El Tiro Federal demandó al Gobierno para evitar el desalojo

El Tiro Federal, cuyo desalojo fue habilitado por la Legislatura porteña, resiste ahora ante la Justicia. Según pudo saber La Nación, autoridades y socios del centenario club de Núñez realizaron ya tres presentaciones en diferentes juzgados para frenar el proyecto de la Ciudad ratificado por ley que prevé transformar el predio en un polo de innovación y educativo, que se financiará con la venta de una parcela sobre la Av. Del Libertador.
 
El abogado de la entidad, Andrés Gil Domínguez, demandó al gobierno porteño por violar el derecho federal al intentar comercializar un bien declarado monumento histórico nacional y al gobierno nacional por omitir todo tipo de medida tendiente a frenar la acción de la Ciudad. Solicitó además una medida cautelar para evitar que avance el desalojo del Tiro Federal y que declare inconstitucionales varios artículos de la norma que creó la Agencia de Bienes porteña, organismo que se encargará de administrar los inmuebles públicos, entre ellos, el del club.
 
A la entidad le habían sido cedidos los terrenos situados en Libertador y Udaondo en 1924 mediante una ordenanza. Hoy, unos 3500 socios practican allí tiro, tenis, fútbol, bowling, natación y gimnasia. El predio también es utilizado por las fuerzas de seguridad. Según se prevé, a cambio del desalojo recibirían instalaciones nuevas en otro lugar de la Ciudad, cuya ubicación todavía no fue precisada.
 
La sanción de la ley que creó la Agencia de Bienes estuvo rodeada de fuerte polémica, porque legisladores de la oposición y organizaciones sociales la interpretan como un camino para favorecer los negocios inmobiliarios. Por ejemplo, la parcela del Tiro Federal que se venderá a privados podría comercializarse a 4000 dólares el metro cuadrado.
 
Hay otros proyectos similares en análisis para ciertos sectores del Campo Argentino de Polo, en Palermo, y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, aledaño al Tiro Federal. Además, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, reveló que no se descarta vender alguna porción del predio que ocupa la cárcel de Villa Devoto para poder financiar el traslado del penal a Mercedes, provincia de Buenos Aires.
 
Será la jueza en lo contencioso federal Cecilia de Negre Madariaga la que decida las demandas del patrocinante legal del club. Según un informe del Observatorio del Derecho de la Ciudad, desde 2007 hasta hoy se privatizó o cedió en concesión al sector privado el equivalente a unas 200 manzanas de terrenos públicos en toda la Ciudad de Buenos Aires.