Quieren hacer edificios donde había un colegio en Caballito

Hace diez años, los vecinos del barrio de Caballito lograron, mediante sus reclamos, convencer al Gobierno de la Ciudad de que la zona ya estaba saturada de edificios. De ese modo, se limitó mediante distintas normas la construcción en el barrio. Sin embargo, ahora vuelve la polémica por un proyecto que prevé la construcción de seis edificios en el terreno ubicado en la intersección de Rosario y San Ireneo.
 
Allí funcionaba hasta hace cinco años el colegio Santa Rosa. El desarrollo inmobiliario previsto contempla la construcción de seis edificios de entre ocho y trece pisos, aunque el lugar donde funcionaba la institución educativa sería preservado y convertido en centro cultural o algún espacio afín.
 
Según explicaron los dueños del terreno y la constructora Mecsa en una reunión con vecinos celebrada semanas atrás, la idea es hacer seis edificios de entre 8 y 13 pisos, que sumarán 124 departamentos. También construirán 124 cocheras y locales comerciales.
 
El legislador de Bien Común, Gustavo Vera, sostiene que todo el predio tiene protección patrimonial y presentó un pedido de informes el poder Ejecutivo.
 
Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad aseguraron a Clarín que "no hay presentación oficial para intervenir en esa dirección", y que, en caso de que se presentara, "el edificio con protección deberá ser protegido".
 
Muchos vecinos rechazan de plano el proyecto. Según afirman, el barrio ya está muy densamente poblado, lo cual se evidencia por ejemplo en el tránsito. Por esa razón, sumar edificaciones empeoraría la situación, ya que el pasaje San Ireneo está muy cerca del centro comercial de Caballito y por Rosario circulan muchas líneas de colectivos.
 
"No se puede aceptar que se sigan construyendo grandes edificios para comercio y viviendas en este lugar. Algún criterio urbanístico no mercantilista debería primar", afirmaron desde la asociación vecinal SOS Caballito, que nació hace diez años para oponerse a este tipo de proyectos.
 
Este tema se convirtió en una discusión política al punto tal que el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, suspendió los permisos de obra en seis barrios, incluido Caballito, y luego ordenó que las futuras edificaciones contaran con un certificado de las empresas de servicios públicos que garantizara que no se iba a afectar la prestación de luz, gas, agua corriente y cloacas.
 
Por la presión vecinal, la Legislatura porteña también se tuvo que involucrar. Además de hacer que el certificado de las empresas de servicios se convirtiera en obligatorio para toda la Ciudad, sancionaron una ley por la que le pusieron un límite de altura a las edificaciones en 80 manzanas de Caballito. Esa norma luego se replicó para otros barrios.