad les transfirió a las empresas más de 76 millones de pesos mientras que el canon que pagaron esas empresas fue de poco más de un millón".

 

Con las empresas de grúas, no obstante, este dinero no fue lo único que arregló Astarloa. En 2014, el entonces auditor kirchnerista Eduardo Epszteyn descubrió que la dirección de Concesiones tenía un subsidio encubierto para esas empresas, que hacía pasar como “alquiler de camiones” pese a que las cifras mes a mes eran constantes (también contantes y sonantes). En 2013, las empresas se llevaron 43 millones de pesos con ese mecanismo. Entre 2008 y 2014, embolsaron 122 millones del Estado, aparte de lo que cobran a cada automovilista.

El subsidio encubierto creció y se expandió a otras dependencias del Gobierno, según pudo comprobar el auditor de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso. El año pasado, Dakota recibió 39 millones de pesos del Gobierno porteño, mientras que BRD se llevó otros 37 millones. Entre las dos, se llevaron 76 millones en un año. Es importante recordar que las dos empresas pagan en total 110 mil pesos por mes. La mayoría del dinero provino directo de la dirección de Concesiones (69 millones), mientras que otra parte fue abonada por el Ministerio de Desarrollo Económico (211 mil pesos), la Subsecretaría de Trabajo (70 mil pesos), la Secretaría de Hábitat e Inclusión (11 mil pesos). Seis millones fueron de la Dirección General de Redeterminaciones de Precios.



Sin embargo, este año el negocio creció aún más. “A 15 años del vencimiento de la concesión de acarreo de vehículos, las empresas Dakota y BRD siguen cobrando subsidios encubiertos millonarios a través de la dirección de Concesiones. En 4 meses del 2016 ya llevan cobrados 31 millones, a razón de 26.000 pesos por día de subsidio encubierto. Es escandaloso”, advirtió Del Gaiso. Las facturas de este año ya llevan 15 millones de pesos en la cuenta de Dakota y otros 16 millones para BRD. En todas, el concepto del gasto es similar al que se viene repitiendo hace años: “Alquiler de vehículo: para traslado de personas, herramientas y/o equipos de trabajo”. Para ser “alquiler de camiones”, los montos son muy precisos, mitad y mitad para cada empresa. Como en un negocio pactado hace mucho tiempo.