Esa costumbre de reprimir

Hubo un tiempo en que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dudaba sobre el rol que le habían encomendado: ser el responsable político de la represión de las manifestaciones y los cortes de calle en la Ciudad. Incluso, tuvo una pulseada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que ahora debieron esconder por su manejo de la desaparición de Santiago Maldonado. No obstante, Bullrich (y Mauricio Macri) triunfaron: Larreta no solo comandó la represión del viernes de la marcha por Maldonado, sino que llegó a considerar “un avance” que incomunicaran a periodistas y transeúntes que fueron detenidos en una razzia. Se va perfeccionando la técnica que reintrodujeron el 8M, cuando salieron a cazar mujeres. Para los estudiantes secundarios, también están pensando en una solución policial.

Parece otra época remota: pero fue en 2016 cuando Larreta se enfrentó a Bullrich para no aplicar el protocolo antipiquetes que había diseñado la ministra. El motivo no era muy idealista: Larreta no quería que su carrera política, con la que sueña en llegar a la presidencia algún día, se viera truncada por la muerte de un manifestante bajo las balas policiales. Recién a comienzos de este año, con la creación de la Policía de la Ciudad (ese siamés, mitad Federal, mitad Metropolitana) comenzó la represión como pedía el presidente: el primer experimento fue con los manteros de Once. Luego vino la razzia del 8M, donde recuperaron muchas de las técnicas que luego pudimos observar en la represión de la post marcha por Santiago Maldonado. Repasemos: aquella vez, la razzia fue después de la marcha, eligió a gente del común que estaba, por ejemplo, saliendo de una pizzería. La represión, además de la habitual brutalidad, incluyó insultos lesbófobos y humillación sobre los cuerpos de las mujeres, algunas de las cuales fueron obligadas a desnudarse una vez detenidas. Casi calcado de lo del viernes de la semana pasada.

Larreta no solo comandó la represión del viernes de la marcha por Maldonado, sino que llegó a considerar “un avance” que incomunicaran a periodistas y transeúntes que fueron detenidos en una razzia.

Luego le tocó a los docentes, cuando intentaron impedir que instalaran la Escuela Itinerante. Esa represión obligó al Gobierno porteño a parar por un tiempo con los connatos represivos, mientras Larreta desarrollaba una teoría sobre los derechos constitucionales: uno tiene derecho a manifestarse según la cantidad de gente que haya en la marcha. ¿Mucha gente? Es un reclamo genuino. ¿Poca gente? Los desalojamos de inmediato. A esto hay que sumarle, la decisión de salir de cacería en las marchas masivas, como lo fue la segunda movilización por Santiago Maldonado, una vez que se desconcentró la mayoría de las personas.

En este año, también hubo represión para los vecinos de La Boca que reclamaban por un caso de gatillo fácil que acababa de ocurrir en el barrio y para los movimientos sociales que cortaron la 9 de julio. Lo que ocurrió el otro viernes no fue un rayo en un día claro: viene gestándose a partir de una decisión política de utilizar para reprimir a mansalva una policía que según la ley que votó la Legislatura era para otra cosa. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo un relevamiento del accionar de la Policía de la Ciudad y pudo caracterizar las prácticas ilegales que se repiten:

· Cacería: “Cuando la mayor parte de los manifestantes ya se habían retirado, la Policía de la Ciudad comenzó a perseguir por las calles a quienes quedaban, a arrinconarlos y golpearlos cuando ya estaban solos, separados de la multitud y por lo tanto en situación de mayor vulnerabilidad”, describe el CELS.

· Uso brutal de la fuerza: “La Policía de la Ciudad disparó balas de goma al rostro de las personas; como consecuencia, hay heridos con impactos en la boca, en la nariz, en los ojos. El uso de estas armas solo está permitido cuando es el último recurso para proteger la integridad física de terceros o de los funcionarios policiales. Su utilización para disolver manifestaciones o para atacar a los manifestantes está prohibida. Además, los policías golpearon a las personas sin ningún motivo, como puede verse en las imágenes que registraron patadas y golpes de puño”, indicó el organismo de derechos humanos. En uno de los videos, se puede ver como un policía avanza y le pega una patada en la espalda a una mujer que estaba filmando. La Metropolitana tenía un protocolo para estas situaciones. Con la creación de la Policía de la Ciudad, se generó un vacío normativo que el Gobierno porteño no parece apresurado por subsanar.

