Los hotelados de la Ciudad: Hotel, triste hotel

Cuando llegó a una pieza de hotel en 1997, con un subsidio del Gobierno de la Ciudad para no quedar en situación de calle, Patricia Pérez no pensó que seguiría viviendo en un hotel casi veinte años después.  Se suponía que esa situación debía durar, a lo sumo, dos semanas. Lo mismo le pasó a Daniel Pini, quien en medio de la crisis de 2001 llegó con su familia, de cuatro personas, a un cuarto de tres por tres metros. Daniel y Patricia son dos de las 13 mil personas que viven en hoteles con un subsidio del Gobierno porteño destinado a personas en situación de calle. Se los conoce comúnmente como hotelados. No viven en la calle, pero viven en hoteles que tienen condiciones deplorables y por los que el Gobierno porteño paga sumas más que llamativas. Se trata de una problemática que, por supuesto, preexiste al macrismo, pero que la gestión PRO no ha resuelto, ni parece tener en cuenta: de hecho, ningún funcionario del Gobierno porteño aceptó hablar del tema para este informe especial. La situación se completa con un fallo judicial que obliga al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a hacer un verdadero censo sobre las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Hace años que sostienen que no pasan de las 800, mientras que las ONG indican que este año ascienden a 22 mil.

Las personas que viven en hoteles con un subsidio porteño no pertenecen todas a los mismos programas. El caso de Patricia Pérez es uno de los más antiguos y proviene de un programa creado por Fernando de la Rúa en 1997 y que fue cerrado. Como unos 3000 de los hotelados, Patricia mantiene su vivienda en un hotel no gracias a la compresión de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano, sino por un amparo judicial.

“Yo llego al programa porque tuve un conflicto familiar y necesitaba un espacio propio. El tema es que salgo de un conflicto y me sumergí en uno mayor”, dice Patricia, quien agradece no haber pasado por la situación de estar en la calle. Sí le ocurrió que llegó alguna vez al hotel y se encontró con que le habían puesto un candado en la puerta, como forma de avisarle que allí ya no tenía su vivienda.  “Mucha gente estuvo en la calle. No podía pagar alquileres, porque era imposible. Y con las criaturas, muy chiquitas, sin trabajo, sin poder rescatar los muebles”, relata sobre la suerte de los que integraron el primer programa de hotelados. Tuvieron varios intentos de ser expulsados del programa: Patricia recuerda que en 2001 les ofrecieron 1800 pesos como toda solución para que dejaran las habitaciones. Allí fue la primera cadena de amparos (ya van por la cuarta). En ese momento, eran 10 mil familias. La cifra se fue reduciendo a lo largo de los años por efecto de las condiciones desastrosas de vida y una política del Estado de ofrecerles dinero para que abandonaran el programa (actualmente, la oferta es de 15 mil pesos). En 2009, ya no eran más de 350 familias. Hoy son 110 en ese programa.  “Las trabajadoras sociales condicionan mucho a la gente y la presionan para que se vaya”, denuncia Patricia, quien advierte que muchos vuelven después a entrar al sistema a través de los programas más recientes.

El actual se llama de Atención a Familias en Situación de Calle y fue creado en 2006. Les da a las personas en situación de calle un subsidio de 1800 pesos en seis cuotas mensuales para el pago de una habitación de hotel. Era renovable por otros seis meses. En 2008, por un decreto del gobierno de Macri, pasó a ser pago por diez meses, pero sin la posibilidad de renovación. Solo puede ser solicitado en situación de calle comprobable por un trabajador social

Un informe del Consejo Económico y Social porteño indica que  “la población que vive en inquilinatos, hoteles-pensión y casas tomadas comprende unas 103.963 personas hacia el año 2010. Casi el 4% del stock de viviendas de la ciudad refiere a estas tipologías de viviendas informales. Encontramos una localización concentrada en las comunas del centro y sur de la ciudad (57,3%)”. De estas personas,  el 51,13% se encuentra en condiciones de hacinamiento y el 30,5% carece en la vivienda de alguno de los servicios básicos. “La mayoría de la gente que vive en hoteles vive en condiciones muy precarias y con hacinamiento. Si se calcula el dinero que gasta el Gobierno para los ‘hotelados’ (una categoría que se ha naturalizado), ya se podrían haber llevado adelante varias iniciativas habitacionales para que haya una solución definitiva para las familias”, indica Laura Velasco, integrante del Consejo.  “Se mantiene a estas personas en una situación precaria. Puede haber desidia, pero en una parte necesariamente implica la sospecha de que atrás hay un gran negocio”, advierte.

