Hacete amigo del juez

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se esforzó esta semana por mostrarse en línea con la política de Mauricio Macri de austeridad en los cargos públicos. No obstante, el Consejo de la Magistratura porteño –manejado por el PRO- se lanzó a crear nuevas estructuras e incurrió en un festival de designaciones a fin de año. Por suerte, se vienen fondos frescos de Nación: con la transferencia de competencias (y la transferencia de juzgados que sigue en plena batalla), la Ciudad recibirá otra importante ayuda económica del Gobierno nacional: un punto de coparticipación más y unos 2400 millones de pesos extra. Junto con la gestión de María Eugenia Vidal, vienen siendo las más premiadas por el presidente.

El espacio destinado a la noticia en los principales medios fue considerable: Larreta anunció un plan de austeridad ambicioso por el que prometió recortar 120 cargos jerárquicos del Gobierno porteño, reestructurar organismos y bajar salarios altos para ahorrarse hacia 2019 unos 1000 millones de pesos. Concretamente, le pondrán un tope para el sueldo de los directores, síndicos, personal jerárquico de los entes descentralizados de la Ciudad.

Poco antes de que Larreta hiciera estos anuncios, sus referentes en el Consejo de la Magistratura porteño se lanzaron a crear nuevos cargos, a contramano de la pretendida austeridad macrista. Por la resolución 1171/17, del 25 de octubre de este año (pocos días después de la victoria PRO en el país), la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Marcela Basterra, creó no menos de 98 secretarias, coordinaciones, departamentos, oficinas y designó hasta el momento a 44 funcionarios en cargos jerárquicos.

Mientras que Larreta anunció un plan de austeridad que promete recortar 120 cargos jerárquicos del Gobierno porteño, el Consejo de la Magistratura que maneja el PRO, lanzó un festival de designaciones macristas, a contramano con la pretendida austeridad.

Enumerar dependencias que se crean es interminable: por ejemplo, está la dirección de Materias Especiales y Apoyo Técnico Operativo, que tendrá a su vez tres departamentos: el de Materias Especiales, el de Intervención en Conflictos Complejos y Multiparte, y el Cuerpo de Facilitadores Judiciales. Otro ejemplo: la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales, que tendrá dos Unidades de Implementación (Justicia vecinal y Justicia por jurados) y tres departamentos: Asistencia administrativa, Gestión Judicial y Desarrollo de Proyectos, Acceso a la Justicia. Y por si fuera poco, también tendrá tres oficinas: Asistencia Técnica, Gestión Judicial y Estadística. La lista de cargos sigue y sigue.

Una mención especial: crearon un “Departamento de Implementación de Lenguaje Claro”, que tiene por fin “adaptar y redactar los textos del Consejo de la Magistratura en lectura fácil, sin expresiones técnicas y con estilo directo”. También se dedicará a crear “una red de lenguaje claro” con otras instituciones y dará cursos al respecto. Uno se pregunta si saben que “estilo directo” es escribir en primera persona o cómo llegan a la definición de “lenguaje claro”. Su titular, Ernesto Koch, proviene del equipo de la consejera Gisela Candarle, mayormente integrado por personas de la ultraderechista Fundación Bicentenario, que conduce el actual presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet.

Ya hay sectores del Poder Judicial que cuestionan la creación de esas estructuras, a las que ven como innecesarias y costosas. El presupuesto para el año próximo para el Consejo de la Magistratura porteño es de 4.128 millones de pesos, a lo que podrían sumarse otros fondos nacionales.

En la resolución de fines de octubre, también se crea una comisión para la transferencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación a la CABA, algo que tuvo un avance la semana pasada en la Legislatura. Se concretó la tercera transferencia de delitos de la Justicia nacional ordinaria a la porteña. Son 33 figuras penales, que incluyen el narcomenudeo para casos que no sean de jurisdicción federal. Irán pasando a los fueros porteños en forma paulatina hasta 2019.

Como señaló el periodista Gabriel Morini en Ambito Financiero, este traspaso vendrá con otra millonada que le transfiere el presidente Macri a un distrito de su mismo color político. Lo hace, nuevamente, como ocurrió con la Policía Federal, a la Ciudad más rica del país, en detrimento de otras provincias. En total, se calcula que la Ciudad recibirá un punto más de coparticipación federal, además de unos generosos 2.420 millones de pesos retroactivos en función de los dos primeros convenios que firmó la Ciudad con la Nación en 2000 y en 2004, cuando el macrismo no gobernaba el país. Hasta ahora, los gobernadores aceptaron mansamente esta transferencia de recursos.

El traspaso de delitos de la Justicia nacional ordinaria a la porteña vendrá con otra millonada que transferirá Macri, al igual que como ocurrió con la Policía de la Ciudad. La Capital Federal recibirá un punto más de coparticipación y otros $2.420 millones retroactivos.

Entre los delitos que se transfieren, están los utilizados comúnmente por la Policía de la Ciudad (ex Federal) para criminalizar a los manifestantes: “atentado y resistencia contra la autoridad”. De todas formas, la tendencia del Gobierno es a llevar las causas por protestas al fuero federal, como hizo con la manifestación al primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado y como intenta hacer con los mapuches en el sur. Otro dato importante es que ahora las causas de corrupción de funcionarios porteños serán investigadas por el Poder Judicial local, ampliamente colonizado por el macrismo.

La Legislatura también envió un mensaje a la Nación para apurar el tratamiento de las transferencias, que vienen trabadas en el Congreso. Ya están acondicionando un edificio para el traspaso de los juzgados. El otro frente de batalla son los jueces nacionales, que se resisten desde hace dos años a pasar a la Justicia porteña al igual que los sindicatos judiciales, que ven en el traspaso un empeoramiento de sus condiciones de trabajo. Entre los fueros que se busca traspasar está el laboral, duramente atacado por el presidente Macri.