"La intervención de policías sin uniforme ni identificación está prohibida explícitamente por la Ley 5688 de la ciudad, aprobada en 2016. El Gobierno de la Ciudad viola sistemáticamente esta ley”, advierte el CELS.

· Ataque a la prensa: Hubo un especial ensañamiento con todo aquel que registrara los hechos, lo que motivó comunicados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y de ARGRA. Este último llamaba la atención sobre cómo la policía detuvo a fotógrafos y transeúntes y, curiosamente, pareció ser incapaz de arrestar a quienes producían los disturbios. “Los efectivos golpearon y detuvieron a periodistas y, en general, a muchos que intentaban tomar imágenes de lo que estaba ocurriendo. Esto muestra una especial reacción policial contra el control ciudadano, que se viene observando no sólo en las protestas sino en múltiples situaciones del trabajo policial en las calles. Se trata de un problema grave que debe ser resuelto con urgencia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, advierte el CELS.

· Policías sin identificación: “Como en otros operativos contra protestas en la ciudad de Buenos Aires, actuaron policías sin identificarse que persiguieron y golpearon a manifestantes. En algunos casos, estos efectivos se colocaban una pechera con la leyenda ‘ ‘Policía de la Ciudad’ en el momento de realizar detenciones y luego se la quitaban. La intervención de policías sin uniforme ni identificación está prohibida explícitamente por la Ley 5688 de la ciudad, aprobada en 2016. El Gobierno de la Ciudad viola sistemáticamente esta ley”, advierte el CELS.

¿Cuál fue la reacción del jefe de Gobierno ante este cúmulo de brutalidad policial? Consideró que se trataba de “un avance” que el juez Marcelo Martínez de Giorgi no hubiera liberado a los 31 detenidos y los dejara incomunicados y sometidos a vejaciones durante todo el fin de semana. Finalmente, el magistrado les tomó declaración el domingo mismo y ante la evidente falta de pruebas, debió liberarlos. Ahora se analizan las actas policiales, porque hay videos y testimonios que demuestran que muchos de los arrestados no fueron detenidos ni en el lugar ni a la hora a la que dijeron los policías. Larreta se limitó a decir sobre esto que se abrió un sumario “de rutina” y continuó justificando el accionar policial.

El protocolo contra la toma de las escuelas, lejos de buscar una solución pedagógica a los conflictos, busca criminalizar a adolescentes que reclaman por una reforma que implica que se pasen quinto año en una empresa privada.

Pero la decisión de que la Policía de la Ciudad intervenga cada vez más en los conflictos no parece solo estar destinada a las movilizaciones. Se conoció esta semana un instructivo del Ministerio de Educación porteño dirigido a los rectores de los secundarios tomados por la reforma que propuso el macrismo. El instructivo les ordena a los directores que denuncien a la policía las tomas, por los presuntos delitos de “violación de domicilio, usurpación, ingreso y permanencia de personas en un lugar público”. En 2012, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, intentó algo similar, pero la jueza Elena Liberatori dejó sin efecto ese instructivo. Ahora vuelven a la carga, lo que motió una reacción por parte de las madres, padres y docentes de las 17 escuelas tomadas. Además, el asesor tutelar Gustavo Moreno intimó a Soledad Acuña a dejar sin efecto el instructivo por violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa, lejos de buscar una solución pedagógica a los conflictos, busca criminalizar a adolescentes que reclaman por una reforma que implica que se pasen quinto año en una empresa privada, en condiciones que el ministerio no se molestó en aclarar, consultar ni debatir con los estudiantes. Una solución policial para los problemas argentinos.