Basura CEO: El negocio de la recolección de residuos

 Hay un negocio que atraviesa varias administraciones, y la de Horacio Rodríguez Larreta no es la excepción: el de la basura. Lejos de las metas que obligaba a cumplir la Ley de Basura Cero, se sacan de la Ciudad y hacia el CEAMSE 6700 toneladas de residuos por día. Las 12 cooperativas de cartoneros que tienen a su cargo el tratamiento de los reciclables consiguen disponer de 600 toneladas por día. Mientras tanto, la oposición continúa cuestionando el costo del contrato, donde una cuadra que limpia una empresa privada duplica en valores a la zona testigo que es limpiada por el Estado. Desde el Gobierno porteño, aseguran que es para amortizar los cambios tecnológicos que debieron hacer las empresas con los contenedores y los nuevos camiones. No obstante, el macrismo le adelantó ese dinero para que compraran los nuevos equipos. Mientras el debate de cómo separar y recuperar parte de la basura continúa, el negocio sigue inalterado.
El problema de la basura siempre fue complejo: combina cuestiones sociales, culturales y de políticas públicas. Pero sobre todo es uno de los principales gastos del Estado porteño, que explica también el costo de los impuestos sobre todos los habitantes de la Ciudad. De las 6700 toneladas diarias de basura que se recolectan, 2500 son de residuos áridos (esto es, restos de construcción y escombros). De las 4200 toneladas restantes, solo 600 se recuperan, lo que obliga a enterrar en el CEAMSE 2700 toneladas diarias. Para tener algún parámetro de comparación, la Ley de Basura Cero obligaba al Gobierno porteño a ir reduciendo progresivamente la cantidad de basura que se entierra. Se incumple desde 2005. Recién fue reglamentada por el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman en 2007 y en el decreto de reglamentación se fijaron las metas año por año. Para 2017, la meta era  374.414 toneladas en el año. En menos de dos meses ya se superó.
Los residuos húmedos son manejados por distintas variantes de las mismas empresas hace décadas (ver La historia del negocio). Actualmente, es a través de un contrato que se licitó en 2014 y que tiene una duración de 10 años. Pese a que la Constitución porteña indica que los contratos de más de cinco años deben pasar por la Legislatura, el Gobierno porteño no lo envió. Esto llevó a que le trabaran un amparo en el fuero contencioso administrativo que no prosperó. Actualmente, hay una denuncia penal presenta por el dirigente del Partido Social Facundo Di Filippo y Jonathan Baldivieso, del Observatorio de Derecho a la Ciudad, en la que acusan al entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri y a su ministro de Espacio Público Edgardo Cenzón de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el texto, recuerdan que la Constitución porteña dice en su artículo 104, inciso 23, que “toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura”. El Gobierno porteño argumenta que eso ya se cumplió con las audiencias públicas.
“Toda concesión que el Estado de la Ciudad hace por más de cinco años tiene por la propia Constitución que pasar por la Legislatura y, por lo tanto, en este caso no ha pasado. Estuvo judicializado. Me parece que hay un incumplimiento de carácter constitucional, que me parece que tiene que ver con que pase un negocio de estas características tan voluminosas y tan cuestionable desde algunos aspectos y que si pasaba por la Legislatura iba a generar polémica y debate y por lo tanto decidieron sortear ese camino”, indica el legislador de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli. Entre los caracteres cuestionables, Campagnoli indica que se encuentra el costo de la recolección.
La Ciudad está dividida en siete zonas de recolección: seis son privadas y una la maneja el Ente de Higiene Urbana, un organismo estatal. Se trata de la zona testigo, que debería dar la pauta de cuanto cuesta limpiar una cuadra. 

Ahora bien, cuando se observan los costos de la limpieza en manos del Estado y el costo en manos de las privadas surgen algunas cuestiones llamativas. “En el caso de las empresas privadas el costo es de 460 mil pesos por cuadra por año y en el caso de lo que administra el Estado es la mitad”, advierte Campagnoli. Concretamente, al Estado una cuadra le cuesta 204 mil pesos y a los privados, un promedio de 466 mil pesos. El macrismo siempre argumentó que esto se debe a la diferencia salarial entre el gremio de Camioneros (privados) y los estatales. 

