Vigilar y castigar a las mujeres

El bautismo de fuego de la Policía de la Ciudad, a pocas semanas de haber sido creada, fue la represión a los manteros de Once. El segundo hecho relevante que le conocemos, consolida ese camino: con policías de civil, la noche del miércoles salieron a cazar mujeres que habían participado de la marcha. Detuvieron a militantes, integrantes de la Defensoría general, periodistas. Las golpearon, las manosearon, una vez en la comisaría, las obligaron a desvestirse, entre otras humillaciones. Un regreso de las razzias de los noventa, en toda la ley. Tanto o más grave que lo ocurrido fue la respuesta política: en el Gobierno porteño justificaron lo ocurrido y culpabilizaron a las víctimas, por lo que quedó en claro que hubo una orden de actuar. En la Legislatura, el PRO bloqueó cualquier investigación sobre lo sucedido y defendieron a la policía que golpea mujeres a horas de una marcha contra la violencia machista.

Hace algún tiempo nos preguntábamos en esta columna cuál sería el modelo con el que se formaría la Policía de la Ciudad. Había dos opciones: un intento de recuperar el espíritu de la ley con la que se creó la Metropolitana (con controles civiles, un único escalafón, sin adicionales por hacer seguridad privada) o bien la Federal se fagocitaba a la nueva fuerza. Estamos en condiciones de afirmar que se eligió ese segundo camino, no solo porque el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, cedió ante reclamos como mantener los adicionales, sino por el rumbo que vemos que adquiere la flamante policía.

Con el retorno de la práctica policial de detener personas sin motivo, se vuelve a situaciones que -como se vio en este caso y en muchos anteriores- lleva a violaciones de los derechos humanos.

No obstante, como se señaló en la conferencia de prensa que dieron distintos organismos de derechos humanos junto a las víctimas en el CELS, el retorno de las razzias marca un nuevo retroceso en los acuerdos para una seguridad democrática a los que se había llegado. Hay que recordar que la facultad de la policía para detener personas sin motivo (en este caso, un grupo de mujeres que salían de comer una pizza y tomar una cerveza) fue recortada luego de la derogación de los edictos policiales, a raíz de un fallo de la CIDH que condenó al Estado argentino por el asesinato del joven Walter Bulacio. Con el retorno de esta práctica, se vuelve a situaciones que -como se vio en este caso y en muchos anteriores- lleva a violaciones de los derechos humanos.

Pero más importante que esto aún es analizar cuál fue la respuesta del poder político ante la brutalidad policial y la violencia institucional que se ejerció sobre el cuerpo de las mujeres (por no mencionar las amenazas, las frases racistas, lesbófobicas, y sigue la lista). ¿Cómo respondieron desde el Gobierno porteño a este accionar de la policía?

El responsable directo de la Policía de la Ciudad, el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, aseguró que “los policías que detuvieron a las mujeres luego de la marcha no están suspendidos. La policía actuó por la escalada de violencia de la manifestantes y por pedido de los dignificados de la violencia”. Su superior, el ministro Ocampo, aseguró en un reportaje con Radio Ciudad que “el operativo policial fue intentar terminar con la violencia que estaban ejerciendo unos pocos. En algunos casos, las detenciones no se hacen en el momento y en el lugar. Si no tuvieron nada que ver, no va a pasar nada. Eso lo determinará la Justicia. Determinar las actitudes ilícitas no le corresponde a la Policía”.

-Concretamente, ¿qué estaban haciendo estas mujeres?

-Muchas estaban con bombas molotov. Agredieron periodistas y policías.

-¿Le consta que esas mujeres intervinieron en los hechos?

-Del sumario policial se desprende que esas personas habían intervenido en esos hechos.

Volviendo a la realidad, hay que señalar: 1) que las 16 mujeres fueron detenidas en otro lugar y varias horas después de las pintadas en las vallas de la Catedral, 2) las mujeres estaban saliendo de una pizzería, lo cual –hasta donde sabemos- no constituye un delito, 3) que entre las detenidas había periodistas y reporteras gráficas que estaban registrando los hechos e integrantes del Ministerio Público de la Defensa, que mal pudieron ser las que protagonizaron los incidentes previos, 4) que la policía actuó de civil, sin identificarse y cometiendo, eso sí, una serie de delitos que ahora deberán investigar la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). No es cierto, como afirmó Ocampo, que “no va a pasar nada”. Habrá una causa judicial para determinar las responsabilidades penales de todos los involucrados. No hay una ley que habilite a la policía a detener personas que están saliendo de cenar o en la vía pública. Las requisas vejatorias, las humillaciones y maltratos que sufrieron tampoco parecieron preocupar a los funcionarios PRO.

La justificación de la brutalidad policial llegó a la Legislatura porteña, donde el macrismo bloqueó un pedido de interpelación al ministro Ocampo y un pedido de informes.

La protección del PRO a los policías violentos que actuaron con impunidad en la cacería de esa noche se extendió a la Legislatura porteña, donde el macrismo bloqueó un pedido de interpelación al ministro Ocampo y un pedido de informes. La vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, afirmó que “si yo cometo una contravención, uso pintura. Si yo hago algo en contra de la ley, no puedo venir a victimarme de esta manera. Cuando se hace algo, hay que hacerse cargo”. La presunción de inocencia no parece haber formado parte del debate legislativo, como tampoco la extraña circunstancia del joven que se paseó frente a las feministas con una bandera del Vaticano y que resultó tener estrechas vinculaciones con el PRO y con las fuerzas de seguridad.

En esa misma sesión, la legisladora Andrea Conde recordó que no fue el primer hecho de estas características que se vivió esta semana. El día previo a la marcha, la Policía de la Ciudad se encontró a un grupo de seis mujeres que estaban siendo sujetadas y zamarreadas por otro grupo de militantes ultracatólicos, que las acusaban de pintar una Iglesia y sostenían un aerosol en sus manos. ¿Cuál fue la respuesta de la policía ante esa situación? Detener a las mujeres y tomarles testimonio a los varones.

La semana que pasó dejó tres movilizaciones masivas que reclamaron al Gobierno nacional. Como respuesta, además del accionar policial, el Presidente anunció que se comprará un auto blindado para moverse lejos de los ciudadanos. Si se sigue en esta línea de justificación de la brutalidad policial, quizás el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en vez de seguir yendo a reuniones con vecinos anuncie dentro de poco que tendrá uno propio.