La terminal

Ahora que ya sabemos que el presidente Mauricio Macri se despierta y se duerme pensando en solucionar nuestros problemas, tenemos que ayudarlo a que duerma mejor. Quizás un motivo que lo ayudará a conciliar el sueño son las distintas transferencias que le está haciendo a la Ciudad de Buenos Aires. Ya ocurrió la de la policía (con los fondos federales); está en disputa la del Poder Judicial, resistida por los propios jueces; se avanzó en medio de otra polémica con la de los Dispositivos Penales Juveniles y se transfirió el juego. La próxima transferencia será la de la terminal de Retiro. Una vez que se licite una nueva concesión, que reemplace la que tiene un empresario condenado por darle dádivas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. En el macrismo festejan esto, quizás olvidando que le cedieron generosamente al mismo empresario la construcción de otra terminal en la zona sur con condiciones más que generosas.

El Gobierno nacional lanzó una licitación con la que promete renovar la estación con una inversión de 500 millones de pesos para luego transferirla a la órbita del Gobierno de la Ciudad. La licitación la hace Nación para evadir a la Legislatura porteña.

 

La concesión de la estación de Retiro cumple 23 años y cualquiera que haya pisado la terminal sabe en qué condiciones la tiene la empresa TEBA, que preside Néstor Otero. Enhorabuena, el Gobierno nacional lanzó una licitación con la que promete renovar la estación con una inversión de 500 millones de pesos para luego transferirla a la órbita del Gobierno de la Ciudad. (Primera duda: si la van a transferirá a la Ciudad, ¿por qué la licitación la hace Nación? La respuesta es sencilla: porque así evaden a la Legislatura porteña, que debería intervenir para una concesión superior a los cinco años). El Ministerio de Transporte nacional anunció que aspira a que el nuevo concesionario haga autosustentable la terminal y ofrece un contrato por 20 generosos años. Viene con todo incluido: estacionamiento, publicidad, explotación de los locales comerciales, las estaciones de servicio y carga de combustible, los depósitos, las boleterías, las oficinas y hasta el servicio de maleteros. A cambio, el privado deberá pagar un canon al Estado.

Néstor Otero tenía la concesión desde 1993 y el Gobierno nacional se la extendió en 2006 por diez años y con una rebaja en el canon que pagaba, pese a los informes de la Auditoría General de la Nación que recomendaban no renovársela a raíz de los numerosos incumplimientos de la concesionaria. La figura clave en esa decisión fue Ricardo Jaime. Años más tarde, Otero fue condenado cuando se probó que le entregó dádivas al ex secretario de Transporte. El empresario admitió haber pagado los alquileres de dos departamentos de lujo en la Avenida del Libertador y en la calle Cerrito que usaba Jaime y, en un juicio abreviado, pidió una probation.

Cuando asumió en 2015, el Gobierno nacional de Macri le renovó por un año más la concesión a TEBA y finalmente la semana pasada anunciaron que lanzarán una nueva licitación y que se termina el negocio de Otero. El nuevo concesionario estaría en junio.

El macrismo tuvo sus propios negocios con Otero y le entregó la concesión de la terminal Dellepiane. La Corporación Sur hizo una licitación donde solo se presentó TEBA y, sorprendentemente, la ganó.

El único problema es que el macrismo tuvo sus propios negocios con el mismo empresario. En 2012, el Gobierno de Macri le entregó a Otero la concesión de la terminal Dellepiane, construida en Villa Soldati. La idea en sí misma no es mala: desconcentrar el tráfico y que parte de los micros fueran a esa terminal, muy al estilo de lo que ocurre en otras ciudades, como en México DF, que tienen varias terminales de ómnibus. No obstante, lo que hizo el Gobierno fue comprar un proyecto traído llave en mano por la empresa de Otero. La Corporación Sur hizo una licitación donde solo se presentó TEBA y, sorprendentemente, la ganó.

El gobierno porteño de Macri le entregó un predio de 37 mil metros cuadrados en la Autopista Dellepiane y Lacarra. El dato central es que le dieron a Otero la posibilidad de comprar esas tierras con un cómodo contrato de leasing a 18 años. La empresa, a cambio, asumió los gastos de la construcción de la terminal. Es decir que, en lugar de generar otra concesión, el macrismo directamente privatizó los terrenos y le financió a la empresa la compra con un leasing. Al final del período, TEBA podrá comprarla por el 5 por ciento del valor original de la construcción, sin que medie ninguna actualización por las mejoras que haga el Gobierno porteño (como, por ejemplo, la estación del subte E que llegará a esa terminal o la bajada de la autopista). No será mucho más de un millón 600 mil pesos. Una ganga, si se piensa que después no tendrá que pagar ningún canon al Estado.

El macrismo directamente privatizó los terrenos y le financió a la empresa la compra con un leasing. Al final del período, TEBA podrá comprarla por el 5 por ciento del valor original de la construcción.

Al igual que con la terminal de Retiro, en la del sur toda la explotación comercial y publicitaria queda para el empresario. El macrismo consiguió que este contrato leonino fuera aprobado en 2013 por la Legislatura porteña, que debía intervenir para cambiar la zonificación. Según un informe del ex legislador Rafael Gentili, “el macrismo aprovechó la ocasión para privatizar tierras públicas, perder el control sobre un servicio estratégico para la Ciudad y generar un negocio a perpetuidad para una empresa que cuenta con antecedentes poco transparentes”. Esta operación fue objeto de una denuncia penal en 2014 por parte de Gentili y del diputado nacional Manuel Garrido por los presuntos delitos de administración fraudulenta y negocios incompatibles con las funciones públicas.

Ahora bien, el objetivo de este acuerdo con un privado era absorber el 40 por ciento del tráfico que llega a la estación de Retiro. Tampoco sucedió. La terminar se inauguró en diciembre del año pasado, pero las empresas de micros de larga distancia no quieren usarla: señalan que por su lejanía se les duplican los gastos. Además, la Cámara de Empresas de Buses de Larga Distancia (CELADI) tiene una interna con Otero que no ayuda a que se decidan a usar esa terminal del sur, que por ahora es una terminal fantasma. Eso sí, a la Ciudad le va a costar lo suyo.