La Justicia suspendió la instalación de parquímetros en los barrios

La ampliación del estacionamiento medido a los barrios es desde hace años una meta del Gobierno de la Ciudad. Y aunque en diciembre último consiguió la aprobación de la ley que le permitía extender el sistema a uno de cada cuatro espacios existentes, el proyecto vuelve a quedar paralizado, al menos por los próximos tres meses. Un juez porteño ordenó la suspensión de todo proceso de licitación relacionado con el servicio de parquímetros y de acarreo, al hacer lugar a un recurso de amparo que pide la nulidad de la ley que habilitó al Poder Ejecutivo a instalar más dispositivos, informa La Nación.
 
El magistrado Francisco Ferrer, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°23, dictó la medida cautelar el viernes pasado en un expediente impulsado por el legislador Gustavo Vera y su asesor Gustavo Desplats. Los demandantes consideran "irregular" el procedimiento parlamentario con el que se votó la ley 5728 el pasado 1° de diciembre. Ese día, los pliegos de concesión del servicio fueron aprobados con 33 votos a favor y 21 en contra. Sucedió luego de que la el Gobierno de la Ciudad dio de baja la licitación anterior por varias impugnaciones judiciales que la obstaculizaban desde 2013.
 
"La ley estuvo mal sancionada, por lo que debería ser nula", dijo a La Nación Desplats. Argumentó que la norma debió haberse aprobado por mayoría de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. Es decir, por al menos 40 diputados, ya que el artículo 82 de la Constitución porteña requiere esa cantidad de votos cuando se "aprueba toda concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público, por más de cinco años", agregó en el recurso judicial.
 
Según los demandantes, los bienes que se entregan en concesión son los 10 predios públicos que alojarán las futuras playas de acarreo. Además, sostienen, dos de esos terrenos figuran catalogados como urbanización parque. Son los situados en la calle Couture, en los alrededores de la plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta, y en Guzmán y Newbery, en Chacarita.
 
"Esos espacios figuran como zonas de urbanización parque, por lo que no permiten que las pisen autos. Entonces, con esta ley, se está modificando de facto y con un trámite parlamentario inadecuado el Código de Planeamiento Urbano", dijo Desplats. Según los artículos 89 y 90 de la Constitución porteña, un cambio de ese tipo se debe aprobar en un proceso de doble lectura y audiencia pública de por medio.
 
El juez Ferrer admitió esta segunda objeción y, en consecuencia, frenó cautelarmente toda licitación y requirió que el Gobierno porteño acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura. Estableció que, al menos durante tres meses, no se podrá avanzar con ningún proceso abierto.
 
Según voceros de la Secretaría de Transporte hasta el momento está abierta la licitación para la compra de las terminales multipropósito que reemplazarán los parquímetros. En tanto, todavía no hubo llamado a licitación para la concesión del servicio de acarreo.
 
Consultados sobre la medida cautelar, indicaron a La Nación que apelarán para que se deje sin efecto. "No está previsto el procedimiento de doble lectura en la Constitución de la Ciudad para estos casos. No se está concesionando o afectando un bien de dominio público, sino directamente concesionando un servicio público de control y regulación del tránsito", consideraron. Y agregaron: "Los predios que se van a dar para acarreo son parte de la concesión del servicio. Al concesionario no se le va a otorgar un derecho de explotación o disposición del predio".
 
En ambos predios cuestionados "ya funcionaban estacionamientos" y que, en uno de ellos, incluso, ya se había habilitado por ley su uso como tal. Pero el juez Ferrer fundamentó su resolución en planchetas oficiales de los terrenos en cuestión, actualizadas a diciembre de 2016, que describen esos predios como urbanización parque. "Se estaría cambiando el carácter de dichas zonas (destinadas a espacios verdes), en clara contradicción a lo que dispone el inciso 3 del artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano", indicó el magistrado.
 
El abogado que patrocinó el amparo, Jonatan Baldiviezo, insistió en que lo que se cuestiona es el procedimiento con el que se le dio el visto bueno a la ley que amplió el estacionamiento medido. "Cuando una ley tiene un artículo que exige una mayoría especial, ya para la votación en general del proyecto se debe hacer con esa cantidad de votos. Y cuando un artículo exige doble lectura, toda la ley debe superar ese procedimiento", dijo a La Nación.