El sistema se mantiene, entre otras cosas, con una oferta de hoteles muy acotada y que este año se restringió aún más. Un relevamiento de los hoteles que hizo la Asesoría Tutelar en abril de este año reveló que, sobre una base de 168 hoteles, sólo el 60 por ciento acepta personas con un subsidio habitacional. En 2015, era el 84 por ciento. El principal motivo que dan es el corte del pago por parte del Gobierno porteño. Además, el 39 por ciento acepta niños, mientras que otro 10 por ciento puede aceptarlos pero con restricciones en la cantidad o en la edad. Creció el número de hoteles que restringen los grupos familiares desde el año pasado y la muestra deja en claro que hay una fuerte arbitrariedad a la hora de imponer condiciones.
 
Esto deja sólo 62 hoteles que aceptan familias con niños y receptores de subsidios.  De esos, la mayoría no acepta familias de más de tres integrantes. Sólo el 15 por ciento tiene habitaciones para familias de cinco personas. Además, indican que la disponibilidad de ese tipo de habitaciones es muy baja, porque no suelen desocuparse con frecuencia. Por el contrario, quienes viven allí lo hacen por años. El precio promedio de una habitación para cuatro personas es de 4250 pesos y para cinco, 4800 pesos. Una habitación para una sola persona cuesta en promedio 2887 pesos.

En una entrevista con el diario Clarín,  el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, Maximiliano Corach admitió que se debería revisar el subsidio que reciben. El diálogo con la periodista fue el siguiente:

-El subsidio que les dan no alcanza.
-Les damos 1800 pesos por mes.
-Sí, pero una cama cuesta 3000.
-Ah, no sabía.
-Desde 2014 dan 1800... ¿No hay inflación para la gente de la calle?
-Sí, deberíamos rever el tema de las cifras de los subsidios.

Pero el problema no son sólo los subsidios, sino el dinero que se destina a que las personas vivan en condiciones insalubres.  “Hay una relación irrazonable entre los costos de los hoteles y las condiciones que tienen. Se requiere que esté regulado. La gente comparte baños, cocina. Muchas veces, no tienen buena ventilación. Las condiciones son muy precarias”, indicó la asesora tutelar Mabel López Oliva.  “El problema es que después que lo cobraste una vez, el Gobierno te lo deniega automáticamente. Presupone que con un subsidio que te alcanza para pagar un hotel, vas a generar una situación social ascendente que te permita salir de la situación de calle, lo cual no ocurre. Los que siguen cobrando es porque inician amparos judiciales”, indicó.

No es la única que observa falencias en el programa. La Auditoría General de la Ciudad, que preside Cecilia Segura, señaló una extensa serie de problemas en ese programa en un informe publicado hace dos años, en el que reclamó la actualización del monto de los subsidios.

De fondo, lo que queda claro es que las personas casi nunca acceden a una solución habitacional definitiva. Esto es particularmente cierto para el viejo programa de hotelados, dado que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tuvo durante los últimos cinco años una partida presupuestaria específica para créditos de vivienda, por iniciativa del entonces legislador Facundo Di Filippo. El problema es que esa partida –primero de cerca de 28 millones, luego de más de 40- nunca fue ejecutada. Para este informe, se intentó consultar al actual presidente del IVC, Juan Maquieyra, quien declinó la posibilidad de responder sobre estas cuestiones.

