La libertad de expresión en peligro en la Legislatura porteña

Un proyecto de ley firmado por un legislador macrista y otro vinculado al gremio de los taxistas permitiría a los fiscales bloquear medios de comunicación sin que medie la orden de un juez. El texto de la norma, que podría tratarse el próximo jueves en la Legislaltura, le da amplias facultades a los fiscales –controlados por el PRO- para disponer el bloqueo de sitios web y del servicio de Internet a usuarios o sitios web en los casos en los que consideren que se está cometiendo una contravención. La redacción colisiona con otras leyes de la Legislatura y provocó serios cuestionamientos de abogados constitucionalistas y ONGs dedicadas a proteger la libertad de expresión.

El proyecto fue escrito por el legislador del PRO Daniel Presti y por el del bloque peronista sindical Claudio Palmeyro, cercano al titular del gremio de los taxistas, Omar Viviani. En la Legislatura, se lo presentó como un proyecto “anti UBER”, aunque su redacción le da a los fiscales amplias facultades. Concretamente, dice que el fiscal podrá disponer de la “suspensión o bloqueo del servicio de internet, en caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información ‘internet’ o cualquier otro medio de comunicación”. Por cómo está escrito, “cualquier otro medio de comunicación” podría incluir radios, canales de televisión, diarios y un largo etcétera. ”Se podrá ordenar a las empresas prestatarias del servicio de ´internet’ bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta”, indica el proyecto de ley.

"El fiscal podrá disponer de la “suspensión o bloqueo del servicio de internet, en caso de conductas que sean realizadas mediante la utilización de la red global de difusión de información ‘internet’ o cualquier otro medio de comunicación”. Por cómo está escrito, “cualquier otro medio de comunicación” podría incluir radios, canales de televisión, diarios y un largo etcétera".

En sus fundamentos, los autores señalan que Internet “permitió multiplicar las ediciones de los medios masivos de comunicación, trayendo como consecuencia la difusión con una amplitud hasta el momento desconocida de hechos y eventos”. Nuevamente, hay que notar que se refiere a “medios de comunicación”. “La implementación de estas nuevas herramientas informáticas, puede configurar una ventaja o una desventaja dependiendo su utilización y finalidad. Es por ello, que se hace necesaria la incorporación de herramientas orientadas a una gestión judicial y administrativa ágil y eficaz”, indican los autores, que consideran que debe darse a los fiscales porteños “la posibilidad de bloquear o denegar el servicio de internet cuando se realicen conductas ilícitas utilizando este medio”. También indican que son medidas “esencialmente transitorias, provisionales y de aplicación excepcional. Es por ello, que estas características conllevan la necesidad de que el juzgador obre con extrema prudencia al confirmar su aplicación y consecuente duración”. Pero, más allá de esta recomendación de tener “extrema prudencia”, la decisión queda librada al criterio del fiscal.

La fiscalía general viene siendo controlada por el macrismo desde hace más de una década. Por allí, pasaron como cabeza de los fiscales el actual ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y el porteño, Martín Ocampo. Actualmente, está al frente Luis Cevasco. Una ley de este tipo les daría un inusitado control sobre los medios de comunicación, así como sobre el resto de las páginas web.

"La fiscalía general viene siendo controlada por el macrismo desde hace más de una década. Una ley de este tipo les daría un inusitado control sobre los medios de comunicación, así como sobre el resto de las páginas web".

El proyecto de Presti y Palmeyro había sido girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, pero finalmente lo retiraron de la primera y lograron pasarlo por la de Justicia, lo que los habilita a llevarlo al recinto esta semana. En diálogo con Nueva Ciudad, Presti argumentó que “tiene despacho de la comisión de Justicia firmado por todos los bloques”. “El artículo 18 del Código de Procedimiento Contravencional indica que hay distintas medidas precautorias, que son las medidas urgentes. Se usan para atacar una conducta irregular. Estamos hablando de contravenciones”, señaló. “Es darle la herramienta a los fiscales de que puedan bloquear total o parcialmente una página web, cuando se acredite prima fascie una contravención”, reconoció.

-¿En qué casos?

