La fiscal Boquín acusó al Correo de actuar con "mala fe procesal" por una demanda contra el Estado

La fiscal que objetó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el ex Correo Argentino por tratarse de una propuesta "abusiva", Gabriela Boquín, señaló que la empresa del Grupo Macri actuó con "mala fe procesal" ya que detectó que esta firma inició una demanda contra el Estado por un monto y tasa mayores a las que propuso para devolverle lo que adeuda hace 16 años.

Durante las negociaciones, la empresa le habría ocultado al Estado nacional el inicio de esta demanda y la fiscal argumentó que esta situación "convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado nacional, pues mientras ofrece pagar a partir del 2018 (...) un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11% por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes (sin determinar tasa) hasta el efectivo pago".

Las nuevas informaciones manejadas por la Fiscal señalan que el Correo demandó al Estado 15 días antes de la audiencia y 46 días después de realizada esa audiencia, amplió el reclamo por $2364 más intereses del 11% pero no lo comunicó al fuero Comercial. 

El acuerdo es ahora investigado desde tres frentes. Por un lado, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni investigarán en sede penal si se cometieron delitos; la Procuraduría de Investigaciones Administrativas lo hará por eventuales conflictos de interés; y la Oficina Anticorrupción analizará "los deberes éticos".

La causa había estado trabada en Tribunales durante más de 15 años luego de mútliples rechazos por parte del Estado de las ofertas hechas por el ex Correo. Con la gestión macrista, se aceptó una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033. Según Boquín, el ofrecimiento implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

La Cámara Comercial es la encargada de evaluar la validez del acuerdo pero la Fiscal adelantó que, de ser convalidado, apelará ante la Corte Suprema de Justicia.