Reabren sumario penal por presunta estafa en la Ciudad durante las gestiones de De la Rúa y Olivera

La Cámara Nacional en lo Criminal ordenó la reapertura de un sumario penal por presunta multimillonaria estafa en la contratación de obras para escuelas de la Capital Federal, durante la gestiones de Fernando De la Rúa y Enrique Olivera, como jefes de gobierno de la ciudad.

La agencia Télam asegura que fuentes judiciales confirmaron hoy que la Sala IV de la Cámara revocó los sobreseimientos por “prescripción de la acción penal” dictadas a una veintena de empresarios y profesionales involucrados en la causa.

En primera instancia la juez de instrucción Rita Acosta, quien recibió el proceso luego de 15 años de trámite por parte de Mauricio Zamudio, procesó por “peculado” a ex funcionarios porteños, pero desvinculó a los empresarios y profesionales a los que ahora el fallo del tribunal volvió a sujetar al proceso penal.

Se ordenó proseguir la pesquisa contra Rubén Treggia, Alejandro Salomón, Pedro Nadal, Ricardo Moreno Vera, Víctor Pérez, Eliseo Antiso, Cristian Schulze, Ernesto Agostino, Sergio Torres, Carlos Ziegler, Juan Damiani, Enrique Rossi, Hernán Bru, José Batista, Liliana Manzini, Edgardo Rodríguez, Horacio Russo y Agustín Segura.

Se denunció la “contratación directa de empresas privadas” entre 1998 y 2001, por montos millonarios, para obras de refacción en establecimientos educativos, bajo la órbita de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según la denuncia las tareas no se completaron ni se cumplieron los procedimientos de adjudicación, se presupuestaron precios superiores al costo real de los trabajos o se desdoblaron las contrataciones para evitar el proceso de licitación pública”.

Los camaristas Alberto Seijas y Carlos Gonzalez criticaron a los jueces de primera instancia por lo que calificaron como una “infundada decisión” de dirigirse “solo a los funcionarios públicos, sin hacer lo propio con los particulares”.

Para rebatir la prescripción de la causa, los camaristas indicaron que “varios imputados se encontrarían todavía desempeñando cargos en la función pública”.