Desnaturalizar la trata y la prostitución en la Ciudad

La entrevista con el funcionario PRO transcurría sin sobresaltos. Era parte de uno de los informes especiales que hicimos en Nueva Ciudad, el que vino después de la tragedia de Costa Salguero y analizaba cómo era el sistema de controles sobre fiestas y boliches. El entrevistado era el gerente de Nocturnidad de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ernesto Reina Morgan, quien describía las actividades comunes de los inspectores de su área: “Inspeccionamos desde lugares de 4000 personas hasta kioscos: los bares, los restoranes que funcionan hasta tarde, los clubes, los prostíbulos. Todo lo que funcione de noche lo inspeccionamos”.

-Perdón, ¿dijiste prostíbulos?

-Sí, prostíbulos.

-Pero… ¿los prostíbulos están habilitados como tales?

-No, de la actividad estoy hablando. Es lo que nosotros llamamos local de baile clase “A”. Y con servicio de sexo. Es una actividad que también está en la noche, si bien también está de día.

No es mi intención caerle particularmente a este funcionario porteño, que por otra parte fue muy sincero en reconocer las dificultades para controlar la noche porteña y la escasa cantidad de inspectores con la que cuenta. Pero me parece que lo que afirmó sirve para mostrar cómo está naturalizado por parte de los órganos de control el proxenetismo. Sucede que, en las lógicas burocráticas del Estado, la AGC no controla esa actividad, sino la habilitación del local según las normas vigentes, que hasta esta semana permitían esa actividad. 

El jueves la Legislatura dio un paso para que todas las whiskerías pierdan su habilitación si se comprueba que se explota allí la prostitución regenteada. La ley también prohíbe la figura de las alternadoras o coperas.

El jueves pasado, no obstante, la Legislatura dio un paso para que todos los locales clase “A” -también conocidos como “whiskerías”- pierdan su habilitación si se comprueba que se explota allí la prostitución regenteada. Tendrán 90 días para adecuarse a los cambios, con el objetivo de combatir la trata de personas. La ley tuvo 41 votos a favor y 19 abstenciones del Frente para la Victoria y SUMA+, que advirtieron que algunas de las cláusulas del proyecto son discriminatorias.

La iniciativa fue impulsada por el referente de La Alameda Gustavo Vera y acompañada por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. También prohíbe la figura de las “alternadoras” o “coperas”, por considerar que era una forma de encubrir la explotación sexual por parte de los proxenetas y hasta la trata de personas. La figura existe desde 1976 y era descripta como una "empleada contratada para alternar o bailar con los concurrentes".

La decisión tuvo el rechazo de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), que hace años le discute a La Alameda: su posición es que la prostitución es un trabajo. Tras la sesión, la titular de AMMAR advirtió sobre las consecuencias sociales que tendrá la nueva ley. “Usan una política prohibicionista para combatir un delito y, donde ya hay leyes similares, el resultado fue que nos empujaron a una mayor clandestinidad", sostuvo Georgina Orellano. "No se comprobó nunca que alguna alternadora trabaje por cuenta propia, ya que todas responden a un proxeneta", contestó Vera. Queda por verse cómo se aplicará el control de este cambio en la norma y si habrá clausuras por proxenetismo de ahora en más.

La Legislatura también aprobó en la misma sesión cambios para los eventos masivos como la fiesta Time Warp, que terminó con cinco jóvenes muertos por consumir drogas sintéticas en condiciones de hacinamiento y falta de agua. Producto de eso debió ser separado del cargo el gerente de Eventos Masivos de la AGC, Claudio Iacobaccio. Así como Reyna Morgan era el encargado de controlar boliches, Iacobaccio se ocupaba de los eventos masivos, como la fiesta en el Costa Salguero.

El negocio de la noche siempre parece tener la capacidad de adaptarse a estos cambios y encontrar las formas de continuar eludiendo los controles.

Como contamos aquí mismo, las muertes de los jóvenes en ese complejo tan cercano al macrismo no son casos aislados: se sumaron a 18 muertes en fiestas electrónicas en los últimos años. La ley que se aprobó, con 55 votos a favor, remeda las medidas que se tomaron ante cada tragedia. En primer lugar, crea un Registro de Productores de Eventos Masivos en la AGC. Tras el incendio de Cromañón, el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra creó un registro para todos los locales bailables clase “C”. Después del derrumbe de Beara, Mauricio Macri creó un registro público de bares. El negocio de la noche, manejado por pocas personas, siempre parece tener la capacidad de adaptarse a estos cambios y encontrar las formas de continuar eludiendo los controles. 

Para evitar que los dueños de los lugares donde se hacen las fiestas electrónicas -como el caso de Costa Salguero- se laven las manos, la norma indica que serán corresponsables con el organizador del evento de lo que allí suceda. Se reguló la cantidad de inspectores necesarios y la cantidad de asistentes. En la causa judicial se comprobó que la fiesta en Costa Salguero estaba excedida, pese a que el Gobierno porteño afirmó lo contrario. Los organizadores tendrán que presentar un Plan de Acción que contempla alertas a los hospitales cercanos, hidratación, sanitarios, socorristas, seguridad, y un largo etcétera. Varias de estas cuestiones ya estaban previstas cuando fue la fiesta de Time Warp. Algunas se endurecieron, como que de ahora en más la AGC deberá tener acceso en tiempo real a la cantidad de egresos e ingresos a la fiesta. El Estado pasaría a tener una mayor responsabilidad, frente a lo que algunos padres de Cromañón, como José Iglesias, describen como la privatización del control: en el caso de los eventos masivos, los organizadores presentan una serie de certificados de que contratan seguridad privada, médicos privados y el Estado se retira. 

En suma, no se diferencia esta decisión de los paquetes de medidas que se tomaron ante otras tragedias. Por supuesto que son necesarias, pero da la sensación de que las consecuencias institucionales por la muerte de los cinco jóvenes fueron escasas o prácticamente nulas. Queda claro que el show debe continuar.