- El juego clandestino, hostigamiento, grooming, venta de entradas por Internet. Si a tu hijo le hacen grooming, el fiscal puede pedir que ese dominio deje de tener esos mensajes de hostigamiento. Por ejemplo, bloqueando una cuenta de Facebook. Está apuntado a conductas contravencionales, no a medios de comunicación. Todas las garantías están protegidas.

-¿No se le está dando a los fiscales el poder de censurar sin orden judicial?

-No, porque estamos hablando de contravenciones. Tiene que haber una contravención. De ninguna manera, se mete con la libertad de expresión, que están garantizadas por la Constitución. Además, no es un cheque en blanco. El artículo 21 del Código de Procedimientos indica que inmediatamente el fiscal tiene que dar aviso al juez de la medida precautoria. Si no está de acuerdo el juez, la deja sin efecto. Hoy, con las cosas que están pasando a nivel tecnológico, este es un tema que tarde o temprano va a llegar. Se realizan muchos delitos por Internet.

No obstante, la redacción del proyecto deja demasiado abierto a la discrecionalidad de los fiscales la posibilidad de censurar medios de comunicación y, en términos de libertad de expresión, de fijar un control sobre el Internet (blogs, páginas personales, etcétera). Todo esto, incluso, sin que medie una orden del juez.

"La redacción del proyecto deja demasiado abierto a la discrecionalidad de los fiscales la posibilidad de censurar medios de comunicación y, en términos de libertad de expresión, de fijar un control sobre el Internet".

Este proyecto colisiona con otra ley sobre la libertad de expresión, que fue aprobada por iniciativa de Mauricio Macri en la Legislatura porteña en medio del conflicto entre el Gobierno anterior y el Grupo Clarín. Esa ley indicó que “queda prohibido censurar o controlar previamente la veracidad, oportunidad o imparcialidad, revisar, aprobar, intervenir, interferir, obstaculizar, modificar, alterar, sugerir o imponer la línea editorial, noticias, información, contenidos, grillas, programas u opiniones que difundan los habitantes de la Ciudad y los medios de comunicación en ella domiciliados, cualquiera sea su soporte o modalidad”. También establecía específicamente que “los medios de comunicación cuyo ámbito se limite a la Ciudad no podrán ser clausurados o suspendidos (…) No serán procedentes medidas cautelares que tuvieren ese propósito”. El texto de esa normativa fue escrito por Fabián Rodríguez Simón, uno de los cerebros jurídicos del macrismo.

El proyecto de ley que se discute ahora parece ir en el sentido inverso. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez indicó a Nueva Ciudad que “los estándares interamericanos hablan de la posibilidad de dar bloqueo de un sitio de Internet mediante la orden de un juez competente. La Corte Suprema estableció en el caso de Belén Rodríguez que podría ser un juez competente. No puede un fiscal dictar esa medida. Sería como si el fiscal pudiera disponer del arresto de la persona sin la orden de un juez. Mucho más con la amplitud que está planteado el proyecto”.

En tanto, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, advirtió que “desde el punto de vista legal, la Legislatura no tiene competencia para regular telecomunicaciones. Es exclusivo del fuero federal. Se van a encontrar con un planteo de inconstitucionalidad más temprano que tarde”. “Hay una cuestión de desproporción. –indicó Busaniche- Se toman medidas que involucran aspectos vinculados a la libertad de expresión para el acceso de Internet, que están protegidas por ley y por la Constitución, a partir de una cuestión de procedimiento. Se trata de una acción de censura visible”. “Además, es inviable técnicamente. Es un proyecto inaplicable, porque no se puede bloquear un dominio sólo para la Ciudad de Buenos Aires. No se podría bloquear Página/12 en la Ciudad de Buenos Aires sin que no quede bloqueado para otras partes del territorio, donde la Legislatura no tiene jurisdicción”, advirtió “Y, por otra parte, ¿cómo bloqueás a un usuario en contravención en su domicilio? El usuario se puede ir a un locutorio y seguir. ¿Cómo sería la reja para que esa persona no se conecte a Internet? Incluso, el Gobierno porteño provee Wi Fi gratuito”, destacó Busaniche. La Fundación Vía Libre está preparando una carta a los legisladores para advertirles sobre el peligro de este proyecto.