El traspaso del juego a la Ciudad: La banca siempre gana

Hasta 1992 el juego en la Ciudad estaba prohibido en cualquiera de sus formas. Según relatan los periodistas Federico Poore y Ramón Indart en el libro El poder del juego, el intendente Saul Bauer impulsó en noviembre de ese año la habilitación de los bingos por orden del presidente Carlos Menem. El proyecto fue enviado un 23 de diciembre, pasó por las comisiones en Nochebuena y se debatió el 29 de diciembre a la madrugada. En plena discusión, se quitó un artículo que también habilitaba instalar casinos en la Ciudad. Finalmente, emitieron los dictámenes el 14 de enero  de 1993 y se votó durante la madrugada del sábado 16 de enero. Todo, entre gallos y medianoche.

La votación la consiguió con los votos sumados del menemismo, los ex PI y la Ucedé, además de la ausencia en el recinto de la UCR. Terminó 25 a 23. Esa misma noche, los concejales aprovecharon para aumentarse el sueldo un 70 por ciento, lo que luego fue anulado por un decreto de Menem. Pero ese escándalo tapó la entrada de los bingos a la Ciudad. El 4 de octubre de 1993 se inauguró la primera sala en Lavalle. Le siguieron los bingos de Belgrano, Congreso, Caballito y Flores. En 1994, vendieron cartones por 171 millones de pesos-dólares.  

Los casinos no tardarían en llegar, pese a la prohibición. El 14 de junio de 1994, Menem ordenó a Lotería nacional que llamara a una licitación para un Casino en la zona de Retiro de la Ciudad de Buenos Aires.  Se presentaron dos holdings estadounidenses: Mirage, que tiene sus principales negocios en Las Vegas, y otro del senador estadounidense William Marovitz, yerno del creador de Playboy. El Concejo Deliberante aprobó una declaración en contra del decreto de Menem. Lo cuestionaron varios diputados radicales y del Frente Grande y hasta el Ministro de Economía, Domingo Cavallo. Finalmente, Menem desistió de ese proyecto. 

El 11 de junio de 1999, no obstante, Lotería nacional llamó a licitación para establecer un barco casino. Lo ganó la empresa española Cirsa y consiguió la dársena para instalarse tres días antes de que asumiera Fernando de la Rúa. El barco que es hoy el Casino Flotante llegó desde Nueva Orleans. Cirsa pagó 60 millones de dólares para traerlo y ponerlo en condiciones. Cirsa se vio involucrada en un pleito judicial por el ingreso del barco y terminó pagando cuatro millones de pesos en concepto de aranceles de importación para cerrar la causa. La idea de instalar un casino en un barco no tenía otro fin que eludir los controles porteños. 

Se inauguró el 8 de octubre de 1999 y el mismo día el Gobierno porteño lo clausuró. El entonces vicepresidente de Lotería Nacional, Jorge Lima, arrancó las fajas de clausura y dijo: “No violamos ninguna ley. La clausura no existe”.  Un amparo judicial le permitió al casino sortear la habilitación del Gobierno porteño. Tiempo después se sumaría un segundo barco, que sería clausurado por el juez Andrés Gallardo. Otro magistrado, en este caso Sergio Fernández, anuló ese fallo y le permitió seguir con el negocio, que creció exponencialmente cuando en 2002 Lotería Nacional le permitió a la empresa HAPSA instalar máquinas tragamonedas. El argumento que usaron es que habían disminuido las inscripciones de caballos y que, por lo tanto, el Hipódromo no iba a estar en condiciones de pagar sus deudas con el Estado.  En 2001, ya De la Rúa había permitido instalar máquinas tragamonedas en los bingos porteños. Pero una disputa judicial terminó anulando esa resolución.

El Hipódromo tuvo más suerte. Al frente de la concesión estaba Federico de Achával, accionista del Banco Columbia y hermano de Iván de Achával, amigo íntimo de Macri(S). Para conseguir el ingreso de los slots, De Achával se asoció con Cristóbal López. (S)El hipódromo tiene hoy 4500 máquinas tragamonedas y maneja un negocio de no menos de 1500 millones de pesos por año.

