Los sin techo y los sin excusas

Una de los principales promesas de Cambiemos cuando llegó al Gobierno nacional es que iba a decir la verdad. Para esto, se basaron en la lamentable intervención del INDEC y prometieron que nunca más iba a haber mentiras en las estadísticas públicas. Cuestionaban al Gobierno anterior por ocultar las cifras de la pobreza (lo que, de paso, les permitió escamotear el crecimiento de la cantidad de pobres y achacárselo a la manipulación estadística del kirchnerismo), pero ¿cuán distinto a eso es ocultar la cantidad de personas que viven en las calles? Hace años que el Gobierno porteño está obligado por ley a hacer un censo de los sin techo. Y hace años que los números que arroja ese conteo oficial son irrisorios en relación a las cifras reales que plantean las distinas organizaciones sociales. Este año, pese a todo, debieron admitir que hubo un crecimiento del 23 por ciento de la cantidad de personas en situación de calle. Según datos oficiales, unas 1066 personas. No obstante, las organizaciones populares hicieron otro censo y demostraron que ese número es entre cuatro y seis veces mayor. No hay una política oficial para esta población, más que un círculo vicioso de subsidios que nunca alcanzan para salir definitivamente de la calle. Fue el año pasado y en reportaje con el diario Clarín cuando Maximiliano Corach, el responsable del área que debe ocuparse de las personas en situación de calle, blanqueó cuál era la política hacia ese sector más vulnerable de la población indigente. “Les damos un subsidio de 1800 pesos”, advirtió Corach. “Pero una cama cuesta 3000 pesos”, le retrucó la periodista a lo que el subsecretario de Fortalecimiento Familiar solo atinó a decir: “Ah, no sabía”. Tampoco tuvo respuesta cuando la periodista le advirtió que el monto es el mismo desde 2014.

Como mostramos en este informe especial de Nueva Ciudad, la política para las personas en situación de calle es, en el mejor de los casos, un subsidio transitorio que les permite entrar a un hotel en condiciones muchas veces por debajo de lo habitable. Ese subsidio dura, a lo sumo, seis meses y luego viene un ciclo de judicialización que le permite a la familia a lo sumo quedarse en un cuarto con condiciones infrahumanas, pero nunca terminar de salir de la situación en la que están Hay personas que viven así hace más de una década.

Este año el Gobierno porteño debió admitir que hubo un crecimiento del 23 por ciento de la cantidad de personas en situación de calle. Según datos oficiales, unas 1066 personas.

La explicación que el año pasado encontró el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es que estos individuos no salen de la calle porque no quieren: “Hay gente viviendo en la calle pero hay muchos que no quieren ir a los paradores. Siempre tenemos lugar. Hay que llamar al 108. Por la fuerza no los podés llevar". Si hay más de seis mil personas en situación de calle y los paradores tienen lugar para unas dos mil no se vería comprobado eso de “siempre tenemos lugar”. Por suerte, Larreta no llegó a decir, como hizo ahora el secretario de Salud de Cambiemos de Mar Del Plata, Gustavo Blanco, que esas personas son “como perritos que vuelven siempre al lugar”. Luego aclaró que hablaba de que “se sienten cómodos en su hábitat”. Listo. Mejor no aclarar más.

Sin caer en ese darwinismo social, el oficialismo porteño esquiva esta espinosa cuestión a partir de un masajeo de las cifras. Larreta afirmó que "el número de la gente en la calle se mantiene estable, son entre 800 0 900 personas". Curiosamente, esa estabilidad se rompió en las cuentas oficiales tras un año de gobierno macrista en la Nación. La cifra que difundió el Gobierno porteño la semana pasada lo llevó a 1066 personas, un 23 por ciento más que los números de años anteriores. La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, quien viene siguiendo el tema, advirtió que no ofrecieron números desagregados sobre la población y que en la cuenta que hacen suelen dejar afuera a las personas que en la noche del censo estaban transitoriamente en un parador.

