Quejas de comerciantes y garajistas por el plan de peatonalización del centro

Avanza un proyecto del Gobierno porteño que propone ampliar la restricción vehicular a gran parte del centro porteño, generando resistencia de algunos sectores. La propuesta, impulsada desde la Secretaría de Transporte y aún en discusión, busca extender, a partir de marzo próximo, las áreas peatonales vigentes y prohibir la circulación de autos particulares de 9 a 18 horas  durante los días hábiles, en zonas de alta concentración de gente, como el Casco Histórico, Tribunales y Retiro, y cuadras menos pobladas, como Congreso y San Telmo.
 
En caso de avanzar en comisión, tratarse y aprobarse en la Legislatura, esta tercera etapa del plan de peatonalización limitará el ingreso de vehículos en un radio de 315 calles (hoy son 86 las afectadas) y exigirá al conductor tramitar un permiso especial anual que acredite residencia o cochera para transitar libremente. Caso contrario, será pasible de multas, ya que se instalarán 70 cámaras. Estarán exceptuados de llevarlo los vehículos de emergencia, los taxis, remises, motos y las fuerzas de seguridad.
 
Por estos días, el alcance de la medida es visto con preocupación y enojo por la mayoría de los empleados de garajes y estacionamientos que operan en el micro y macrocentro porteños. La tildan de "sorpresiva" y "drástica" al vaticinar el impacto que tendrá en su actividad diaria, y evalúan incluso medidas de fuerza para frenar su avance. En ese sentido, no descartan cerrar en forma temporaria los establecimientos para mostrar su repudio.
 
"Si se aprueba esa prohibición, se verán obligados a cerrar unos 450 garajes, lo que en términos económicos representa una pérdida de 700 millones de dólares y más de 2000 empleados sin trabajo. Es gravísimo", advierte en diálogo con La Nación Eduardo Sánchez, presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamientos de la República Argentina (Cagesra).
 
Según remarca, no se trata de un problema inherente al sector, ya que los comercios de otros rubros, ubicados dentro y cerca de la zona de exclusión, también serán perjudicados, porque estará restringida la accesibilidad de proveedores y clientes: "Quienes idearon este plan no midieron las consecuencias. Cierran nuestra actividad y la de los negocios aledaños, como las casas de música de Talcahuano, las relojerías y joyerías de Libertad y las mueblerías de Sarmiento".
 
María Esther Jorge, propietaria de un garaje ubicado en Mitre al 1300, pone sobre el tapete los efectos colaterales y la "cadena de trastornos" que, a su entender, provocan iniciativas como ésta en lo cotidiano, más allá de la falta de ingreso, "afecta la carga y descarga de mercadería, complica una mudanza, la ida a un consultorio, la búsqueda de los chicos al colegio, o la visita de un plomero, entre otros inconvenientes".
 
A esto se agrega la desinformación que impera entre los comerciantes, muchos dicen no estar al tanto de la situación, y la desvalorización que posiblemente sufrirán las propiedades. "Va a traer consecuencias serias y no creo que esto vaya a solucionar un problema ecológico y de contaminación, como proyectan desde el Gobierno", anticipa Antonio Carbone, encargado de Daiam, un local de música del que entran y salen bafles y equipos de sonido en forma permanente.
 
En el Gobierno de la Ciudad explican que se trata todavía de un plan en evaluación, que se aplicaría de manera gradual en el primer trimestre de 2017, y que implicaría, en realidad, una restricción parcial y en horario hábil de la circulación de los autos particulares, "no total" como aducen sus oponentes.
 
Entre los principales fundamentos, aseguran fuentes de la Secretaría de Transporte a La Nación, se apunta a "mejorar la calidad de vida de dos millones de personas todos los días", y a replicar lo conseguido hasta ahora en parte del centro: un espacio "más saludable, sustentable y seguro".
 
"En las grandes ciudades del mundo se piensan en las calles como lugares de convivencia, promoviendo el disfrute en el espacio público. Ese es el camino que elegimos para Buenos Aires: son dos millones de vecinos que se verán beneficiados con la ampliación del microcentro peatonal", plantea a La Nación Juan José Méndez, secretario de Transporte.
 
A su vez, se estudia la posibilidad de encauzar los colectivos en las calles Paraná y Uruguay para definir un espacio libre de estos vehículos.