Distrito Joven, viejos negocios

En la denuncia penal presentado contra funcionarios porteños se detallan las concesiones de la Costanera Norte que están a punto de pasar a ser parte del Distrito Joven, un proyecto del PRO que se encamina a ser aprobado en segunda lectura en la Legislatura. “Lo llamativo de esto es que la mayoría de los predios que existen en el Distrito, que está en la Costanera Norte, son predios casi en su totalidad pertenecientes al Gobierno de la Ciudad. Un poco apurado por la denuncia penal que presentamos, entregaron las concesiones a mediados del año pasado”, advirtió Facundo Di Filippo, uno de los denunciantes. “A posteriori, presentaron el proyecto de Distrito Joven en la Legislatura, lo aprobaron y hoy está pendiente la aprobación de la segunda lectura. Le han dado el lugar a empresas por un valor y esa tierra cobra otro valor una vez aprobado el distrito. Y ahí no hay ganancia para la Ciudad, sino que la ganancia va a ser para quien ya estaba instalado allí dos meses antes de impulsar el Distrito Joven”, destacó.

En la denuncia, señalan algunas de las concesiones que están en esa zona como Punta Carrasco, que es usufrutuado por las empresas Riva, Francisco Natino e Hijos y Parenti-Mai S.A. (luego oasi a ser Punta Carrasco S.A.). La concesión data de 1988, cuando el intendente era el radical Facundo Suárez Lastra.  Luego de once años, la  Comisión de Verificación del Estado de Ocupación de los Bienes del Dominio Público y la procuración porteña recomendaron que se diera por caduca la concesión, dado que se había modificado su objeto original, se subarrendaron terrenos y se incumplió el plan de obras.  La concesión no caducó. En 2007, el jefe de Gobierno Jorge Telerman –hoy funcionario macrista- firmó un acuerdo con Punta Carrasco S.A. para renegociar el contrato. Macri dictó en 2008 el decreto 993/08 por el que le otorgó un permiso precario por cuatro años.

Di Filippo presentó un amparo y la Justicia declaró inconstitucional el decreto de Macri. El Gobierno porteño apeló y la Cámara le volvió a fallar en contra. Pero en 2011 consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia revocara las sentencias  y permitió que la concesión continuara. Hoy funcionan allí cinco emprendimientos: el salón Eventos Classic, el restorán Terrazas del Este, la disco Mandarine Club, el espacio para recitales Mandarine Park y Casa Tua, otro lugar de eventos.

Por todo esto, hoy paga 220 mil pesos por mes. “Es un regalo”, admiten en el Gobierno porteño.  Para la fiscal Asaro, esto “demuestra una total ausencia de control por parte de la Dirección General de Concesiones extendida en el tiempo y traducida en inactividad”. “Está claro que en cualquier caso el canon resulta por demás irrisorio teniendo en consideración la extensión del predio y las explotaciones que se incluyen en él”, sostuvo la fiscal, que relevó otras irregularidades en las concesiones de la Costanera Norte. Entre ellas:

- Pachá, de Dell Producciones, que organizó la fiesta Time Warp y es uno de los grupos que maneja la noche porteña. Hoy paga 197 mil pesos por mes, según los datos oficiales. En 2009, consiguió un permiso precario para seguir funcionando, dado que la licitación del predio fue suspendida hasta el año pasado, cuando Pachá regularizó su situación.

- Pizza Banana, de la empresa Pec Ben S.A. También consiguió la concesión con un permiso precario en 2005. En la causa judicial, el entonces director de Concesiones, Gabriel Astarloa, reconoció que “hubo continuos incumplimientos por parte de la firma, falta de pago del canon estipulado, lo que derivó en el trámite para lograr la desocupación del predio, lo que tuvo lugar recién varios años después, en un trámite que continuó inconcluso y sin resultados concretos hasta abril de 2014. Durante ese extenso período de tiempo el GCBA no instrumentó clausuras del local que continuó funcionando y facturando sin inconvenientes”. Hoy ya no tiene la concesión y en el lugar funciona Rosebar, cuyo canon no se aclara. En el listado oficial, figura: “Plan obra”.

- Gardiner. La fiscal Asaro también destacó lo bajo del canon: “Es que la mera referencia a que el canon locativo fue establecido en la suma de $ 21.000 (de abril a diciembre de 2010), luego en la suma de $ 33.200 y luego en la suma de $ 44.000, sólo confirma que el monto resulta por demás absurdo en relación con la potencialidad del negocio gastronómico que allí tiene lugar”, indicó. Según datos oficiales, hoy es de 150 mil pesos.

- Rodizio. La fiscal Asaro indicó que “los cánones se encuentran fijados en $ 34.000, $ 44.000, $ 52.000 y $ 60.000 y son, a todo efecto, ridículos en relación al negocio subyacente”. Según Dirección de Concesiones, hoy paga 215 mil.

“Lo mismo sucede con el caso del Ex Brisas del Plata concesionado a la firma “El Mirasol de la Recova S.A.” donde, luego de regularizada la ocupación, se fijó un canon de $ 26.000; con el caso de “Tequila”, concesionada a la firma “Bruc Bruc S.A.” que ostenta cánones de entre $ 7.600 y $ 19.000; el caso de “Bahamas” donde si bien se reconoce que lo explota la firma “Pecben S.A.” se afirma que ha vencido el plazo de otorgamiento y tramita su desocupación mediante un expediente labrado en el año 2010 que aún no se ha hecho efectiva. No se explica, en este último caso, qué sucede mientras tramita la desocupación con la explotación del lugar, qué canon abona si es que abona alguno, y a quién se lo abona”, indicó la fiscal Asaro en su dictamen.

En un extenso informe, el Observatorio de Derecho a la Ciudad indicó que en todas estas concesiones de Costanera Norte “se repiten las mismas ilegalidades e irregularidades que ingresaron en la agenda pública en virtud de los hechos trágicos en Costanera Norte. Durante varias décadas se explotaron boliches, salones de eventos y restaurantes a precios irrisorios, sobre predios destinados a parques públicos, otorgando permisos y concesiones sobre terrenos de la Ciudad destinados a  espacios verdes algo que está absolutamente prohibido y ocupando vía pública”, señalaron en un informe confeccionado por el abogado Jonathan Baldivieso, quien indicó que el Distrito Joven es “una ley hecha a medida de los empresarios”.