El Gobierno porteño quiere desalojar a los manteros de Liniers

El desalojo de los manteros de Liniers está cada vez más cerca. La Justicia porteña ya avanzó sobre los locales que funcionaban de manera irregular, depósitos que abastecían a los puesteros del barrio y talleres clandestinos en los que se confeccionaba indumentaria que luego era introducida al circuito callejero.
 
Entre marzo y agosto, la Fiscalía de la Ciudad ordenó la clausura de 60 comercios, siete talleres y cinco depósitos en operativos que incluyeron la detención de diez personas y la incautación de mercadería y máquinas textiles. Muchos de esos locales funcionaban en terrenos ferroviarios sobre la estación Liniers del tren Sarmiento, con contratos que están siendo revisados; también hay funcionarios en la mira, informa La Nación.
 
Posiblemente se trate de una de las últimas avanzadas de la Justicia antes de ordenar el desalojo de al menos 900 puesteros que venden productos en el polígono comprendido por la avenida General Paz y las calles Roffo, Viedma, Madero, Carhué y Ventura Bosch. Esa zona dejó de ser el territorio exclusivo de la comunidad boliviana y su feria gastronómica para darle lugar a los manteros desalojados de Retiro, Caballito, la avenida Avellaneda, la peatonal Florida y Once que no lograron ingresar al sistema propuesto por el Gobierno de la Ciudad.
 
Otro indicio lo dio Horacio Rodríguez Larreta hace una semana en el club Santiago, del barrio de Liniers, durante una reunión de vecinos. "Estamos realizando una investigación judicial a fondo para sacar a esos manteros. El reclamo de los vecinos es justo y lo solucionaremos a la brevedad", les dijo el Jefe de Gobierno porteño.
 
La investigación a la que hizo referencia Rodríguez Larreta comenzó en marzo y estuvo a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, subrogante de la Fiscalía 21 de la zona oeste. En los operativos participaron agentes de Migraciones, la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, la Policía del Trabajo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
 
La mayoría de los locales funcionaba sobre la calle Viedma, entre Cuzco y Madero, y sobre la avenida Rivadavia, entre José León Suárez y Carhué. "La actividad comercial allí no está habilitada por el Gobierno de la Ciudad y por eso se investiga a las autoridades de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (Sofse). Por acción u omisión permitieron que se mantuviera esta situación ilegal. Acá podría haber evasión tributaria", explicó Ramírez a La Nación.
 
Según la fiscal, en la traza ferroviaria no había seguridad para los peatones, tampoco baños ni instalación eléctrica y el suministro era robado a la red de Edesur.