Muy lejos de Basura Cero

La gestión de los residuos domiciliarios es uno de los servicios más problemáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la jurisdicción no sólo se generan cerca del 10% del total de la República Argentina sino que también tiene la producción per cápita de desechos más alta del país.

En el año 2005, la Legislatura sancionó la Ley de Basura Cero que tiene como principios: la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas; la separación selectiva; la recuperación y el reciclado.

Conviene recordar que la gestión de residuos en la Ciudad está divida en dos circuitos diferenciados. Por un lado existen siete zonas de recolección de residuos húmedos, seis privadas y una a cargo del Estado. Por otro lado, la recolección de los materiales que se pueden reciclar fue licitada a cooperativas de recuperadores.

En términos presupuestarios, la diferencia es abrumadora. De acuerdo a los últimos datos disponibles de 2016, el presupuesto disponible para la recolección privada era superior a los 9 mil millones de pesos. Mientras tanto, el dinero para las cooperativas era 770 millones, menos del 10% de lo que reciben los privados por trasladar residuos para ser enterrados.

Sin embargo, las falencias de la gestión local en esta esfera no se limitan a un problema de distribución de recursos. Sus errores se explican por la idealización de los efectos del libre mercado y las privatizaciones.

La política elegida por el GCBA en el último tiempo ha sido la licitación de plantas millonarias de tratamiento de residuos, concesionadas a empresas privadas que recuperan solo un pequeño porcentaje de los residuos que reciben. Mientras tanto, los cartoneros no solo reducen la cantidad de toneladas que se envían a la Provincia, disminuyendo el pasivo ambiental de la Ciudad, sino también le ahorran al Estado local millones de pesos por el costo de la disposición.

A pesar de esto, las cooperativas de recuperadores urbanos no reciben inversiones de infraestructura relevantes que permitan aumentar la escala de producción o el valor agregado del producto. A esta fragilidad estructural de los recuperadores se le suma una coyuntura económica desfavorable producida por un contexto internacional adverso y profundizada por decisiones políticas desacertadas.

A pesar de este contexto, en diciembre de 2015 el Gobierno Nacional decidió aprobar todas las solicitudes de importación de cartón corrugado. Esto provocó que el precio nominal se mantuviera estable a pesar que la inflación superó el 40%. La decisión generó un desajuste de toda la cadena productiva con consecuencias muy nocivas.

Esta decisión produjo una enorme pérdida del poder adquisitivo de los recuperadores, los más vulnerables del sector. En muchas ocasiones, el “incentivo” que cobran es menor al salario mínimo, son destratados y precarizados.  También  puso en peligro la sustentabilidad de la industria nacional.

El definitiva, el problema radica en que por sí solo el mercado no es capaz de unir dos variables que no necesariamente van de la mano: el valor de cambio y el valor de uso. Es decir, el precio por el que se comercia el bien (o el servicio) en el mercado y la utilidad práctica que esa sociedad le otorga. Por ejemplo,  es difícil que el mercado valore a una industria que produce sin aditivos contaminantes, para eso es necesaria la intervención estatal que incluya el beneficio ambiental en la ecuación económica. El mercado librado a su lógica no hace ese cálculo.

La gestión de residuos puede y debe ser sustentable en su esfera social, económica y ambiental.

El Estado no puede limitarse a recolectar los residuos y dejar que el libre mercado decida qué se recupera y qué no. Esta lógica no tiene en cuenta el enorme costo ambiental que genera cada tonelada que se entierra. El GCBA debe hacer un estudio exhaustivo de los actores involucrados y el mercado, enriquecer la capacidad técnica y realizar inversiones de capital en las cooperativas, a cargo de los residuos secos.

La gestión de los residuos sólidos urbanos necesita un Estado presente que asegure un espacio público limpio y saludable para todos los porteños; garantice condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector; reduzca la cantidad de residuos enviados a disposición final y fomente el consumo de productos reutilizables o reciclables. Si se entiende a los residuos como insumos industriales inevitablemente se llega a la conclusión que es necesario someterlos a tratamientos y procesos que aumenten su valor agregado. La gestión de residuos puede y debe ser sustentable en su esfera social, económica y ambiental.

La concientización sobre la importancia de la separación en origen no puede basarse solo en costosas campañas mediáticas sino que debe realizarse puerta por puerta, con la participación de los representantes comunales y las cooperativas de recuperadores urbanos.