Denuncian a Uber por lavado de dinero y evasión tributaria

La causa judicial contra Uber suma un nuevo hecho. Tras el allanamiento de las oficinas de Payment Collection SRL, que hace los movimientos comerciales de la empresa y ejecuta los pagos a sus choferes, la Fiscalía de la Ciudad denunció hoy a la empresa por evasión tributaria y posible lavado de activos de origen delictivo.

La causa comenzó de oficio por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú. Esta unidad analizó los movimientos de dinero hechos por Uber Argentina y detectó que la operatoria financiera constituiría una evasión tributaria, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, y el posible lavado de activos de origen delictivo.

Según el informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la firma podría haber evadido los controles fiscales, y en consecuencia habría evadido el pago de tributos en la Ciudad por un monto de $ 2.089.318 en concepto de Ingresos Brutos. Además detectó que la empresa debió haber declarado, al menos en el ejercicio anual de 2016, $ 3.656.307 en concepto de valor agregado (IVA).

"La Unidad de Investigación Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) también corroboró que Uber mantiene operaciones marginales al no encontrarse inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)", dice el informe de la Fiscalía según publicó el diario Clarín. Y continúa: "Uber obtiene su dinero mediante el cobro de tarjetas de crédito internacionales y por diferentes sistemas de pagos on line, y esos montos son transferidos fuera del país en un 100%. Una semana más tarde, UBER introduce el 75 por ciento de ese dinero otra vez en el mercado local a través del pago a sus socios conductores mediante una empresa tercerizada, llamada Payment Collection SRL".

Según la denuncia de la Fiscalía de la Ciudad, los documentos financieros de Uber permitieron confirmar que las sumas de dinero que maneja la empresa exceden los $ 300.000, por lo que se concluyó que sus maniobras podrían configurar también lavado de activos de origen delictivo. La evasión tributaria tiene una pena de dos a seis años de prisión. Mientras que el lavado de activos, una condena de 3 a 10 años de prisión.

En la investigación ya están imputados los directivos de Uber, Enrique Ricardo Mihanovich Murphy, Gustavo Gilbert, Fernando Horacio Cao, Diego Mariano Olivera, Mariano Xavier Otero, Soledad Lago Rodríguez, Miguel Roberto Rattagan. Conocida la denuncia de la Fiscalía de la Ciudad, voceros de Uber dijeron a Clarín que "la mayor parte de los ingresos generados se queda en la Argentina y va a los conductores".

Respecto a la acusación de evasión, agregaron que la empresa paga todos los impuestos aplicables, requeridos por las leyes y acuerdos locales e internacionales. Para los voceros, la denuncia "carece de sustento fáctico y legal".