Más “inseguridad” en el área Metropolitana

El año pasado ha sido un año muy duro para la mayoría de los argentinos. Sufrimos un 2016 de fuerte estanflación, con una caída del PBI cercana al 3% y una inflación del 40%. El salario real perdió entre un 6% y un 10% de su poder de compra. Caídas semejantes tuvieron, también, las jubilaciones y las asignaciones. Esto impactó, obviamente, en el consumo popular.

Las compras en los supermercados y en los shoppings, a noviembre, tenían un diferencial de casi veinte puntos en relación a la inflación. Esa diferencia es también pérdida de confianza del consumidor.

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los lugares donde más fuerte golpeó el ajuste y donde más se sintió el aumento de tarifas. En CABA hay 800.000 jubilados y pensionados, casi 100.000 niños que reciben la AUH, 1.500.000 trabajadores y alrededor de 100.000 desocupados. Todos ellos vieron disminuidos sus ingresos. Son 2.500.000, es la inmensa mayoría de los porteños. Una población que hoy está más insegura en lo económico y en lo social.



A fin de 2016, tomando en consideración el impacto de la crisis en Buenos Aires y el conurbano, desde el Centro de Estudios Metropolitanos (un centro interuniversitario resultado de un acuerdo entre la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham) hemos realizado el primer relevamiento del Monitor del Clima Social del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ellos se observan preocupantes niveles de inseguridad económica, laboral y alimentaria, con picos en el segundo cordón del conurbano.

A nuestro entender la inseguridad social se compone de una suma de riesgos, incertidumbres e insatisfacciones, experimentadas en el presente y proyectadas al futuro. Se vincula con la ausencia de protección estatal. Esta inseguridad no permite dominar el presente y proyectar positivamente el futuro. Sentirse seguro es el primer paso para el desarrollo individual y colectivo. Nuestro objetivo con el Monitor es medir los niveles de inseguridad de manera periódica y en toda la región metropolitana, como una suerte de termómetro social.

En la Ciudad de Buenos Aires los resultados han sido preocupantes (aun considerando que los indicadores son claramente mejores que en el Conurbano). En CABA, el 54% de los entrevistados se siente inseguro en relación al transporte. En Educación alcanza al 48%, mientras que seis de cada diez experimenta inseguridad económica.



Para los porteños el principal problema es la economía. El 38% afirmó que su salario no le alcanza y que tiene dificultades económicas. El 35% considera probable perder su trabajo en los próximos meses. El 51% de los porteños sostuvo que su situación económica es regular. Un 11% la describió como mala o muy mala. Al ser consultados sobre su situación económica en relación al año anterior solo el 18% considera que está mejor o mucho mejor. Dos de cada diez entrevistados afirmaron que en los últimos doce meses disminuyeron en su hogar la porción de comidas porque no había suficiente dinero para comprar.

Como se observa, la percepción sobre la inseguridad económica es preocupante. Los resultados a los que accedimos muestran un deterioro social de magnitud. Un deterioro del que la inmensa mayoría de los porteños hace responsable al gobierno nacional (73%) y lo exime al local.

Como es lógico, esa responsabilidad aumenta al referirse a los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad (salud, educación, parte del transporte). En estos puntos la responsabilidad del GCBA oscila entre el 40% y el 50%. En ellos también los resultados muestran una importante disconformidad e inseguridad. Al consultar sobre como evalúan el servicio del transporte público, el 48% de los porteños lo consideraron entre regular, malo y muy malo. En lo que respecta al servicio de salud pública, 53% también lo consideró regular, malo o muy malo. Al preguntar lo mismo pero referido a las escuelas públicas el porcentaje asciende a 49%. En síntesis, se podría resumir que la mitad de la población de la Ciudad de Buenos Aires no está conforme con los principales servicios públicos que brinda el GCBA.



El 2017 no parece traer buenas noticias. Comenzó con aumentos en peajes, combustibles y medicina prepaga, y con nuevos anuncios de tarifazos en luz y gas. Además se presume que en marzo vuelve a aumentar el trasporte. El IET-CITRA de la UMET proyecta una inflación de 25,2% y un aumento salarial promedio de 32,8%, si se quiere recuperar lo perdido en 2016. En paralelo, el gobierno propone que las paritarias no superen el 17%. En este contexto, la primera mitad del 2017, más que a un año de crecimiento y reactivación, se va a parecer al tercer semestre de 2016.