Saquen una hoja (y la tijera)

Hay una tendencia en los presupuestos educativos desde que el PRO llegó al Gobierno de la Ciudad: una caída de su participación en el presupuesto total. Esto es, del porcentaje que representa la partida de educación con respecto a la totalidad del dinero que invierte el Gobierno. Esto implica, en los números fríos, una caída de la prioridad que le destina la gestión PRO a la educación. Para el año que viene, según un trabajo de análisis del presupuesto del gremio UTE-CTERA, la participación del presupuesto es del 18 por ciento, un punto menos que este año. Además, el documento advierte sobre recortes en infraestructura escolar y en educación digital, lo que choca contra las intenciones modernizadoras del proyecto de “Secundarias del futuro”.

La tendencia a la baja de los presupuestos educativos se viene registrando desde 2008. Con la venta de los terrenos de Catalinas norte en 2009, se suponía, el Gobierno macrista iba a tener un monto extra para hacer un shock de inversiones en las escuelas. En cambio, ese dinero fue utilizado para compensar los recortes en las partidas a lo largo de varios años.

La participación del presupuesto educativo en el total era en 2013 de 26 por ciento. Cayó a 23 por ciento en 2014 y a 22 por ciento en 2015. Para este año, era del 19 por ciento y según lo planificado en el proyecto de Presupuesto 2018 caerá a 18 puntos. Esta es una de las conclusiones del informe de UTE-CTERA sobre la ley que el macrismo impulsa. Otro análisis en base a los datos oficiales del think tank kirchnerista La Fábrica porteña apunta en el mismo sentido: “El presupuesto en educación para el 2017 fue de 36.292 millones de pesos mientras que para el 2018 es de 40.990 millones de pesos. En ambos se observa un aumento nominal del 13 por ciento y una caída real de 5,5 por ciento”. Esto es porque la suba apenas si acompaña la inflación y mantiene congelado el poder adquisitivo de los docentes. En términos reales (descontando la inflación), ya acumula una caída de 8 puntos desde 2016.


El gremio docente compara esto con el incremento de la deuda pública: desde 2013, la deuda de la Ciudad se triplicó mientras que la partida educativa sigue en el mismo nivel que 2015 y la inversión por alumno matriculado cae a los niveles de hace cinco años (sin que se haya incrementado significativamente la matrícula). Y ya que hablamos de la deuda porteña, el año que viene no es una excepción en materia de endeudamiento. Según el análisis de La Fábrica, “los recursos destinados a los servicios de deuda crecen un 58 por ciento en términos nominales, superan los 10 mil millones de pesos y representan un 4,7 por ciento de los ingresos totales de la Ciudad, y el 1 por ciento del PBG proyectado”.

Los recortes en la educación, para quienes siguen la política del macrismo, distan de ser una novedad. En 2010, cuando llevaba tres años en el Gobierno, Macri había conseguido que presupuesto destinado a educación privada se acercara al doble de lo que era cuando asumió mientras que los fondos para infraestructura de escuelas públicas se habían reducido a menos de la mitad. A esto hay que sumarle la subejecución, herramienta que el macrismo utilizó selectivamente en la Ciudad y exportó a la Nación. En su artículo “La orientación del gasto como herramienta de exclusión” las economistas Carla Degliantoni y Lucía Pezzarini detallaban que para el periodo 2007-2012 “se destaca el bajo nivel de utilización que presentaron los fondos destinados al mantenimiento y realización de obras de infraestructura escolar” (este artículo se puede leer en el libro La ciudad empresa. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación). El Gobierno de Macri dejó sin utilizar el 39 por ciento de esos fondos en sus primeros cinco años de gestión. En particular la infraestructura escolar sufrió un recorte del 12 por ciento. En aquellos años, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, publicitaba las miles de obras que se hacían en las escuelas (aunque, cuando se mira el detalle, una “obra” podía consistir en destapar un inodoro, y otras fueron pintar sobre paredes con humedad). La tendencia a la baja en infraestructura escolar se sostiene hacia 2018. El dinero destinado a esa partida cae un 15 por ciento, pese a que la ministra de Educación, Soledad Acuña, reconoció al comienzo de su mandato que Esteban Bullrich no le dejó las escuelas en las condiciones adecuadas.


No obstante, ese recorte no es todo lo que señala el gremio UTE-CTERA para 2018. También alerta sobre recortes puntuales en las partidas de educación. Por ejemplo, el gasto por beca cae un 36 por ciento, mientras que el destinado a la ración alimentaria crece solo un 13 por ciento. La inflación que calcula el presupuesto es del 18 por ciento, es decir, que aumenta por debajo del costo inflacionario que –se sabe- es aún mayor en los alimentos. ¿Qué implicará esto para la calidad de la alimentación de los niños y niñas?

A esto se le suma un recorte de 400 millones de pesos a la partida del Plan Sarmiento (destinado a la entrega de netbooks o tablets a estudiantes), lo que implica un recorte nominal del 20 por ciento y una caída real del 33 por ciento. El documento del gremio concluye: “Si realmente se pretende resolver los problemas de la educación pública es necesario que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna la Ciudad hace 12 años, aumente la inversión en educación por encima de la inflación y se vuelva, como mínimo, a los niveles por alumno del año 2013”.

Todos los datos que toma el gremio están extraídos del proyecto oficial, que no deja mucho lugar a dudas sobre lo que le espera a la escuela pública: cada recorte tendrá impacto en la calidad educativa. Son números crudos que describen las prioridades de una gestión más que cualquier discurso empedrado de buenas intenciones.