En 1994 comenzó la discusión entre la Ciudad y la Nación por quién debía cobrarle impuestos al juego porteño. Con la reforma constitucional y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional se reservó el cobro del juego, que siguió en manos de Lotería nacional. 

No obstante, la Constitución porteña establece en su artículo 50 que la Ciudad es la encargada de regular “los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas”. Para esto, se creó el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad. Pero Menem no dio el brazo a torcer y la disputa atravesó los cuatro gobiernos siguientes hasta que Macri decidió traspasar el juego a la Ciudad.

En 2003, el presidente Néstor Kirchner firmó un acuerdo con el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra por el cual la Ciudad y la Nación se repartían impuestos del juego. Ambos gobiernos desistieron de todas las causas abiertas. El convenio tenía vigencia hasta 2007, cuando Jorge Telerman optó por no denunciarlo y se prorrogó automáticamente. A fines de ese año, Ricardo Gil Lavedra le mandó una carta a Macri en la que le reclamaba que diera por terminado el acuerdo con Nación. Macri no lo hizo, y también prorrogó el acuerdo en 2011. Recién en 2015 cambió de idea y, en plena campaña porteña, anunció que no continuaría el acuerdo por el juego con la Nación. “Nicolás Caputo, amigo personal de Macri, es además amigo de Federico de Achával que es una de las personas que tiene la concesión del Hipódromo de Palermo y de las máquinas tragamonedas”, advirtió Poore, uno de los autores del libro El poder del juego.

Según la investigación de los autores, hubo una maniobra de pinzas para que Cirsa le vendiera el casino a Cristóbal López. Consistió en un conflicto sindical que le produjo pérdidas millonarias, una inspección de la AFIP al presidente de Cirsa cuando ingresaba con 500 mil euros envueltos en jamones ibéricos, entre otras cosas. Lo cierto es que Cristóbal López entró en 2006 al negocio del juego porteño a cambio de una participación de Cirsa en el Casino de Rosario.

Macri tuvo dos intentos de arreglo con Cristóbal López. En una sesión polémica a fines de 2008, el PRO impulsó la aprobación de ese convenio en la Legislatura. El entonces arzobispo porteño Jorge Bergoglio y la vicejefa porteña Gabriela Michetti junto a Federico Pinedo y Paula Bertol se opusieron a que se ratificara el decreto de Kirchner contra otro sector del macrismo, más cercano al círculo rojo de Macri, que buscaba su aprobación. La interna derivó en un escándalo público y Macri dio marcha atrás.

El segundo intento de acuerdo con López fue en 2013, cuando en diciembre la Legislatura aprobó un acuerdo por el que se subía el canon que pagaban los empresarios del juego, pero se les condonaba las deudas que tenían por dos mil millones de pesos. Macri siempre negó esto, aunque entre la redacción altamente confusa del convenio se podía deducir que se desistía de cobrar esos impuestos y se extendía el plazo de la concesión hasta 2027. “La Ciudad no les condonó nada a los empresarios del juego ni extendió los plazos”, tuiteó Macri.  El abogado Andrés Gil Domínguez impulsó un amparo y la jueza Elena Liberatori anuló partes de ese convenio.

Un fallo de la Corte Suprema en 2011 facultó al Gobierno porteño a exigir la recaudación. La AGIP demoró, pero finalmente dio de alta a los casinos para que pagarán ingresos brutos. Una cautelar del juez Pablo Cayssials frenó ese cobro de impuestos. El macrismo mantuvo en stand by esa decisión hasta este año, cuando avanzó con todo lo que tiene contra las empresas de Cristóbal López. “Por un lado, hay una vocación supuestamente transparentista del Gobierno de la Ciudad un afán recaudatorio claro, porque tiene que ver con comprar cosas que no se han cobrado antes. –indicó Poore-  Por otro lado, hay una especie de revancha contra un empresario al que han asociado al kirchnerismo”.