Comisión inmobiliaria: una de piratas

Cuando se discutió la ley que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios en la Ciudad, hace 9 años, un diputado planteó que no podía quedar librada la cuestión del cobro de comisión a los inquilinos, que debía ser precisa la ley e incluirla, confiando "que el año próximo discutiremos una ley de arancelamientos". Esto último no ocurrió nunca.

El único artículo que fija una comisión en la ley es el artículo 57: 4.15% comisión para locación de vivienda. Ese porcentaje, hace 9 años, significaba un mes de comisión. Ese fue el espíritu de la ley: un mes de comisión por contrato de alquiler de vivienda.

¿Hubo intención de hacer cumplir la ley? ¡Sin dudas! Con otra ley, la 3588 del 2010, se dijo: “Cartelera obligatoria en las inmobiliarias de lo que deben cobrar en alquiler de vivienda”. Los carteles estarán arrumbados en algún sótano de la Ciudad, porque nunca, pero nunca, ninguna inmobiliaria cumplió esa ley. Record de record: ¡Dos leyes incumplidas en el mismo sentido!

Los nueve o diez mil millones de pesos que durante estos años representaron el sobreprecio que cobran las inmobiliarias, no tuvieron control de ningún organismo estatal. Los inquilinos se la vieron difícil, en soledad, solos frente a la prepotencia e impunidad de los corredores inmobiliarios que decidían cuánto cobrarle, sin factura, sin recibo, en negro, poniendo la plata, a veces diez mil, a veces catorce mil, toda juntita, "y si no te gusta, andate!".

No era el único problema que tenía un inquilino, pero lo tomamos casi como el único tema. Hicimos presentaciones a la Justicia, presentamos proyectos en la Legislatura, denunciamos y seguimos. ¿Diez mil millones de pesos acaso no eran un gran problema? Inquilinos Agrupados tuvo mucho que ver en todo esto. También por esta estafa y tantos abusos, la organización realizó el primer festival de inquilinos de la ciudad, el primer lunes de octubre, frente a la Legislatura, el año pasado.

El juez López Alfonsín hizo lugar a mi denuncia, el año pasado, intimando al Colegio de Corredores (CUCICBA) a que digan cuántas inmobiliarias estaban en infracción, qué sanciones habían recibido. Silencio, solo apelaciones judiciales.

La creación de esta oficina -la Defensoría del Inquilino- en la Defensoría del Pueblo, es un pasito más en todo ese camino. El fallo del juez Segón, sin dudas, otro gran paso.

Pero, ¿cuántas miles de veces violaron la ley? ¿Cuántas veces están pasando por alto el fallo del Poder Judicial? ¿Cuántas trampas están pensando para sacarle siete u ocho mil pesos de más a una familia sin casa?

¿Acaso creen que estamos conformes con lo que hicimos hasta ahora? Falta muchísimo más. Pero lo que sí saben es que nosotros vamos a seguir, con las herramientas que tengamos. Aquí, por primera vez, logramos hacer visible uno de los mil millonarios negocios más ilegal e injusto.

A nosotros no nos fue fácil explicar, instalar, publicar las arbitrariedades de la corporación. Pero a la corporación mucho más difícil le va a resultar seguir estafando a los inquilinos.