En verdad, la ley 3.706, sancionada en 2010, obliga al Estado a hacer un relevamiento anual, algo que se cumple solo parcialmente, lo que llevó a que les ordenara cumplir la ley la jueza Elena Liberatori. La magistrada dispuso que se utilicen métodos estadísticos con una base racional y que se completen los números, y lo hizo a partir de un amparo presentado por la diputada Victoria Donda y por Laura Velasco. La jueza Liberatori advirtió que “llama escandalosamente la atención que el mismo se base en un único relevamiento de una noche otoñal, sin considerar, el complejo y dinámico universo social que compone el colectivo humano de personas en situación de calle y en riesgo a la misma. Ni metodología, fundamentación ni propósitos han sido informados y, en mi convicción, siquiera existen”. Este año se repitió el procedimiento: el relevamiento se hizo en tres horas y en una noche de lluvia. Lo hicieron 47 personas. La única diferencia es que esta vez los macristas permitieron que los acompañara personal de la Defensoría del Pueblo porteña.

Así fue como el Gobierno porteño nunca cumplió ni la ley ni el fallo judicial e insistió durante todo el año pasado con que solo había 876 personas en situación de calle en toda la Ciudad, un número casi idéntico al de los años anteriores. Un informe del Consejo Económico y Social también había advertido sobre este incumplimiento. Curiosamente, pese a la insistencia en no relevar, el mismo Gobierno porteño admitía en 2016 que recibía 36 mil llamados al año por personas en situación de calle y que unas 7000 personas por año solicitan el subsidio.

Más de 40 organizaciones sociales junto con el Ministerio Público de la Defensa porteño hicieron este año el primer Censo Popular de Personas que dio un número muy distinto al oficial: 4.394 personas en situación de calle en la Ciudad.

Ante esto, más de 40 organizaciones sociales junto con el Ministerio Público de la Defensa porteño hicieron este año el primer Censo Popular de Personas. Les dio un número muy distinto al oficial: 4.394 personas en situación de calle en la Ciudad. A diferencia del oficial, el censo se hizo a lo largo de una serie de días (entre el 8 y el 15 de mayo) y participaron más de 400 voluntarios que fueron capacitados previamente para recorrer los 48 barrios de la Ciudad. Es decir que las ONG desplegaron una capacidad mayor para censar que lo poco que destino el Estado a esa tarea. También a diferencia del censo oficial, este arrojó una serie de datos desagregados, a saber:

· La mayor cantidad de personas en situación de calle están en la comuna 1: son 1239 sin techo.

· En 2016, se agregaron más de 600 personas a las que ya vivían en las calles.

· El 86 por ciento de son adultos mayores de 18 años y el restante 14, niños, niñas y adolescentes. De estos, un 27 por ciento no asiste a la escuela. El resto están escolarizados, pese a que sus familias viven en la calle.

· El 93 por ciento de las personas adultas alcanzó algún nivel de instrucción. El 54 por ciento tiene el nivel primario completo, el 15 por ciento, el secundario e incluso, un dos por ciento nivel superior completo. Sólo 177 personas son analfabetas.

· El 74 por ciento de las personas en situación de calle son varones. Hay un 1 por ciento de personas trans que, junto con las mujeres, son los grupos más vulnerables cuando viven en la calle.

· El 70 por ciento de las personas dice haber sufrido algún tipo de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad.

· Si se suman las personas en paradores y los distintos grupos en riesgo de estar en forma inminente en la calle, arroja un universo de más de 25 mil personas.

Con estos datos, que demuestran que poco empeño que puso la gestión PRO para hacer un relevamiento serio, se terminaron las excusas para enfrentar la situación de un sector de la población importante. No hay hoy una política real del Gobierno porteño para este considerable grupo de habitantes de la Ciudad. Quienes venían a decir la verdad quizás deberían dejar de mentir con las estadísticas y empezar a trabajar para ayudar a las personas que están en las peores condiciones de vida.