¿Por qué el Estado estaría dispuesto a darle a un privado la concesión de la recolección de la basura por el doble de lo que le cuesta limpiar al ente estatal? El secretario de Higiene Urbana, Pablo Di Liscia, indica que “la dinámica de precios en este contrato impacta mucho, porque acá los dos componentes grandes del contrato son las mano de obra (5000 trabajadores de camioneros más 2500 por agencia). Y el otro componente es combustibles. Por supuesto que es un contrato que insume un montón de recursos de la Ciudad. Eso claramente. 8500 millones de pesos por año en otras jurisdicciones es un ministerio o es una municipalidad. Pero lo tenemos que mirar en términos relativos. Acá tenemos tres millones de personas viviendo y tres millones de personas que vienen todos los días a la Ciudad. Producimos 6700 toneladas de basura por día”, indica. También advierte que el servicio es diario, cuando en otras ciudades se levanta la basura tres días por semana. “Hoy no se puede pensar en un sistema salteado”, indica Di Liscia, quien de todas formas advierte que ese es el cambio al que hay que tender.
La presidenta de la Auditoría de la Ciudad, Cecilia Segura, ha llamado la atención sobre otro de los problemas que enfrenta el contrato privado: el control a las empresas. Es ejecutado por otras empresas privadas y que tiene un costo de 203 millones de pesos. Para que se vea la diferencia: antes de que estuviera tercerizada, el Estado en 2012 gastaba 2 millones de pesos en el control de las empresas de recolección de basura. 

De esta forma, a las empresas de la basura hay que agregar otro grupo de empresas que tienen tercerizado el control de calidad:

En el caso de estas empresas, el contrato es por cuatro años, no por 12. El secretario de Higiene Urbana, de todas formas, advierte que se está avanzando en incorporar tecnología de control. “Con un sistema de telemetría, ya controlamos los camiones y vamos a avanzar en controlar también cada container”, indicó.
“Buenos Aires es la ciudad  del país que más dinero gasta en la gestión de sus residuos y sin embargo no está ni cerca de ser la más limpia Esto sucede por la falta de una política integral, planificada y ambientalmente sustentable. Hubo idas y vueltas, errores, demoras y dos marcas típicas de la gestión macrista: mucho marketing, y un montón de promesas incumplidas”, advierte Segura, la titular de la Auditoría. 
“El Gobierno de la Ciudad ahoga a las cooperativas de cartoneros y al mismo tiempo se endeuda en dólares para financiar a las empresas de recolección con 1300 millones de pesos para que se equipen, cuando el pliego de licitación exigía que las empresas debían financiar su equipamiento como condición para presentarse”, recuerda. En 2014, el macrismo consiguió que la Legislatura aprobara un adelanto de 1312 millones de pesos a las empresas de recolección para que comprara los camiones de carga lateral. En su momento, eso fue cuestionado por diversos dirigentes de la oposición porteña, como el legislador Martín Hourest. Sobre este tema, Hourest llegó a hacer un comparativo de lo que le cuesta a la Ciudad de Buenos Aires recolectar la basura con otros distritos. Así, en junio de 2013, Buenos Aires pagaba 1239 pesos por habitante, mientras que Madrid –una ciudad de población similar- pagaba 600 pesos y ofrecía más servicios. Córdoba destina 775 pesos y Rosario, 298 pesos.
Además, el Gobierno porteño aceptó en 2012 pagarle a las empresas de recolección una indemnización para sus trabajadores, que no fueron despedidos. Para esto, la Ciudad se endeudó por 220 millones de pesos. Esto fue registrado por la Auditoría en un informe de 2012, en el que además advirtieron que “se ha observado que la Administración no actuó con celeridad ante el incumplimiento de las contratistas en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos y a la entrega
oportuna y en las condiciones contratadas de bienes adquiridos”. Se referían a los camiones de carga lateral que, al final, el Estado les financió. Como se puede ver, las empresas de recolección de basura siempre ganan.