Frenan el traspaso del fuero penal

La Ciudad deberá esperar todavía un poco más para recibir las competencias judiciales que, por mandato constitucional, le corresponden. Si bien estaba todo listo para que la Legislatura aprobara el convenio votado en 2012 en el Congreso Nacional, que estipula la transferencia del fuero penal, el Ministerio de Justicia nacional prevé elaborar un nuevo proyecto integrador que implique un traspaso a la Ciudad de todos los fueros que restan, con recursos.

El cambio de planes fue confirmado a Diario Z por una importante fuente que participa de las negociaciones entre la Ciudad y Nación. Desde el macrismo ratificaron que no está previsto avanzar con la ratificación del convenio de traspaso de las competencias penales, incluso a pesar del renovado pedido del FpV, que presentó un proyecto para instalar el debate en la Legislatura.

La misma fuente remarcó que, por ahora, los esfuerzos están centrados en las conversaciones con los magistrados que se oponen a cambiar de jurisdicción. La resistencia sería bastante extendida entre los 500 juzgados federales que pasarían a la Ciudad.

De hecho, la poderosa Asociación de Magristrados y Funcionarios de la Justicia ya habría adelantado su rechazo. Las preocupaciones centrales de los jueces están centradas en las escalas salariales, el alcance del impuesto a las ganancias –del que están exentos, aunque en la Ciudad contempla a algunos funcionarios judiciales-, la obra social y la caja jubilatoria.

Sin embargo, en el macrismo son optimistas. “Cuando hay voluntad política, todo se resuelve”, remarcaron desde el PRO. El nuevo proyecto que está elaborando el ministerio que encabeza Germán Garavano sería presentado este año en el Congreso Nacional. Antes, una comitiva ministerial prevé reunirse con los diputados y senadores porteños para explicarles la necesidad de avanzar de una vez con todos los fueros juntos y no por parte, como se estuvo haciendo hasta ahora.

Además de las competencias penales, pasarían a la órbita porteña los fueros laboral, civil y comercial. Una vez que el Congreso avance con la ley, la Legislatura deberá votar una ratificación del convenio y empezaría a materializarse un traspaso que, prevén, se extenderá por lo menos durante cuatro años. La magnitud moneteria de la transferencia aún no está cuantificada, pero sería un monto colosal. Cada juzgado tiene, en promedio, 15 empleados.

Además se cambiaría la titularidad de edificios y bienes del Poder Judicial, que pasarían a la Justicia local. El proyecto Justicia 2020, que elaboró el ministro Garavano, prevé también el traspaso de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Registro de la Propiedad y el Inmueble, dos cajas frondosas que también prometen resistencia.