Di Filippo recuerda que una de las primeras medidas como jefe de Gobierno de Macri fue intentar disolver el programa de hotelados y ofrecerles dinero para que se vayan. El Tribunal Superior de Justicia terminó frenando esa decisión. “Hoy en día pagan 85 pesos por persona por día. Por una familia, pagan 800 pesos por día. 24 mil pesos por mes para vivan en dos habitaciones en hotel en condiciones paupérrimas. No tienen baño, ni cocina”, advierte Di Filippo. “Lo que es llamativo es que por una habitación en la que tengo cinco personas, el Estado paga tres veces más que si esas personas fueran en forma particular. El Estado paga 12 mil pesos y un particular consigue ese cuarto por cuatro mil pesos”, destacó.  “Nosotros planteamos que tienen que darle una solución habitacional definitiva. Ha habido casos donde encontraron una vivienda y el Estado no quiso pagar. O tardó seis meses y se venció la garantía. Ninguna familia terminó comprando”, advirtió. Esta es la principal queja de los que intentaron comprar una vivienda propia a través de los créditos sociales que establece la ley 341, sancionada en 2000.

Un estudio del desarrollo de esos créditos, hecho por el equipo del diputado Juan Cabandié, muestra que el año pasado se otorgaron un total de 40:


Fuente: Cuenta de Inversión CABA 2008-2015

Patricia recuerda las rondas de ministros en la Legislatura, en las que la entonces legisladora Rocío Sánchez Andía preguntó por qué no se ejecutaba la partida específica para el programa de hotelados de 1997: “Se comprometió en 2011 María Eugenia Vidal. No hizo nada. Hizo un convenio entre el IVC y Desarrollo Social, que después lo firma Carolina Stanley con Emilio Basavilbaso, que estaba en el IVC.  Las partidas presupuestarias se fueron sucediendo, pero jamás se ejecutaron”, dice Patricia. Esto condena a las personas que viven en hoteles a vivir prácticamente de por vida en condiciones deplorables y con constantes amparos judiciales para evitar quedar en la calle.

“Casi ninguno de los hoteles tiene capacidad para estar habilitado”, advierte Daniel Pini, otro de los hotelados históricos. Muchos acumulan clausuras, cuenta. En un caso que está judicializado y que fue contado por Nueva Ciudad aquí, una familia de 12 personas vivía en un hotel de Constitución cuyas habitaciones estaban clausuradas por la Agencia Gubernamental de Control. En ese caso, el Gobierno porteño pagaba 10.500 pesos por una habitación sin instalación eléctrica segura, sin baño y con humedad. Y el hotelero les hacía pagar otros 2.500 pesos a la familia. Por ese caso, el juez Andrés Gallardo multó al Gobierno porteño por no relocalizar a la familia.

El problema es que distan de ser la excepción. “Ha habido muertes, violaciones, de todo”, enumera Daniel. En un hotel, incluso procesaron al dueño por golpear a los inquilinos. Plomero de profesión, Daniel llegó en 2001 al programa: “Alquilaba un departamento en Arenales y Laprida, cuatro ambientes, y me iniciaron un desalojo. Cuando quemé las naves, que ya no tenía a quien pedirle ayuda, me fui al CGP de la zona. Presioné mucho, grité mucho, y finalmente logré entrar en este programa. Ahora, caímos en un hotel en San Telmo, en México y Chacabuco,  en una habitación de tres y medio por tres. Éramos cuatro y acostumbrados a vivir en cuatro ambientes. Fue traumático. Sobre todo para mis hijos”.

Cansados de vivir en las condiciones de los hoteles, parte de sus familiares llegaron a un acuerdo para irse. Daniel vivió una semana en la calle, hasta que logró que lo volvieran a alojar en un hotel. “Me hicieron rotar por cuatro o cinco hoteles”, recuerda.  “La gente - y creo que es lo que buscan-  se aburre, se cansa, se harta, se enferma. Y agarra lo que venga y sale. Pero después los ves en la calle. Yo tengo gente que vivió conmigo en el mismo hotel y que hoy está en la calle. Un caso con ACV, que quedaron discapacitados. Y con este Gobierno, peor. Porque la insensibilidad es mayor. Están apretando y están sacando gente del programa a pesar de que hay un amparo”, denuncia.

En un caso, echaron a una mujer porque las trabajadoras sociales no la encontraban en su habitación, durante el horario en el que estaba en su trabajo. Daniel lo resume: “La presión de los hoteleros es constante. Hay mucho insulto, mucho maltrato. Cuando entrás al programa, perdés la dignidad”. Cuando de lo que se trata es de recobrarla.

Foto tapa: Nosdigital.