El traspaso del juego a la Ciudad: ¡No va más!

Tras ganar la presidencia, Mauricio Macri prometió que concretaría las transferencias postergadas a la Ciudad de Buenos Aires. Empezó por la Policía Federal, comenzó a tramitarse el traspaso de la Justicia y el siguiente paso fue el juego. Mediante un decreto, el presidente reconoció la potestad de la Ciudad sobre ese negocio para fiscalizar y cobrar impuestos y abrió un período de 120 días para concretar todos los cambios. Se trata de una transferencia formidable de recursos a las arcas porteñas: se calcula que podrá recibir, sólo por el canon de las concesiones, más de 7 millones de pesos por día, además del cobro de ingresos brutos. Por esto último, el Gobierno porteño avanzó en su reclamo contra las empresas de Cristóbal López y Federico de Achával, que controlan tanto el Hipódromo como el Casino Flotante. Desde la oposición, critican la pasividad con el que se comportó el Gobierno porteño hasta el año pasado y esperan que ahora se avance en completar la autonomía porteña. En tanto, cinco bingos cerraron tras intentar negociar que Macri los usara como contrapeso contra Cristóbal López.

Por día, se mueven 600 millones de pesos en apuestas. El negocio central del juego pasa por las máquinas tragamonedas: el Hipódromo de Palermo tiene 4500, luego de un famoso decreto de Néstor Kirchner que le extendió la concesión hasta 2023, mientras que el Casino flotante tiene otras 1570. Las tragamonedas reciben en apuestas 225 millones por día en el Hipódromo y otros 87 millones en el Casino (S). El 90 por ciento se devuelve en premios, según los datos disponibles. Los números del juego han sido siempre opacos, pero (S) se calcula que el Hipódromo y el Casino facturan más de 20 millones por día. En el contrato actual, Lotería nacional se queda con el 20 por ciento de lo recaudado por el Casino y con el 30 por ciento de lo que entra al Hipódromo.

Durante buena parte de la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, algunos sectores de la oposición le cuestionaron su pasividad ante el convenio del juego firmado en 2003 que dejaba a la Ciudad en el rol de espectador ante el negocio del juego a cambio de un porcentaje de lo recaudado por Lotería nacional. El año pasado, el tema fue profundizado por Martín Lousteau, entonces contrincante y hoy embajador en Estados Unidos de Macri. Peor aún, la cuestión del juego se convirtió en uno de los ejes de la interna porteña del PRO que se disputaron Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. En medio de esta polémica, Macri decidió denunciar el convenio del juego con la Nación, algo que había evitado hacer en otras dos oportunidades. Así fue como el acuerdo que habían hecho hace 13 años Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner perdió vigencia el 1 de diciembre de 2015.

Macri dictó seis meses después el decreto 743/16, en el que instruyó a la Lotería Nacional a crear una comisión de enlace como el Instituto del Juego porteño para transferir todas las competencias a la Ciudad. Para esto, les dio un plazo de 120 días. En el texto del decreto, Macri reconoce que en la Constitución porteña se dispone que la Ciudad debe regular y administrar el juego y que la Corte Suprema indicó que no se trata de una materia federal.



“Macri admite que es la Ciudad la que tiene esa competencia. Competencia históricamente cuestionada no sólo entre los poderes ejecutivos, sino fundamentalmente en el Poder Judicial, que le impedía a la Ciudad ejercer todo lo vinculado con el juego, pero también el poder de policía y el poder tributario. Es decir que había jueces que establecían que la Ciudad no le podía cobrar ingresos brutos a los operadores del juego”, advirtió el presidente del Instituto del Juego, Martín García Santillán, en su recién inaugurado despacho. Las oficinas del Instituto se mudaron junto al edificio de Lotería nacional: toda una señal. García Santillán remarcó que los casinos conseguían cautelar tras cautelar para frenar el avance de la Ciudad.

El presidente del Instituto del Juego señaló a Nueva Ciudad que todavía no está definido cómo se completará el traspaso: si habrá leyes aprobadas por la Legislatura y el Congreso, nuevos decretos o si simplemente la Nación dará de baja determinadas concesiones y la Ciudad las tomará. En el decreto, Macri indicó que debe hacerse “de manera ordenada y sin afectar derechos adquiridos” . “La Ciudad va a pasar a percibir un canon por lo que pase con el juego en la Ciudad y va a poder distribuir en acción social todo lo que se perciba desde ese lado, que actualmente no lo administra la Ciudad”, indicó García Santillán, un hombre de confianza del jefe de Gobierno –tuvo su paso por la Agencia Gubernamental de Control, el Instituto de la Vivienda y el Ente de Turismo- y también cercano al diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón, uno de los orquestadores de la avanzada contra Cristóbal López.

Hace años que la Ciudad le reclama al empresario del juego una deuda por ingresos brutos que hoy asciende –según los datos del macrismo- a 4183 millones de pesos. Cerca de Cristóbal López sostienen que esa deuda no existe. También advierten que pese a que se lo llama “El zar del juego” hoy cuenta con una parte minoritaria de los casinos y que transfirió su parte a Ricardo Benedicto, otro socio. En rigor, el Hipódromo lo administran la empresa HAPSA de Federico de Achával, con 72,5 por ciento de la sociedad, y Casino Club, de López, con el 27,5 por ciento. López tiene el 30 por ciento de Casino Club.  En tanto, en el Casino flotante la empresa española Cirsa retiene el 50 por ciento, De Achával a través de HAPSA el 25 por ciento y López (con Inverclub), el otro 25 por ciento. En el último mes, López informó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)  que vendió su parte de Inverclub a Benedicto.

