Imponer no es un verbo educativo

El gobierno porteño ha presentado en una serie de documentos, una propuesta de régimen de cursada, de acreditación de saberes, de perfil de la docencia para el nivel secundario y de estructuración curricular que ha conseguido un estruendoso rechazo por parte de la mayoría de las comunidades educativas, materializándose en tomas de escuelas, intervención del poder judicial, demanda al gobierno porteño de los entes de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, etc.

A medida que las comunidades educativas tomaban conocimiento de la promoción de una reforma por parte del Ministerio, ese mismo organismo declaró públicamente que los documentos eran, prácticamente, apócrifos, invitando a las comunidades educativas a la confusión sobre la veracidad de afirmaciones contra hechos y documentos aparentemente inexistentes.
Cuando el principal cuestionamiento, que es la iniciativa ministerial de que los/as estudiantes que cursan quinto año “produzcan ganancias para empresas”, a costa de la entrega vital de su tiempo de estudio, la propia ministra salió a aclarar que se tratan de tiempos de estudio en contextos que preparan para el trabajo.

A partir de la denuncia por parte de los asesores tutelares y familias preocupadas por la ejecución de un “protocolo” que criminaliza a los estudiantes que protestan tomando las escuelas, desde la cartera educativa desmintieron la orden de actuación aludiendo a un problema administrativo.

Frente a la legitimidad del acompañamiento del voto, el gobierno porteño se manifiesta en su esencia, imponiendo de manera autoritaria una reforma educativa con un claro sesgo mercantilista, olvidándose que el ejercicio de derechos, (que es lo que hace real a la democracia), demanda participación y pluralismo.

Ahora bien, ¿una reforma, para qué y por qué?

En principio, hay cierto consenso general en la necesidad de propiciar una transformación de la escuela secundaria. El esfuerzo del ejecutivo nacional que gobernó hasta el año 2015, a través de políticas concretas, favoreció la incorporación de nuevos estudiantes secundarios, que durante generaciones estuvieron postergados, integrando además la complejidad de nuevos escenarios sociales y culturales a los establecimientos educativos. Este nuevo contexto socioeducativo obliga a una reflexión profunda y una toma de decisión para que la escuela secundaria cumpla con las demandas y las expectativas de las sociedades, que no necesariamente se encuentran subordinadas a las lógicas del mercado y al orden impuesto por las potencias mundiales.

La segunda cuestión es que el gobierno de la alianza CAMBIEMOS, jerarquiza la evaluación educativa por sobre otras áreas ejecutivas en el diseño de políticas.
La presunta idea de neutralidad, objetividad y elaboración de datos confiables y verificables es uno de los elementos sustanciales del mundo del mercado, vinculado a la credibilidad en la competencia.
Sin embargo, la cuestión central que opera en la justificación de la reforma de la escuela secundaria, es que el gobierno porteño utiliza datos recortados de una realidad más compleja.

De esta manera, hay que precisar que el mismo signo político gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 10 años. Este elemento central permite observar que ya han pasado al menos seis generaciones completas de estudiantes por la escuela secundaria, gestionadas por el PRO, y las estadísticas que muestran sobre “el fracaso” del sistema, es producto de su propia gestión, aunque no explicitan intencionalmente este punto.

El gobierno porteño y los nostálgicos de la mano omnipotente del mercado, predican hoy la necesidad de un estado con presencia, pero omiten decir que se trata de un estado que se hace presente para generar las mejores condiciones para que el mercado ocupe cada vez mayor lugar en la regulación de la vida de las personas, en sus consumos, en sus deseos, en su educación, y en la frustración individual que genera el incumplimiento de las expectativas de un sistema inclinado hacia la desigualdad. La Escuela Secundaria “del Futuro” se estructura sobre esta perspectiva.   

Cuando el gobierno encuentra resistencia  a su arbitrariedad, comienza una maquinaria que se difunde por todos los canales posibles, intentando primero hacer difícil lo complejo, provocando una intencional confusión en grandes sectores de la sociedad, construyendo mensajes contra las organizaciones estudiantiles y docentes. En criollo, embarrar la cancha, para pensar la próxima jugada.
La claridad de los documentos explicita una reforma inconsulta sobre los intereses que demanda el mercado, y que no necesariamente dan respuesta a las exigencias de las sociedades contemporáneas.  El gobierno porteño parece más preocupado por generar mano de obra hiperprecarizada para empresas, que garantizar condiciones dignas de aprendizaje, de mejorar las condiciones económicas para que las familias de los/as estudiantes tengan empleo estable y una vida digna, y que el futuro de la formación de los/as alumnos continúe en una institución de educación superior.  


Una reforma/transformación de la escuela secundaria necesita obligatoriamente el debate serio de los actores involucrados, con las diversas contradicciones y tensiones que puedan aparecer en una discusión, integrando las diferentes demandas y expectativas que la sociedad espera. Sin la incorporación de los aportes de la docencia y sus organizaciones sindicales, de los/as estudiantes, de las comunidades, de los especialistas en educación, y de los representantes políticos del poder ejecutivo, en fin, de todos los actores que quieran contribuir al debate, el objetivo de mejorar la calidad del nivel secundario, será profundamente parcial y sesgado.
A la imposición desmesurada, se le rebela la organización del movimiento estudiantil y de las comunidades educativas, como lección democrática. Para tomar nota.