El Gobierno del conflicto permanente

Una marcha multitudinaria de estudiantes, un jefe de Gobierno que cita a mayorías no comprobables, una ministra de Educación que no da detalles de una reforma educativa y 30 colegios tomados son los ingredientes de un conflicto en el que, nuevamente, el Gobierno porteño está mostrando su capacidad de extender las discusiones en el tiempo sin necesidad. Ya habíamos escrito alguna vez que el conflicto docente fue prolongado innecesariamente por Horacio Rodríguez Larreta (de hecho, nunca se resolvió). Ahora le toca a los estudiantes a quienes, de paso, buscan denunciar penalmente. La solución hoy parece estar lejos.

Un panelista de un canal mainstream que le grita desencajado a una adolescente que es una dictadora, otra –con modos más académicos- que le compara una toma de secundarios con un golpe de Estado: hay que decir que el macrismo en los medios no ahorra recursos ni teme al ridículo. También hubo notas más pensadas en medios amigos, donde se informaba de todo lo que se gastó ya en la reforma o se decía que un porcentaje de los estudiantes ya hace pasantías (esas mismas que dijeron que no forman parte de la reforma impuesta por el oficialismo). Pero toda esta avanzada mediática no logra, una vez más, resolver los problemas reales de gestión.

Lo que no está pudiendo hacer el macrismo es construir dos cosas por las que -en su discurso autoelogioso- siempre dice caracterizarse: diálogo y consenso.

Lo que no está pudiendo hacer el macrismo es construir dos cosas por las que -en su discurso autoelogioso- siempre dice caracterizarse: diálogo y consenso. Sin diálogo real con los estudiantes y sin consenso sobre la reforma, es difícil que la situación se resuelva. No lo hicieron tampoco con los gremios docentes, cuando Larreta cerró por decreto la paritaria, y no lo están haciendo ahora con los estudiantes.

Veamos, por ejemplo, la reunión que tuvieron esta semana. Debemos notar que 1) dejaron pasar un mes antes de hacer algo tan básico como sentarse a acercar posiciones, 2) se hizo después de que los intimara judicialmente la jueza Elena Liberatori en una causa por un instructivo ilegal con el que lanzaron la criminalización de la protesta y luego escondieron la mano y 3) debió intervenir el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, como mediador. ¿Hacía falta todo esto?

Las condiciones previas para ese diálogo infructuoso nos habla de una estrategia política de extender los conflictos ad aeternum. En la reunión, a cuyas actas accedió Nueva Ciudad, se le dio un tiempo acotado a los estudiantes. La ministra de Educación, Soledad Acuña, fue elusiva sobre los detalles de la reforma, especialmente sobre cómo se implementará el punto de trabajar durante quinto año. ¿Será obligatorio o no? ¿Será remunerado o no? ¿Quién controlará en las empresas que se cumplan horarios, objetivos académicos? Son muchos interrogantes que quedan sin responder.

Una nota al pie merece el hecho de que, estando dos asesores tutelares presentes para velar por los derechos de los menores de edad, el ministerio intentó impedirles hablar. Y luego incluyó en el acta que “se deja constancia de que las declaraciones vertidas por el asesor tutelar (Gustavo Moreno) no son consentidas por el ministerio”. ¿Qué es lo que había dicho Moreno que tanto les molestó? Que violaron la ley al dictar el instructivo que ordenaba denunciar las tomas en comisarías –que el ministerio niega haber redactado, pero que casualmente salió de una dirección de correo oficial- y que también violaron el derecho a la información pública, dado que no había datos concretos sobre la reforma publicados en la web del ministerio.

No hay mayor información sobre la forma en la que piensan implementar esa reforma, ni siquiera sobre cuáles son las 17 escuelas en las que comenzará en 2018.

La ministra de Educación se comprometió a colgar un documento con el marco conceptual esa misma tarde: lo hizo al día siguiente. Para Moreno, esto dejó demostrado que hasta que se publicó “los estudiantes no podían ejercer su derecho a la participación efectiva para opinar sobre el nuevo proyecto educativo“. El documento, lleno de citas de cientistas de la educación como Guillermina Tiramonti, lamentablemente no agrega demasiado al mundo de lo conocido. En la parte destinada a explicar la cuestión más polémica simplemente se dice que uno de los objetivos de las escuelas es “formar a los jóvenes para el mundo del trabajo” por lo que habrá “un tiempo” (no dice cuánto) que se destinará “al acercamiento al mundo del trabajo mediante prácticas educativas que cada escuela desarrollará, de acuerdo con su Proyecto Escuela, en organizaciones académicas, científicas, tecnológicas, humanitarias, artísticas, etc.” No hay mayor información sobre la forma en la que piensan implementar esa reforma, ni siquiera sobre cuáles son las 17 escuelas en las que comenzará en 2018. Por ese motivo, el asesor tutelar Moreno intimó a la ministra de Educación para que informe los nombres de esas escuelas. Mientras tanto, el ministerio también abrió una convocatoria a “reuniones por los barrios” para “charlar” la reforma, que según dijeron la ministra de Educación y el jefe de Gobierno, ya es una decisión tomada.

Larreta esperó hasta después de la marcha multitudinaria del viernes para decir que la reforma se iba a aplicar porque "la gran mayoría está de acuerdo". No presentó ningún dato que justificara esa afirmación. Al juzgar por la reacción que han tenido la comunidad educativa, mucho consenso hasta ahora no hay…

Un párrafo aparte de este conflicto innecesario y autoinventado fue el instructivo, que finalmente la jueza Liberatori dio de baja. Desde el ministerio, tomaron dos actitudes contradictorias ante el fallo: por un lado, le comunicaron a los rectores la decisión de Liberatori y por el otro apelaron el fallo. ¿Cuál sería el sentido de apelar un fallo si el instructivo no era oficial? “No tenemos intenciones de ponernos a discutir con una parte de la justicia que ya ha resuelto que oponerse a las tomas es criminalizar la protesta, con lo cual nosotros no vamos por ese lado, pero sí vamos a seguir diciendo que está mal", afirmó Acuña, que al mismo tiempo apeló la medida de la jueza (a la que consideró “una parte de la justicia”). La ministra también dijo que será otra parte de la Justicia –la penal- la que “determine si es o no un delito”. La única conclusión posible que surge de esta ensalada conceptual es que van a seguir buscando como avanzar en la criminalización de las tomas. Y ya les pidieron a los padres que sean ellos los que denuncien.