Esto, no obstante, no detuvo la ofensiva macrista para cobrar la deuda que le imputan al empresario. En marzo, volvieron a intimarlos para que paguen los más de cuatro mil millones de pesos. “Van a tener que pagar el impuesto de Ingresos Brutos, como todos los vecinos”, afirmó Rodríguez Larreta.  Poco después, el juez Martín Converset accedió a un reclamo del Gobierno porteño e inhibió todos los bienes de las empresas que explotan el Hipódromo. Para completar el panorama, la Agencia Gubernamental de Control clausuró el restaurante Tucson, que funciona dentro del Hipódromo, por “no exhibir el plan de evacuación y no respetar la distancia reglamentaria en los pasillos de circulación”.



Desde la oposición porteña observan con cierta cautela el avance del macrismo sobre el negocio del juego. “Hasta que se decidió que el juego se traspasara a la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad hizo caso omiso a lo que teníamos que recaudar de  Cristobal López y De Achával. Recordemos los distintos convenios que firmó la Ciudad, donde planteaban condonarle la deuda a De Achával y Cristobal López por el Hipódromo de Buenos Aires”, indica el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Renunciábamos a esa deuda que tenían a través del Hipódromo y el Casino, y se establecía un mínimo de ingresos brutos que a partir de ese momento Cristóbal y Achával nos iban a pagar”, indicó. Ese acuerdo que negoció el macrismo con López se cayó en medio de un escándalo público. Lo mismo sucedió en 2008, cuando intervinieron en contra tanto Michetti como el entonces cardenal Jorge Bergoglio.

Ferraro recordó que la Coalición Cívica, a diferencia del PRO, no varió su posición en torno al juego. “Nos hubiera gustado una actitud mucho más activa por parte del Gobierno de la Ciudad en lo que era reclamar la competencia que está vinculada al juego. Esperemos que ahora con esto, cambien”, indicó el legislador, que pidió “discutir  seriamente un sistema de control on line y una ley de juego en la Ciudad de Buenos Aires”. Tanto Ferraro como Paula Oliveto e Inés Gorbea denunciaron a Lotería nacional por los presuntos delitos de administración fraudulenta, violación de los deberes del funcionario público y evasión agravada. La causa cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien la archivó luego de que el fiscal imputara a Lotería nacional y al Instituto del Juego porteño. En la Legislatura, Ferraro presentó un proyecto para destinar el dinero del juego a impulsar políticas de primera infancia y para la construcción de jardines maternales.  Además, hay varios proyectos de Ley del Juego que plantean cambiar algunas cuestiones básicas como instalar relojes en las salas, impedir que se puedan crear nuevos casinos, prohibir cajeros automáticos a 200 metros del casino, y toda publicidad de juegos de apuestas. 

El dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo descree de los nuevos aires de cambio: "El Gobierno porteño nunca tuvo voluntad de controlar el juego en la Ciudad. Tuvimos que presionar muchísimo para que pusieran las terminales de control online y nunca supimos a ciencia cierta si controlaron, o qué controlaron. Hice dos amparos contra el Instituto de Juego porque me negaron información pública. La amistad entre Nicky Caputo y Federico de Achával blindó el control sobre las tragamonedas. Hasta ahora el traspaso, no cambió esa relación". "Fui coautor de una ley para prohibir cajeros automáticos en los bingos y casinos que tuvo aprobación en primera lectura pero que nunca se terminó de aprobar porque el PRO se encargó de enterrarla", recordó Di Filippo.

Los cuestionamientos de la oposición fueron respondidos con argumentos del orden de lo pragmático por el macrismo.

-¿Por qué no se denunció antes el convenio con Lotería nacional? –le preguntó Nueva Ciudad al presidente del Instituto del Juego. -No es ‘por qué Macri no denunció antes el convenio’, sino que había un actor requetecontra relevante que era el Poder Judicial. Se ponderaba mucho cómo iba a impactar lo que estaba judicializado en el Poder Ejecutivo. Se entendió -y yo creo que de manera acertada- que el momento para hacerlo era a fines de 2015. No hay una conveniencia netamente política, sino que el Poder Judicial era –y está dejando de serlo- muy relevante en lo que hacía a todo este tema.

También Nueva Ciudad le preguntó al antecesor de García Santillán, que ocupó el cargo por siete años. Se trata del actual legislador macrista Daniel del Sol. “La relación entre Nación y Ciudad siempre fue una relación adulta. Siempre hubo diálogo. Entendíamos que había un dinero que ingresaba a Ciudad y que si denunciábamos el convenio y se judicializaba, no ingresaba más el dinero”, advirtió.  “Por la Constitución de la Ciudad el juego debía estar a cargo del Gobierno porteño. Nuestra idea era terminar denunciando el convenio. Tuve la suerte de que lo pudimos denunciar al final de mi gestión”, aseguró Del Sol, quien indicó que en un comienzo la Ciudad recibía el 22 por ciento de los ingresos del juego y que, durante su gestión, se incrementó al 50 por ciento.  También advirtió que no encontró incongruencias entre lo que las empresas informaban que facturaban y lo que se podía detectar a partir del seguimiento on line en tiempo real de las apuestas.

La Auditoría General de la Ciudad, en un informe de 2007, advirtió que el Instituto del Juego “efectuó un uso discrecional de las partidas presupuestarias asignadas”. En el último,  se encontraron “fallas significativas relacionadas con el sistema de control interno” y le señalaron que “no cumplió con los objetivos establecidos en el programa presupuestario 2011, en materia de capacitación para el personal afectado a las funciones de fiscalización para el control de puntos de venta y asistencia a la ludopatía”. En la actualidad hay una nueva auditoría en proceso sobre el Instituto del Juego, pero todavía está en las etapas preliminares.