Presentan un pedido de informes por el protocolo contra la toma de las escuelas

La polémica en torno al protocolo difundido por el Ministerio de Educación porteño para denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos, se expresa en todos los ámbitos. A la intimación que cayó sobre la ministra Soledad Acuña se sumó un instructivo para que los estudiantes conozcan sus derechos y también se presentó un pedido de informes y un proyecto de declaración de preocupación de parte de los legisladores Andrea Conde y José Cruz Campagnoli.
 
La diputada Conde, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud expresó que la medida del Gobierno es "claramente intimidatoria, que busca reprimir la libertad de expresión y acallar las voces disidentes. Es coherente con la política represiva que promueve todo el gobierno frente al conflicto social. Los problemas y reclamos de la ciudadanía no se solucionan con palos en ningún contexto, mucho menos en las escuelas a las que asisten niños, niñas y adolescentes. Se criminalizan las prácticas democráticas y legítimas de participación de lxs adolescentes en lugar de fomentarlas y resguardarlas a través de canales de diálogo que incorporen las preocupaciones de lxs adolescentes en tanto ciudadanxs".

Por su parte, Campagnoli, titular de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, expresó que "ya habíamos presentado un proyecto para restringir el acceso de la policía a los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, impulsando que sólo puedan ingresar con una orden de un juez o de las propias autoridades educativas. Nunca pueden ingresar por razones de orden político. Ahora nos preocupa el instructivo que emitió el Ministerio de Educación. Lo cierto es que hasta ahora, en 30 años de democracia, nunca habían sido necesarios proyectos de estas características porque nunca había existido un política constante de presencia policial en las escuelas. Fue necesario pensar estos mecanismos en el contexto actual de persecución tanto a docentes como a estudiantes".

El pedido de informes le solicita al Gobierno de la Ciudad que de a conocer si alguna dependencia del Ministerio de Educación emitió dicho instructivo durante el año 2017. En caso afirmativo, se solicitan fecha, dependencia, acto administrativo y número de Boletín Oficial en el que fue publicado. En caso negativo, se pregunta por las razones de su aplicación y quién autorizó su implementación.

Al respecto, María Florencia Gentile, Plenarista del Consejo de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes por la Legislatura, señaló que "las instituciones deben garantizar el derecho a expresarse y ser oído de los adolescentes en las materias que los incumben. Los conflictos no deben criminalizarse sino resolverse en los ámbitos educativos y administrativos, como definen todas las normativas nacionales e internacionales sobre niñez y adolescencia (Ley Nacional N° 26061, Ley de la Ciudad N° 114, Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada en la Constitución Nacional). El instructivo del Ministerio de Educación viola estos principios y garantías constitucionales".

Tanto el pedido de informes como el proyecto de declaración de preocupación fueron acompañados por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Carlos Tomada, y la diputada Magdalena Tiesso.