Quieren frenar el desalojo del Elefante Blanco en Villa Lugano

A fines del año pasado llamaron a licitación para realizar un estudio estructural que permita demoler los pisos superiores y conservar las tres primeras plantas del legendario edificio Elefante Blanco.  El presupuesto asignado a la obra asciende a $ 580 millones, según el proyecto de presupuesto presentado en la Legislatura porteña, informa revista Qué.
 
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad junto con la Asesoría Tutelar presentaron una medida cautelar ante el Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, para impedir los desalojos compulsivos en las inmediaciones del Elefante Blanco.
 
La medida fue solicitada por el defensor Ramiro Dos Santos Freire y la asesora Tutelar Norma Sas, y tiene carácter de “urgente”, a fin de resguardar el derecho a la vivienda digna de las personas que habitan en el entorno del Complejo Elefante Blanco, ubicado en Villa 15. Además, 50 familias del barrio firmaron un petitorio para que se suspendan los desalojos.
 
Según indicaron en la presentación judicial “las versiones sobre la posible instalación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA al Complejo Elefante Blanco, generan incertidumbre entre los vecinos, en la medida en que no se prevé una solución habitacional para quienes deban ser trasladados”.
 
Incluso, expusieron que “en la Defensoría General se han recibido pedidos de manera informal que dan cuenta de la preocupación de los vecinos que reciben constantemente visitas de funcionarios” del Gobierno porteño “que manifiestan que deben retirarse del predio y que resultaría inminente un desalojo”.
 
Y señalaron que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su Programa ATAJO, “ha receptado denuncias de vecinos que dan cuenta de esta situación”.
 
Por otra parte, el defensor y la asesora Tutelar recordaron que la Observación General N°7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, establece pautas de actuación que deben llevar adelante los Estados en materia de desalojos forzosos, a efectos de proteger los derechos de las personas afectadas.
 
“Resulta indubitable entonces que, a raíz de las acciones desarrolladas por el GCBA, se ha generado una situación de angustia e incertidumbre entre los vecinos del Complejo, que tiene el temor a perder sus precarias viviendas, quedando en una situación de vulneración aún peor a la que se encuentran actualmente”, señalaron ambos profesionales.
 
Caber recordar que, en el momento de llamado a licitación, Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat afirmó que estaban “esperando que la gente con la que acordamos la salida también se vaya”, en referencia a tres familias que siguen viviendo en la planta baja y se niegan a abandonarla.
 
“Cabe recordar, tal como se encuentra largamente acreditado en autos, se trata de familias en gravísima situación de vulnerabilidad social y de carencia de recursos, que les impide sostener derechos básicos y que necesitan imperiosamente de la asistencia estatal y el reconocimiento de sus derechos”, explicaron en la presentación.
 
Por ese motivo, destacaron que “resulta imperiosa la intervención del Poder Judicial a fines de garantizar plenamente los derechos de las personas involucradas, y que merecen una protección especial tratándose de grupos en situación de grave vulnerabilidad”.
 
“En forma previa a cualquier medida de relocalización, es necesario el diálogo respetuoso con los habitantes del lugar para que se garanticen efectivamente los derechos humanos involucrados”, concluyeron Dos Santos Freire y Sas.