- Opinion
- 05.11.2017
NEGOCIO SUBTERRÁNEO
Metrovías forever
El macrismo y sus aliados le extendieron por un año la concesión a la empresa del Grupo Roggio. Luego planean que el subte siga en manos privadas por otros 15 años. El mejor servicio te lo debo.
Metrovías, una empresa del Grupo Roggio, tiene la concesión del subte desde 1994. Apenas llegó, redujo la franja horaria del servicio y comenzó un proceso de despidos masivos de empleados. Cuando el macrismo se hizo cargo del subte –luego de una disputa de un año con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- subió la rentabilidad de esta empresa a partir de aumentos masivos de las tarifas, que fueron cuestionados en su cálculo técnico por la Auditoría General de la Ciudad. Además, una vez que a Metrovías se le venció el contrato en 2013, se lo prorrogó ad nauseam. Esto quiere decir que hace cuatro años que el subte debería haber vuelto a manos del Estado y sigue siendo manejado por Metrovías, que mantiene un sistema por el cual todos los negocios anexos del subte (la publicidad, los locales, etcétera) son manejados por otras empresas del Grupo Roggio, de forma tal que la empresa concesionaria del subte puede mostrar un rojo en sus cuentas para reclamar mayores subsidios y aumentos de tarifa.
Además de aumentarle considerablemente la rentabilidad a fuerzas de subas de tarifa, esta semana el macrismo le extendió la concesión a Metrovías por un año más. Está vencida hace cuatro.
Esa situación, en la que tanto el Estado como los pasajeros tienen que poner fortunas para un servicio que a nadie le parece eficiente, tal vez debería habernos llevado a pensar si no estaría mejor en manos del Estado. Prácticamente, todas las fuerzas de la oposición piensan eso. Pero, después del acuerdo entre Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Mauricio Macri, son minoritarias en la Legislatura: el bloque del PRO, Confianza pública y la Coalición Cívica impusieron sus 32 votos para aprobar la nueva prórroga a Metrovías y avanzan en una licitación que culminará con el subte en manos privadas por doce años, con la posibilidad de extenderlo por tres más (si vemos cómo se prorrogó por fuera del contrato a Metrovías, no es difícil pensar que serán 15 años por la parte baja).
Hubo un intenso debate en la Legislatura sobre cómo se dio la votación: los opositores sostenían que, al ser una concesión de un servicio público, se requería una mayoría de dos tercios (40 votos) para aprobar esto y una ley de doble lectura, que implica votar en dos oportunidades con una audiencia pública en el medio. Los republicanos legisladores del oficialismo decidieron ahorrarse esas molestias cívicas, que la Constitución porteña prescribe para la entrega de concesiones. Es posible que ahora deban enfrentar una acción judicial como la que hizo caer la licitación de los parquímetros, cuya votación se hizo con la misma liviandad.
Mientras que los distintos proyectos del kirchnerismo, del bloque de Martín Lousteau y de la izquierda proponían con matices que el subte fuera gerenciado por Subterráneos Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal que debe controlar la concesión, el del macrismo va hacia un nuevo gerenciador privado (suena con fuerza el Metro de Madrid, aunque hay otros interesados) o bien hacia otros 15 años del Grupo Roggio sacando ganancias mientras el servicio sigue siendo sufrido por los pasajeros.
El macrismo va hacia un nuevo gerenciador privado o hacia otros 15 años del Grupo Roggio.
Para intentar ahuyentar las críticas que surgen de las experiencias de los usuarios del subte, el macrismo sostiene que controlará con mayor rigor al nuevo concesionario y que le exigirá mayor frecuencia de servicio, aire acondicionado, ascensores y escaleras mecánicas que funcionen. Cosas básicas, digamos. También aseguraron que se mantendrán todos los puestos de trabajo (aunque nada dice sobre si se buscará avanzar sobre los derechos conquistados por los metrodelegados en todos estos años, como la jornada de 6 horas). El que gane la licitación se quedaría con eventuales futuras líneas de subte (comenzaron los estudios de factibilidad de la línea F, que tendría que haberse comenzado a construir hace un año y se iniciaría después del 2019). Además, Metrovías y el otro concesionario operarán 6 meses juntos para hacer el traspaso (si gana Metrovías, obviamente que eso no será necesario). No hay precisiones sobre cuál será el canon mensual que deberá pagar el concesionario al Gobierno porteño. Solo dice que estará basado “en la relación pasajero-kilómetro”. Los opositores advirtieron que esto es un cheque en blanco.
En la sesión la legisladora kirchnerista Paula Penacca recordó que "el Estado aportó sólo en 2016 7 mil millones de pesos, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias". Con la victoria macrista y la ampliación de la bancada oficialista en la Legislatura, queda claro que el negocio está asegurado para rato. Y lo otro seguro es que seguiremos experimentando cómo se sienten las sardinas
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