Sobre llovido, mojado

Después de una semana de esquivar balas por la detención del jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar, a Horacio Rodríguez Larreta le tocó ver cómo denunciaban por enriquecimiento ilícito a su ministro de Seguridad, Martín Ocampo. Solo una sólida malla de protección mediática le permitió al gobernante pasar por alto el hecho sin tener que responder ni una pregunta. Su funcionario tampoco consideró necesario hacer aclaraciones públicas sobre las propiedades, las empresas y el dinero sobre el que puso la lupa el legislador Gustavo Vera. Ocampo tampoco fue a dar explicaciones a la Legislatura: en su lugar, fue el secretario de Seguridad, quien no parece haber convencido a los legisladores. Para completar un panorama en torno a la fuerza policial conducida por el macrismo, esta semana se iniciará el juicio por los disparos con balas de plomo de la Policía Metropolitana en la represión de la Sala Alberdi.

El Gobierno porteño venía de una semana de dar explicaciones sobre la causa en la que se investigan presuntas coimas cobradas en Nuñez y Saavedra por un grupo de comisarios y en la que terminó detenido Potocar –nada menos que el primer jefe de la Policía de la Ciudad- como presunto jefe de una asociación ilícita. Con esa detención, Larreta tuvo su Jorge “Fino” Palacios, aunque con mucha menos presión en los medios de la que debió enfrentar Mauricio Macri cuando renunció el primer jefe de la Metropolitana, acusado de encubrir el atentado de la AMIA.

Cuando parecía haber pasado el ciclo de noticias en torno a Potocar, el legislador de Bien Común Gustavo Vera presentó una denuncia contra Martín Ocampo y su esposa Nancy Peralta por supuesto enriquecimiento ilícito. La noticia tuvo cobertura en pocos medios –por supuesto, en Nueva Ciudad, se publicó con lujo de detalles- y rápidamente pasó al olvido.

Con la detención de José Potocar, Larreta tuvo su Jorge “Fino” Palacios, aunque con mucha menos presión en los medios de la que debió enfrentar Mauricio Macri.

Pero repasemos cuál era el contenido de la denuncia, que recayó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, dado que la cantidad de datos que ofreció no es poca. Sostiene Vera, a partir de la declaración jurada de Ocampo y del uso de la base de datos Nosis, que entre el 1 de febrero de 2013 y el 13 de abril de 2015, Ocampo y su esposa destinaron 675 mil pesos a la compra de acciones, títulos y bonos. En 2013 y 2014, además, el actual ministro de Seguridad compró diferentes bienes inmuebles por otro millón de pesos. Vera advierte que los ingresos no se condicen con esas compras (Ocampo tenía un salario de legislador y luego de jefe de fiscales) y, a su vez, sugiere que muchas de ellas están subvaluadas en la declaración jurada. Por ejemplo, indica que una propiedad en Pinamar de la cual Ocampo compró el 30 por ciento tiene según lo que declaró el ministro, un valor de 4600 el metro cuadrado “lo cual está muy por debajo del precio de mercado de aquél momento”. Lo mismo ocurre con los terrenos que declara en Ostende y en Uruguay.

En la pormenorizada denuncia, Vera indica que el matrimonio de Ocampo tenía a abril de 2016 otro millón y medio de pesos entre efectivo y depósitos y que, entre 2014 y 2015, el ahora ministro de Seguridad, habría conseguido acciones por el 30 por ciento de una compañía constructora y el 75 por ciento de una inmobiliaria. El legislador cree haber dado con las empresas, pese a que Ocampo no facilitó la información. Se trata de la empresa Arzobispo Espinosa 1356 a la que Ocampo ingresó con un pago de 15 mil pesos. Actualmente, no obstante, la empresa le debe un millón 300 mil pesos. “Podría tratarse de falsas deudas creadas al sólo efecto blanquear dinero de origen ilícito”, conjetura Vera en la denuncia.

La inmobiliaria sería Seguel S.A., donde Ocampo figura como socio junto a Isabela y Martina Camín, quienes fueron empleada de la Legislatura cuando Ocampo era diputado (y la última, a su vez, era empleada del Bingo Ramallo S.A., vinculado a Daniel “El Tano” Angelici). Otra empresa que le debe un millón de pesos a Ocampo es Benissa SRL, también vinculada a Angelici. Ocampo comparte domicilio con una serie de empresas fundadas por Angelici. En una de ellas, Cronopios S.A. el ministro de Seguridad llegó a ser director suplente.

A su vez, con Ernesto Ochoa, el marido de la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso (otra de las protegidas de Angelici), Ocampo tuvo una empresa de cría de aves de corral llamada Empoyando S.A. “Ernesto Ochoa se desempeña desde marzo de 2014 como empleado en relación de dependencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, es decir desde que Martín Ocampo llegó a esa dependencia”, afirma Vera, quien también indica que los socios de esa empresa renunciaron en 2011 y fueron reemplazados nada menos que por Daniel “El Tano” Angelici y María Inés Belloni, su cónyuge, quien ahora es jefa de Gabinete del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Martín Ocampo, minsitro de Seguridad porteño, y su esposa Nancy Peralta fueron denunciados por el legislador Gustavo Vera por supuesto enriquecimiento ilícito.

Para completar el panorama, Vera también indaga sobre una empresa agropecuaria a nombre de otro empleado de la legislatura, Fabián Pesce y de su madre. “¿En concepto de qué esta empresa, que en el año 2015 tuvo un aumento de capital a 850.000 prdod, y cuyo director titular es un empleado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2013 le debe 50.000 pesos al actual ministro?”, se pregunta.

La denuncia en sí misma es por ahora solo eso: una denuncia. La jueza deberá investigarla y rige el principio de inocencia. No obstante, es extraño que el ministro de Seguridad no haya salido a dar ningún tipo de explicación. En su entorno, dijeron que presentará los documentos en la causa y eso fue todo. Sabe a poco, sobre todo cuando el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad se encuentra detenido por presunta corrupción.

En la semana que pasó, Potocar estuvo declarando extensas horas ante el juez Ricardo Farías y el fiscal José María Campagnoli. Mientras sigue detenido, la Legislatura continuó sin recibir a Ocampo para que diera las explicaciones institucionales del caso. El ministro de Seguridad derivó esta ingrata tarea en su secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. El legislador Gabriel Fuks, quien había promovido sin éxito la interpelación de Ocampo, le preguntó desde cuando sabían del involucramiento del jefe de la Policía en esa causa y por qué lo suspendieron días antes de la detención. No se fue satisfecho con las respuestas. Y no fue el único. "Todo policía responsable de un caso de corrupción va preso y el policía que comete delito se va", sostuvo D’Alessandro, pese a que también afirmó que en los antecedentes de Potocar “no había nada malo”. La comisión de seguimiento de la Policía de la Ciudad se volverá a reunir mañana para seguir con las investigaciones, pese a las pocas ganas del ministro de responder.

Hasta ahora la Policía de la Ciudad ha mostrado un perfil de desalojo violento de protestas y otro en el que quedó ligada a los viejos vicios de la Federal. Pero esta semana tendremos también un recordatorio de cómo operaba la Metropolitana. El miércoles comenzará el juicio a tres oficiales por su participación en la represión de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Los hechos, de 2013, dejaron a tres personas con heridas de balas de plomo. En su mayoría, eran periodistas y reporteros gráficos que estaban cubriendo lo que ocurría. Están acusados de tentativa de homicidio. Los responsables políticos de esa represión, así como la del Parque Indoamericano y la del Borda, no están ya siendo investigados en ninguna causa.