Sin balas

Volvía a mi casa en colectivo cuando entreví una conversación entre un policía porteño y el chofer. Me llamó la atención lo que decía el agente, que vestía un uniforme de la Federal con el logo de la Policía de la Ciudad sobreimpreso: “Debe ser lindo tener un sindicato. No recuerdo cuándo fue la última vez que alguien defendió mis derechos. Lo más parecido era el Círculo de Suboficiales. Pero nunca me asocié. Era carísimo”. El colectivero le contestó que sí, que tenía sus cosas buenas y malas, la conversación derivó a las obras sociales (el ex Federal dijo que la suya era “una reverenda mierda” y que prefería atenderse en hospitales públicos; también comentó que ahora, con el traspaso, tenía la opción de cambiarse a una de la Ciudad, que tampoco le convencía). Más tarde, quedó claro que en otras épocas el ahora policía estuvo sindicalizado: “La última vez que tuve un gremio fue cuando trabajaba en la construcción. Me echaron en 2001”. Es fácil trazar el itinerario que hizo después hasta su presente de uniforme.

Si empiezo contando esto es para mostrar que hay realidades complejas detrás de la nueva policía porteña y que podrían existir otras alternativas al carácter represivo que, cada vez más, se le está dando. Se está retomando lo peor de la Federal: en sucesivas columnas, contamos aquí que la Policía de la Ciudad tuvo su bautismo a pocas semanas de nacer reprimiendo a los manteros de Once. Luego siguió consolidando esa impronta en la marcha por el paro internacional de mujeres, cuando fue a la caza de un grupo de chicas que salía de una pizzería. Ese hecho, que marcó el triste retorno de las razzias a nuestra democracia, fue duramente cuestionado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), que incluso llegó a hablar de lesbofobia por parte de los policías uniformados y de civil que actuaron. Pero más grave aún que todo esto fue que los funcionarios políticos, en lugar de ponerle freno a la brutalidad policial, salieron a encubrir y defender lo actuado. Así lo hizo el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, quien llegó a culpar a las mujeres de estar “tirando molotovs y agrediendo periodistas”. Al funcionario preferido de “El Tano” Angelici se le pasó que varias de las detenidas, maltratadas, desnudadas y humilladas eran, precisamente, periodistas.

La Policía de la Ciudad tuvo su bautismo con la represión a los manteros de Once. Luego siguió en la marcha por el paro internacional de mujeres, cuando fue a la caza de un grupo de chicas que salía de una pizzería. Ese hecho marcó el triste retorno de las razzias a nuestra democracia.

La escena se repitió en La Boca en la semana que pasó. Y, ahora sí, metámonos en la cruda crónica policial: se supone que un patrullero de la Bonaerense venía persiguiendo desde Isla Maciel a un Fiat 500, presuntamente robado. Al bajar en La Boca, ese auto chocó con otro patrullero y supuestamente hubo un intercambio de disparos (hay testigos que señalan que vieron disparar a los policías, pese a que estos lo niegan). Claudia Ovejero, de 41 años, salió del pasillo de su casa en La Boca a intentar rescatar a su hija de la balacera y recibió un disparo que le entró por el ojo izquierdo y le salió por la nuca. Agonizó unas horas en el Hospital Argerich y falleció. Otra vecina, Susana Bordón, fue herida por esa misma bala en la zona cervical y se encuentra internada, aunque fuera de peligro.

Ya en este primer relato encontramos a policías entrando a La Boca como si se tratara del Far West, a los tiros, sin medir la posibilidad de que (como ocurrió) muriera una vecina. Pero esto no terminó allí: luego los vecinos salieron a protestar y fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad, que dispararon con postas de goma. Se abrió una investigación a cargo de la fiscal Susana Calleja, que mandó a secuestrar las armas que usaron todos los policías. Las pericias estarán a cargo de la Gendarmería, hasta que se deslinden las responsabilidades de las dos fuerzas policiales involucradas.

Antes de que esté concluida esa pesquisa judicial y se sepa concretamente quién hizo qué, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, ya estaba defendiendo a los policías. Y esto es lo más complejo en términos institucionales: el amparo que sienten los uniformados por parte del poder político ante estos casos. "Yo no puedo hablar de la actuación de la Bonaerense. Sólo digo que la Policía de la Ciudad no tenía balas”, afirmó Larreta. ¿No tenía balas? Suponemos que se refiere a balas de plomo. Esperemos que la investigación posterior aclare esta frase de la máxima autoridad de la Ciudad, pero por ahora nos preguntamos: ¿cómo es que no tenían balas? ¿Salieron desarmados? ¿Hay policías desarmados patrullando? ¿O cuando vieron el tumulto de vecino, se sacaron las armas con balas de plomo y las dejaron en el baúl del auto? La otra posibilidad es que ya fueran preparados para reprimir la manifestación espontánea de los vecinos, y con la orden política de hacerlo.

Lo más complejo es términos institucionales es el amparo que sienten los uniformados por parte del poder político ante estos casos.

Todo esto ocurrió el mismo día que Larreta lanzó un spot en que dijo que iba a ser menos flexible con los cortes de calle y tras una serie de entrevistas con los medios amigos en las que aseguró que se iba a desalojar a quienes hacen “el corte por el corte mismo”. ¿Quiénes serían? Los identificó como Quebracho o La Cámpora. Si se milita en alguna de esas agrupaciones, según vemos, ya no se tienen derechos. También dijo que el derecho a la protesta se configura por la masividad de la manifestación. Si son 400 mil, pueden protestar. Si son 40, no tienen derecho, y les mandamos la policía. Una curiosa interpretación la Constitución nacional y los tratados internacionales.



Sobre el asesinato de la vecina de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que comenzó a intervenir en la causa, emitió un comunicado que deja algunas cosas en claro: “Una vez más agentes de fuerzas de seguridad ingresaron disparando a un barrio popular con resultados letales porque la intervención policial priorizó la resolución de un robo automotor por sobre la integridad física de las personas. Las persecuciones policiales de autos robados son situaciones en las que los efectivos policiales parecen autorizados a disparar a mansalva, produciendo muertes y heridas graves tanto a personas presuntamente involucradas en hechos delictivos como a terceros que nada tienen que ver”, indicaron.

Y recordaron que hubo antecedentes como el de Fernando Carrera en Pompeya; o el de Jonathan Echimborde, de 28 años, que a fines del año pasado estaba en la puerta de su casa en Mataderos cuando lo alcanzó una de las once balas que disparó un integrante de la Policía de la Ciudad. El CELS también advirtió sobre la represión a los vecinos, a quienes les dispararon casi a quemarropa y le produjeron lesiones serias. “Esta actuación policial conjunta muestra los peores rasgos de las políticas de seguridad actuales: un operativo que culmina con personas muertas a raíz de un uso irracional de la fuerza y, también, con heridos por la represión de una protesta”, advirtió el organismo de derechos humanos. Sobre esto, de momento, Larreta no hizo un spot.