Procesaron a CFK y la embargaron por $10.000 millones

La ex presidenta Cristina Fernández recibió una pésima noticia en el cierre del año. El juez federal Julián Ercolini decidió procersarla en una causa que investiga el posible direccionamiento de la obra pública al grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez. El mismo camino siguieron Julio De Vido, José López y Abel Fatala, entre otros funcionarios y el empresario patagónico.

Según el fallo, a la ex Presidenta se la acusa de haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

A Julio de Vido se le atribuye "en su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 (..) haber perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública ".

Con respecto a José López, el escrito detalla “que en su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia".

Cristina Fernández había pedido que se realice una auditoría integral sobre los contratos adjudicados desde 2003 a 2015 a Vialidad Nacional y la Justicia pidió que el organismo ratifique los números.