El Gobierno quiere vender tierras de la Villa 31 al grupo Vila Manzano

En la sesión de hoy de la Legislatura se aprobaría el Proyecto de Ley 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador casi esq. Ramos Mejía (de 2,7 hectáreas de superficie), en la Villa 31. 
 
En 2009 se aprobó la Ley 3.343 de reurbanización del Barrio Carlos Múgica, de las Villas 31 y 31 Bis. En cumplimiento de dicha ley se conformó la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis. Esta Mesa trabajó durante un año y el 31 de mayo de 2011 aprobó el Dictamen Urbanización Barrio 31 Carlos Múgica, informa el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
 
En este Dictamen, actualmente vigente y con fuerza normativa, se decidió destinar los predios conocidos como Flechabus pertenecientes al Estado Nacional, de aproximadamente 1.6 hectárea de superficie, a la construcción de viviendas de alta densidad para las familias del barrio.
 
“Ahora, mientras supuestamente el barrio está discutiendo y elaborando su nuevo proyecto de reurbanización participativamente, el PRO a través del Decreto 928/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, decidió autorizar la venta del predio de Flechabus a fin de que pase a manos privados y así excluirlo del proceso de reurbanización”, denuncian desde el Observatorio.
 
“De esta forma, el Gobierno de Cambiemos, tanto en Ciudad como a nivel Nacional, ha decidido no destinar estos suelos para la construcción de viviendas para el Barrio Carlos Múgica. Estos serán subastados y vendidos para que empresarios exploten esas tierras. La necesidad habitacional supeditada a la rentabilidad de futuros negocios con la tierra pública”, continúan desde el Observatorio.
 
Parecería, además, que estos predios ya tendrían comprador. Empleados de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno porteño, que conduce Diego Fernández, habrían admitido que el terreno se puso a la venta para ser comprado por el Grupo América (Vila-Manzano).
 
Este decreto no sólo autorizó la venta de estos terrenos sino también los predios conocidos como "Containera". En este predio se están construyendo viviendas para las familias de Cristo Obrero que deben relocalizarse por el cambio de la traza de la Autopista Illia. “Nosotros cuestionamos la forma en que el Gobierno de la Ciudad ha presionado a las familias para que acepten una relocalización realizada prematuramente cometiendo los históricos errores del pasado”, declaran desde el Observatorio.
 
Estos predios pertenecen al Estado Nacional, por lo tanto, se tuvo que firmar un Convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional y el Gobierno porteño, en donde se lo obliga a adquirir una fracción de los predios conocidos como Containera, el que corresponde al sector dónde se están construyendo las viviendas.
 
“Si bien la venta del predio de Containera se haría al Gobierno de la Ciudad para que luego este otorgue la propiedad del mismo a las familias relocalizadas, en la descripción del predio se está habilitando la venta de todo el predio que tiene aproximadamente de 33 a 40 hectáreas y no sólo el necesario para transferir la propiedad de las viviendas nuevas”, explican desde el Observatorio.
 
“Con la justificación de la trasferencia de la propiedad del Estado Nacional a las familias se podría estar autorizando la venta de una gran superficie de tierra pública cuyo destino excedería el de satisfacer las necesidades urbanísticas y habitacionales del barrio”, denuncian en el Observatorio.
 
Además, se hizo referencia de la necesidad de suelo para otorgar una solución habitacional definitiva a todas las familias que viven en el barrio y también para equipamiento urbano. Pero, al contrario de esta necesidad, el Gobierno porteño y el Estado Nacional avanzan con la venta de tierra pública cercana al barrio.
 
Hoy jueves, la Legislatura aprobaría el Proyecto de Ley 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador casi esq. Ramos Mejía (de 2,7 hectáreas de superficie).
 
Allí se autorizará la construcción de edificios con una altura máxima de 45 metros y una capacidad constructiva de 85.000 m2. “Estos predios podrían ser destinados al proceso de reurbanización del Barrio pero de forma absolutamente inconsulta el PRO avanza con su venta”, concluyen desde el Observatorio.